El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada a la corrupción en Venezuela y a Álex Saab que habría servido para el lavado de dinero.
Un documento oficial destaca una transferencia realizada por la compañía que forma parte de esta red. Además, agentes de la Policía Nacional registraron las oficinas de Plus Ultra en Madrid y detuvieron a personal relacionado, lo que indica una investigación activa sobre su posible implicación.
Estos eventos refuerzan sospechas de que la aerolínea podría haber sido utilizada como intermediaria en operaciones financieras ilegales. El ‘caso Plus Ultra’ ya no se explica sólo con balances, aviones o rutas. Es una historia de decisiones políticas, de capital extranjero, de corredores sensibles y de una aerolínea que, contra toda lógica económica, siguió operando cuando otras con mayor peso en el mercado se quedaban en tierra.
Para entender cómo una compañía ínfima acabó convertida en uno de los rescates más polémicos de la SEPI —que la Moncloa defendió como «técnico y necesario»— hay que retroceder casi veinte años. Hasta otra aerolínea. Hasta otro colapso. Porque, antes de Plus Ultra, Julio Martínez Sola ya había visto caer una compañía desde dentro.
En diciembre de 2006, Air Madrid cesó su actividad de manera abrupta. Miles de pasajeros quedaron tirados en aeropuertos de medio mundo, los vuelos desaparecieron de los paneles de salida y la aerolínea se convirtió en sinónimo de quiebra caótica en la historia reciente de la aviación española.
A pesar de que la compañía no ha logrado resultados rentables en años, continúa operando. Su postura frente a las investigaciones sobre el rescate de la aerolínea ha generado debate sobre la transparencia y gestión en empresas aéreas españolas.
Según ese documento, la aerolínea envió en 2021 más de 519.000 dólares a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado ahora por blanqueo de capitales.
El presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se ha negado a declarar en el Senado sobre el polémico rescate de su compañía en presunta conexión con Venezuela y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha asegurado que no tuvo «duda» de que podía optar a conseguir el rescate estatal reservado a empresas estratégicas y que su obtención, «no hubo trato de favor ni injerencias indebidas». «Nadie nos ha regalado nada», ha proclamado en la comisión parlamentaria de investigación. Plus Ultra, prácticamente desconocida entonces, entró en el primer grupo de empresas que consideró el Gobierno estratégicas para recibir rescate.
FinCEN explica en un registro oficial en el boletín federal de EE.UU. facilitado a ABC que esa cuenta bancaria era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones vinculadas al desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El documento señala que ese intermediario manejaba dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana y que lo hacía para varios beneficiarios, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses han identificado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo.
El caso Plus Ultra sacude al Gobierno español por el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 a través del fondo de empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda se aprobó en plena pandemia con el argumento de preservar rutas con Iberoamérica, pero desde entonces ha estado rodeada de polémica política y judicial.
La investigación se centra ahora en un posible esquema de blanqueo de dinero procedente de Venezuela. Fiscalías en Francia y en Suiza pidieron en 2024 colaboración a España para seguir el rastro de fondos vinculados a negocios del chavismo, como el comercio de oro o programas de alimentos del régimen. El caso dio un giro en diciembre de 2025 con la detención de varios directivos de la aerolínea y de un empresario vinculado a la compañía. Los investigadores sospechan que varios préstamos concedidos a Plus Ultra antes del rescate pudieron devolverse después con el dinero público recibido del Estado.
El empresario detenido tenía relación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de una consultora que le pagó cientos de miles de euros por trabajos de asesoría. El asunto ha obligado al ex presidente del Gobierno a comparecer en el Senado y ha reactivado las críticas sobre la decisión del Gobierno de rescatar a la aerolínea. Ahora queda vinculado a pagos por bancos suizos investigados por EE.UU. en lavado de dinero.
Por su parte, el empresario colombiano Saab podría ser extraditado nuevamente a Estados Unidos. Así lo revela el diario ‘The Miami Herald’, que señala que su entrega forma parte de las negociaciones entre Washington y el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Saab fue acusado por fiscales estadounidenses de dirigir un esquema de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares vinculado a contratos con el gobierno venezolano y podría aportar información clave sobre las redes financieras del régimen de Nicolás Maduro.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala durante un vuelo entre Caracas y Teherán. La detención se produjo a petición de EE.UU., que lo buscaba por un presunto esquema de corrupción y blanqueo de dinero vinculado a contratos con el régimen venezolano. Su defensa internacional estuvo encabezada por el exjuez español Baltasar Garzón. Tras más de un año de batalla judicial, Saab fue extraditado a EE.UU. en octubre de 2021 y compareció ante un tribunal federal en Miami acusado de lavar unos 350 millones de dólares procedentes de negocios con el Gobierno venezolano. El proceso judicial, sin embargo, no llegó a celebrarse. En diciembre de 2023 el expresidente Joe Biden le concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros con el régimen de Maduro, en el marco de las negociaciones impulsadas por Washington para favorecer elecciones libres en Venezuela. Esas elecciones, celebradas en 2024, acabaron siendo un nuevo fraude del chavismo.
Martínez Sola, que se encuentra investigado por posible blanqueo de cargos chavistas venezolanos con fondos públicos, se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha leído un alegato de seis minutos en el que se ha quejado de que «es difícil encontrar un ataque tan desproporcionado, disparatado y continuado a una compañía como la nuestra». Ha afirmado que actualmente da empleo a más de 700 trabajadores y para justificar no responder ha zanjado así: «Desgraciadamente, el hecho de estar sometido a un procedimiento judicial con un sumario bajo secreto me obliga acogerme al derecho de no declarar conforme a la recomendación de mis abogados. Espero que sus señorías lo entenderán».
ABC ya adelantó que Saab vuelve a ser requerido por Estados Unidos y que su extradición podría producirse de forma inminente, junto con la de otros nueve jerarcas del chavismo. Ahora, en ese mismo documento del Tesoro -una propuesta formal para aplicar sanciones contra un banco extranjero- se vuelve a mencionar a Saab al describir la red financiera para la que trabajaba ese intermediario cuyo salario se pagaba desde la cuenta que recibió la transferencia procedente de Plus Ultra.
La referencia sitúa así ese movimiento de dinero dentro de una estructura utilizada para canalizar fondos vinculados a la corrupción de PDVSA. El documento forma parte de un procedimiento con el que FinCEN propone declarar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG como institución de «preocupación primaria por blanqueo de capitales», una categoría reservada a entidades financieras consideradas de alto riesgo para el lavado de dinero.
Para justificar esa medida, el Tesoro describe varias redes internacionales que, según su análisis, utilizaron ese banco para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas. Entre ellas aparece la trama vinculada a la petrolera estatal venezolana, donde durante años se desviaron miles de millones de dólares mediante sobornos, empresas pantalla y transferencias a través del sistema bancario internacional.
Dentro de esa descripción aparece la transferencia de Plus Ultra. Según FinCEN, la cuenta que recibió esos más de 519.000 dólares también pagaba salarios a un intermediario identificado posteriormente como facilitador de una red que movía dinero procedente de la corrupción en PDVSA.
El documento añade que ese intermediario manejaba fondos derivados de esa corrupción petrolera en nombre de varias personas, entre ellas Alex Saab. FinCEN lo describe como un colaborador cercano de los operadores de esas redes financieras y recuerda que fue sancionado por Estados Unidos por su papel en operaciones de lavado de dinero vinculadas al régimen venezolano.
La nota no constituye una acusación judicial ni una imputación penal contra Plus Ultra. Su objetivo principal es justificar por qué el Departamento del Tesoro propone restringir el acceso del banco suizo MBaer al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, el documento se basa en información procedente de investigaciones financieras, informes de inteligencia y análisis de operaciones sospechosas recopiladas por las autoridades estadounidenses.
Aunque el texto no formula cargos penales contra la aerolínea ni contra Saab, sí sitúa esa transferencia dentro de un entramado que las autoridades estadounidenses consideran asociado al lavado de fondos procedentes de la corrupción en PDVSA. El hecho de que aparezca en un documento oficial del Tesoro indica que ese movimiento forma parte de la información financiera que Estados Unidos maneja en sus investigaciones sobre redes internacionales de corrupción vinculadas al chavismo.
El informe también cita investigaciones periodísticas. En varias notas al pie, el Departamento del Tesoro remite a artículos del medio español ‘Vozpópuli’ sobre la estructura financiera de Plus Ultra y sus vínculos con acreedores investigados en Suiza. Estas referencias aparecen como fuentes abiertas utilizadas por FinCEN junto a otros datos financieros y análisis de inteligencia para contextualizar las operaciones que describe el documento.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha sido escueta al ser preguntada en la sesión de control del Congreso previamente sobre si se había reunido con Rodríguez Zapatero en 2020 para hablar del rescate en Plus Ultra. Su respuesta al diputado del PP, Elías Bendodo, ha sido un conciso «no», poco habitual en la tradicionalmente expansiva ministra de Hacienda.