¿Cuál esa situación de la sociedad civil venezolana luego del 3E? Tras el 3E, la sociedad civil venezolana enfrenta un entorno de represión creciente y restricciones al espacio cívico.
Organizaciones como SCO Don Simón Rodríguez y Defiende Venezuela entre otras vienen documentando la situación de la sociedad civil venezolana luego del 3E, que sigue marcada por la criminalización de activistas, dificultades para operar legalmente y amenazas a líderes sociales.
El principal enemigo de la sociedad civil organizada son las autoridades venezolanas, tanto del poder ejecutivo, judicial y legislativo, que han puesto en la mira a organizaciones de la sociedad civil, como ONG y personal humanitario, y a activistas de la oposición política. Por ejemplo, el poder legislativo venezolano, al haber aprobado: La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones no Gubernamentales y Afines– restringe y criminaliza el trabajo de la sociedad civil.
El gobierno venezolano debe eliminar las restricciones existentes a las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, y poner en libertad a las personas encarceladas arbitrariamente por expresar disenso, a pesar de la recién creada Ley de Amnistía y Convivencia Ciudadana.
Obviamente, toda la sociedad civil y toda la oposición democrática quieren una amnistía como condición para abrir el camino a una transición a la democracia y la paz social.
La amnistía que necesita Venezuela tiene que cumplir los siguientes criterios indispensables:
- la amnistía tiene que ser total y para todos los perseguidos penalmente por los diferentes gobiernos chavistas, desde 1989 hasta 2026;
- todos los presos políticos tienen que ser puestos inmediatamente en libertad irrestricta y sus acusaciones y condenas tienen que ser anuladas;
- la amnistía no debe abrir resquicios que permitan aplicar la amnistía a los crímenes y abusos de poder cometidos por agentes del Estado o de los colectivos chavistas contra ciudadanos;
- la amnistía tiene que permitir explícitamente incluir a los exiliados y sus causas penales tienen que ser anuladas;
- no pueden ser los tribunales bajo control chavista que definan a quién aplicar o no aplicar la amnistía.
Es muy poco probable que el chavismo esté tomando en cuenta las críticas y propuestas, a menos que se ejerza mucha presión. Tiene que ser presión interna, articulada, unificada y en voz muy alta.
No puede ser que se espere que esta presión la ejerza Washington, no con Trump. Es preocupante.
Es poco entendible que en esta coyuntura crucial y sobre el tema tan esencial como la amnistía la oposición venezolana -la partidaria como la social- no haya logrado formular y exponer mediante movilización social una posición unificada.
Estas son condiciones no negociables. En cambio, el tema de la reparación es tan complicado que es preferible que la ley de amnistía ordene explícitamente que quede delegada a la Asamblea Nacional surgida de elecciones libres. De esta manera, este tema no entramparía la discusión sobre la amnistía como tal.
Pero esto significa que, desde ya, hay que definir la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas. La Constitución limita el tiempo que puede ejercer la presidenta interina. Dura 3 meses, o sea, hasta el 4 de abril de 2026, y puede prorrogarse por 3 meses más, hasta el 4 de julio de 2026. A más tardar, el 5 de julio tienen que celebrarse las elecciones presidenciales. Hay que insistir en que, de un solo, se dé el paso a una Asamblea Nacional legítima.
En tal sentido, los Estados y entes de la comunidad internacional que han propiciado un diálogo entre diversos actores en Venezuela en miras a mejorar la situación actual en el país, deben defender a las organizaciones de la sociedad civil organizada dado su rol esencial en acompañar a la población venezolana, que se encuentra en crisis de mayor vulnerabilidad.
Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos debe condenar enérgicamente toda medida dirigida a cerrar aún más el espacio cívico en Venezuela, incluida la ley sobre ONG u OSC.
Conocida como “Ley Anti-ONG”, la iniciativa forma parte de un patrón más amplio y prolongado de represión del espacio para la sociedad civil. Las restricciones han apuntado no solamente contra activistas y organizaciones independientes sino también contra medios de comunicación, periodistas y opositores políticos.
Otra vuelta de tuerca
La ley que la Asamblea Nacional impone restricciones adicionales para la formación, acreditación y autorización del funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC). Además, esta ley, obliga a las OSC entregar listas de miembros, personal, activos y donantes.
También están obligadas a proporcionar datos detallados sobre sus actividades, fuentes de financiamiento y administración y destino de sus recursos financieros.
Se trata del tipo de información que ya ha sido utilizada para perseguir y criminalizar a OSC, activistas y otras personas percibidas como críticas del gobierno.
La ley prohibirá a las OSC desarrollar “actividades políticas”, una expresión que carece de definición clara y que fácilmente podría interpretarse como una prohibición de la labor de derechos humanos y de escrutinio del gobierno.
Esto pondría en peligro los esfuerzos de la sociedad civil para documentar la situación de derechos humanos, mediante los cuales produce insumos vitales para el sistema de derechos humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, que tiene un caso abierto contra el Estado de Venezuela: en 2020, la Fiscalía concluyó que había razones para pensar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, en particular en el contexto de detenciones, desde por lo menos abril de 2017.
La ley también restringirá el trabajo de las OSC a las áreas explícitamente indicadas en sus estatutos, y en concreto a actividades humanitarias, sociales, de asistencia, culturales y educativas. Toda ampliación o modificación de su alcance requerirá de aprobación gubernamental.
El gobierno tiene amplios poderes para supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las OSC.
En virtud de la ley, tendrá autoridad para utilizar mecanismos de vigilancia para identificar a aquellas OSC cuyas “desviaciones” comprometan la “soberanía nacional”.
La sociedad civil venezolana concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “ Terrorismo de Estado ”, y que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos.
Las OSC de Venezuela, de la región y del mundo rechazamos enfáticamente la ley de ONG, señalando que su objetivo consiste en subordinar a las OSC a los intereses del gobierno de turno, violando su autonomía e independencia. Tienen claro que, de implementarse, significará el fin de la sociedad civil tal como la conocemos.
En general, la oposición, tal como se comporta actualmente, parece incapaz de actuar conjuntamente y de convertirse en protagonista del proceso de transición. Como ha pasado en anteriores coyunturas, se requiere que intervengan con solvencia y claridad voces con alta credibilidad y sin amarres partidarios: voces de la sociedad civil, la academia, la cultura, la iglesia, las organizaciones sociales.
Entre todos ellos, urge iniciar y profundizar un diálogo permanente, del cual pueden surgir propuestas unificadoras que conviertan a la sociedad civil en la protagonista principal en la transición a la democracia.
A pesar de ello, persiste un espíritu de resistencia y compromiso con la defensa de derechos fundamentales.
En desarrollo…