El camino que diferenciaría una salida política negociada de un colapso total con consecuencias judiciales impredecibles para la cúpula oficialista
Para que esa «voluntad de reconciliación» fuera real y no una táctica de supervivencia, el chavismo tendría que ejecutar acciones que hoy parecen contrarias a su naturaleza actual, pero que son las únicas que podrían ofrecerles ciertas garantías en un Estado de derecho:
El reconocimiento de las víctimas como paso previo. La reconciliación no es un decreto, sino un proceso que nace del reconocimiento del daño. Si el chavismo, en lugar de criminalizar la protesta o la disidencia, comenzara a colaborar con la identificación de responsables y la reparación económica y moral de las víctimas, podría aspirar a beneficios procesales dentro de un marco de Justicia Transicional (penas alternativas o reducidas a cambio de verdad).
Dejar de usar el sistema judicial como arma Exigir que la oposición «se ponga a derecho» mientras el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo es una contradicción. Una verdadera señal de voluntad sería:
- Desmantelar las inhabilitaciones políticas sin condiciones.
- Liberar a todos los presos políticos de manera inmediata.
- Permitir que el aparato de justicia recupere su autonomía antes de la transición, aceptando que jueces independientes podrían incluso investigarlos a ellos mismos.
La internacionalización del proceso
Invitar a líderes de oposición en el exilio y sociedades civiles internacionales a supervisar la transición blindaría el proceso. Esto evitaría que la transición sea vista como una «venganza» y la convertiría en un acuerdo nacional e internacional. Si el chavismo se sienta a la mesa con la comunidad internacional para diseñar su propia salida, tiene más posibilidades de negociar condiciones de seguridad personal que si espera a ser juzgado por un sistema que ellos mismos destruyeron.
El riesgo de la soberbia política
Seguir en una campaña de confrontación y persecución solo logra que, una vez que pierdan el control institucional, no tengan ningún «colchón» social ni jurídico que los proteja. En un sistema de poderes separados bajo el liderazgo de figuras como María Corina Machado, el perdón no dependerá de la voluntad de un presidente, sino del cumplimiento de la ley.
Israel Prieto
Abogado especialista en derechos humanos
prieto76@gmail.com