Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura en Venezuela, vuelve a la palestra este martes se le vio en Cumaná, estado Sucre, en una industria procesara de pescados, junto a la presidenta Delcy Rodríguez, por lo que no se sabe porque este personaje, quien ha sido criticado por su enfoque autoritario y sus vínculos con la apropiación ilegal de fincas privadas, siga teniendo presencia en el gobierno.
Allí, Delcy aparece hoy en esa empresa pesquera, diversas fuentes periodísticas afirman la existencia de vínculos entre Delcy Rodríguez y los empresarios del sector pesquero Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub, dos hermanos de origen libanés que han construido un importante.
Delcy Rodríguez ha sido vinculada públicamente con la empresa pesquera de los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, empresarios de origen libanés. Aunque no hay pruebas concluyentes, múltiples fuentes periodísticas señalan relaciones comerciales o de influencia entre ella y el sector pesquero. Esta presencia podría reflejar un patrón de alianzas políticas y económicas en sectores estratégicos del país. Su participación en eventos empresariales genera debate sobre transparencia y acceso a recursos.
La comparación con Caperucita subraya una crítica satírica al disfraz de autoridad estatal sobre violencia encubierta. Venezuela enfrenta tensiones estructurales que perpetúan esta dinámica.
Pero, retomamos el regreso del polémico ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo Hernández, destituido por Chávez, pregúntenle al burgomaestre del municipio Unda en Portuguesa, Oswaldo Zerpa y al caficultor Manuel Morillo, como les recuerdan los productores de café en el Paraíso de Chabasquén y Biscucuy.
La Asamblea Nacional (2015-2020) inició una investigación sobre una red de corrupción judicial asociada a él, aunque fue destituido por Hugo Chávez en 2012, antes de su posterior reaparición en cargos públicos.
Dos meses después de su destitución, la desaparición de Loyo generó rumores en redes sociales y fue mencionada por el portal Aporrea, que señaló sobre su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Juan Carlos Loyo utilizó el proceso de expropiación, y las medidas de aseguramiento de la tierra para enriquecerse. Hasta el momento, los casos más emblemáticos están relacionados con la Hacienda Bolívar en el Estado Zulia y los Hatos Caroní, Guaiquerí, La Milagrosa, San Antonio y El Varguero en el estado Barinas, entre cientos de casos que esta comisión está documentando.
El otro caso es el robo, hostigamiento y la extorsión judicial a Silvia Fonio, copropietaria de la Agropecuaria Fiori Di Riso C.A en el estado Portuguesa, auspiciado por Marcos Eduardo Ordoñez Paz en su condición de juez Segundo de Primera Instancia Agraria del estado Portuguesa, y del municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo.
El juez Marcos Ordoñez Paz conjuntamente a María Carolina Villalta Caccia, Marcos José Villalta Caccia, Oscar Alí Villalta Blonval, y los abogados Sergio Cuevas Landaeta, Manuel Rojas, Dulce Arduo, a través de medidas autónomas de protección a la actividad agraria, se han apropiado de la Agropecuaria Fiori Di Riso C.A.
Sus acciones han generado preocupación sobre la gestión del sector agrícola y la seguridad de los derechos de propiedad.
Como es posible que una persona, que tiene como antecedente una de las historias más negras y lamentables del sector agropecuario venezolano, quien a lo Jalisco no te rajes, entraba a las unidades de producción, para atemorizar a los campesinos, indígenas y productores para expropiar sus tierras como sucedió en el estado Mérida.
Este personaje, en la mayoría de los casos atacaba y destruía los predios más productivos del país, y es que a este señor ahora nuevamente ministro le dicen el esbirro de Loyo.
A pesar de ello, ha resurgido en nuevos cargos, como ministro de Pesca y Acuicultura, donde persisten denuncias sobre expropiaciones forzadas, especialmente en la Isla de Margarita.
Su presencia en escenarios de conflicto con campesinos y pescadores refleja un patrón de coerción asociado a figuras del gobierno bolivariano.
Su gestión ha sido vista como una continuación de prácticas anteriores de despojo de tierras, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los pescadores y productores del campo.
Por cierto, este personaje mafioso se autoexilio durante un tiempo en EE.UU. donde se dedicaba a legitimar capitales provenientes de los despojos ilegales de grandes extensiones de fincas privadas, maquinarias, equipos, insumos agrícolas y pecuarios, que causaron cuantiosas pérdidas a los productores venezolanos.
En el Departamento del Tesoro y la secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya reposan las denuncias con sus respectivos recaudos.
Sin embargo, los abogados, funcionarios y relacionados que se han prestado para despojar de sus tierras a legítimos propietarios y violar sus Derechos Humanos, con hostigamientos y encubriendo delitos como el narcotráfico que también serán sancionados.
Ningún profesional o funcionario público debe ocultar información sobre este tipo de actividades ilícitas. De nada sirven excusas como el secreto profesional, o fórmulas que contribuyan con la impunidad.
Los delitos relacionados con la delincuencia organizada no prescriben.
En desarrollo…