La historia jurídica venezolana ofrece múltiples ejemplos de cómo el derecho puede ser utilizado no solo como instrumento de regulación social, sino también como mecanismo de control político. Entre las normas más emblemáticas en ese sentido se encuentra la Ley de Vagos y Maleantes, promulgada el 14 de agosto de 1939 durante el gobierno del presidente Eleazar López Contreras. Aunque en su origen fue presentada como una herramienta para preservar el orden público y combatir la delincuencia, su aplicación práctica evidenció un carácter profundamente problemático. La ley utilizaba criterios amplios y subjetivos para determinar quién podía ser considerado “vago” o “maleante”, lo que abrió la puerta a la criminalización de la pobreza y a la persecución de personas en situación de marginalidad social. En muchos casos bastaba la ausencia de empleo formal, la vida en la calle o simplemente la sospecha policial para ser objeto de detenciones y medidas restrictivas de la libertad. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, particularmente a partir de 1956, los mecanismos de aplicación de esta normativa se consolidaron dentro de una estructura de control policial que reforzó su carácter represivo. Sin embargo, lo más llamativo es que esta ley no desapareció con el retorno de la democracia en 1958, sino que permaneció vigente durante décadas dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Solo en 1997 fue finalmente derogada, tras años de cuestionamientos provenientes de organizaciones de derechos humanos, sectores académicos y la sociedad civil. La crítica fundamental era evidente: se trataba de una legislación incompatible con principios esenciales del Estado de derecho, como la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Su eliminación fue vista entonces como un avance significativo en la superación de prácticas jurídicas discriminatorias y persecutorias que habían marcado durante largo tiempo la cultura institucional venezolana.
A partir de ese momento muchos pensaron que aquel tipo de legislaciones, asociadas históricamente al control social y a la represión política, habían quedado definitivamente superadas. Sin embargo, la evolución normativa posterior ha generado nuevas preocupaciones. En los últimos años han surgido diversas leyes cuya redacción amplia y ambigua ha sido objeto de críticas por parte de juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre ellas destaca la Ley Orgánica Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017), cuya aplicación ha sido cuestionada debido a la amplitud de conceptos como el de “odio” o “incitación”, que pueden dar lugar a interpretaciones extensivas por parte de las autoridades y afectar el ejercicio de la libertad de expresión y del debate político.
Aunque el contexto histórico es distinto, algunos analistas advierten paralelismos inquietantes. Mientras la Ley de Vagos y Maleantes se orientaba principalmente al control de la pobreza y la marginalidad social, ciertas normativas contemporáneas parecen dirigirse hacia la regulación de la disidencia política y del discurso público. En ambos casos, la amplitud conceptual de las normas y el margen de interpretación que se otorga a las autoridades generan riesgos para el ejercicio efectivo de las libertades civiles. De allí que la discusión jurídica actual no se limite únicamente a la existencia de determinadas leyes, sino al tipo de racionalidad política que puede subyacer detrás de su formulación y aplicación.
En este escenario se inserta la recientemente promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero de 2026. En principio, una amnistía debería constituir un instrumento orientado a facilitar procesos de reconciliación política y restauración institucional en contextos de conflicto o polarización. No obstante, su alcance y sentido jurídico han sido objeto de debate. Particularmente significativas han sido las reflexiones del jurista Allan R. Brewer-Carías, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, quien en su análisis titulado Ley de amnistía para la convivencia democrática. Guía de lectura (2026) examina críticamente el contenido y las implicaciones jurídicas de esta normativa.
En dicho trabajo, Brewer-Carías responde directamente a unas declaraciones de la presidente interina de la República, Delcy Rodríguez, quien al referirse a los eventuales beneficiarios de la amnistía —entre ellos numerosos presos políticos— afirmó públicamente que “hay que saber pedir perdón y también saber recibir perdón”. Frente a esa afirmación, el jurista recuerda una distinción fundamental desde el punto de vista del derecho penal: la amnistía no constituye un acto de perdón ni una gracia política condicionada al arrepentimiento del beneficiario. En términos jurídicos, la amnistía implica la eliminación del carácter punible de determinados hechos, lo que extingue la responsabilidad penal y borra sus consecuencias jurídicas. En palabras del propio Brewer-Carías, “la amnistía no es un perdón, porque al despenalizar los hechos borra sus consecuencias y toda culpa que hubiera podido haberse cometido”. Desde esta perspectiva, la verdadera lógica de una amnistía no consiste en exigir actos de contrición por parte de quienes resultan beneficiados, sino en reconocer que determinados procesos penales nunca debieron haberse producido en primer lugar.
Esta precisión resulta particularmente relevante en el debate actual. Una amnistía auténtica solo puede cumplir su función política y jurídica si se inserta dentro de un marco institucional coherente con la protección de los derechos fundamentales. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un gesto político aislado dentro de un sistema normativo que mantiene vigentes instrumentos legales potencialmente restrictivos de las libertades públicas. En este sentido, diversos sectores sostienen que cualquier proceso real de reconciliación democrática exige también una revisión crítica del conjunto del ordenamiento jurídico vigente.
Normas como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, la denominada Ley Simón Bolívar o la Ley de Seguridad de la Nación forman parte de un entramado normativo que ha sido objeto de debate respecto a su impacto potencial sobre el ejercicio de los derechos civiles y políticos. La discusión jurídica de fondo, por tanto, no se limita a la promulgación de una ley de amnistía, sino que remite a la coherencia general del sistema legal dentro del cual dicha amnistía pretende operar.
La experiencia histórica venezolana demuestra que el derecho puede convertirse tanto en instrumento de justicia como en mecanismo de dominación. La verdadera eficacia de una ley de amnistía no dependerá únicamente de su promulgación formal, sino de su capacidad para insertarse dentro de un sistema jurídico que garantice de manera efectiva el ejercicio de los derechos y libertades democráticas. De lo contrario, la promesa de reconciliación corre el riesgo de diluirse en medio de contradicciones normativas que terminan debilitando su propio sentido político.
Porque, como advertía Blaise Pascal, “la justicia sin fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiranía”. Y como recordaba Cesare Beccaria, cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. La historia jurídica venezolana sigue recordándonos cuán frágil puede ser ese equilibrio.
4 de marzo de 2026