Las empresas internacionales se están apresurando a explotar la franja de oro de Venezuela, pero no hay un plan claro sobre cómo afrontarán a los grupos armados que controlan las concesiones. Los expertos advierten que esto podría obligar a las empresas a ingresar en una cadena de suministro turbia descrita como “lavado de oro sangriento”.
El gobierno de EE.UU. ha facilitado el reingreso de empresas extranjeras al sector minero venezolano mediante licencias generales que eximen de sanciones, especialmente en oro y minería.
Con las sanciones de Estados Unidos levantadas tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, las compañías mineras internacionales compiten por aprovechar las vastas reservas de oro enterradas bajo las exuberantes selvas del sur del país.
Lo que aún no está claro es cómo piensan asegurarse de que las importaciones de oro “cumplan con las normas de la ley estadounidense”, incluidos los estrictos requisitos sobre la debida diligencia y la cadena de custodia. Tampoco está claro cómo planean las autoridades lidiar con los grupos armados que actualmente controlan las minas.
Desde su nacionalización hace 15 años, el sector del oro en Venezuela ha caído en la violencia y la corrupción. Los abusos ambientales y de derechos humanos prosperan, presididos por una mezcla de pandillas locales y guerrilleros colombianos.
Tras la nacionalización hace 15 años, el sector aurífero de Venezuela se ha vuelto un foco de abusos ambientales y de derechos humanos bajo la vigilancia de una mezcla de pandillas locales y guerrilleros colombianos que controlan el comercio. Muchos corredores internacionales no tocan el oro de Venezuela, gran parte del cual ahora es contrabandeado fuera del país y rebautizado con un origen diferente.
Pero después de capturar al expresidente venezolano Nicolas Maduro a principios de este año, Estados Unidos ha levantado las sanciones para permitir la importación de oro, y el gobierno venezolano actual está ansioso por capitalizar la oportunidad. Un nuevo proyecto de ley minera, que promete frenar la minería ilegal y limpiar el sector, ha pasado su votación inicial en la legislatura de Venezuela.
Washington ha dicho que cualquier importación de oro deberá “cumplir con los estándares de la ley estadounidense”, y que se requerirá que las empresas proporcionen “planes de diligencia debida de la cadena de suministro para determinar la cadena de custodia del oro”.
El oro manchado de Venezuela está prohibido para muchos corredores internacionales, lo que ha resultado en contrabando y esfuerzos por ocultar su origen.
Los expertos advierten que esto será difícil mientras las milicias sigan controlando las minas. Actualmente, la cadena de suministro es un “agujero negro” de “lavado de oro sangriento” donde se mezclan fuentes de oro legales e ilegales, dijo Cristina Burelli, analista de la organización no gubernamental venezolana SOS Orinoco. “Primero tiene que suceder un trabajo muy complejo y difícil de desmantelar la estructura criminal que existe allí,” dijo. Bram Ebus, investigador de la organización sin fines de lucro estadounidense International Crisis Group, afirmó que no hay manera de ingresar al sector sin “enfrentarse a actores armados dispuestos a usar a las poblaciones locales como escudos humanos o extorsionar a corporaciones extranjeras.” Para cualquier empresa extranjera involucrada, esto significa que “financiar organizaciones terroristas se convierte en un riesgo plausible.”
El proceso, no obstante, se está moviendo a lo que un funcionario estadounidense ha denominado “velocidad Trump”, con el comerciante global de materias primas Trafigura habiendo ya firmado un acuerdo multimillonario con la empresa minera estatal de oro de Venezuela, CVG Minerven, a principios del mes. El acuerdo se firmó cuatro días antes de que Washington emitiera la Licencia General 51, que oficialmente desbloqueó el comercio de oro. “Este acuerdo cumple con una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.”, dijo Trafigura en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de OCCRP. Cuando se les preguntó cómo la empresa se aseguraría de que el oro que comercian no estuviera manchado por conflictos o violaciones de derechos, respondieron: “Estamos trabajando con nuestra contraparte conjuntamente para implementar un programa de abastecimiento responsable.”
Esta apertura, respaldada por reformas legislativas en el Parlamento venezolano, busca atraer inversión sin comprometer la soberanía.
Sin embargo, el ‘Oro Sangriento’ plantea riesgos humanitarios y ambientales, ya que la explotación ilegal frecuentemente está ligada a violaciones de derechos humanos y destrucción ecológica.
Una persona familiarizada con el asunto, que prefirió mantener su nombre en reserva ya que no estaba autorizada para hablar con los medios, dijo a OCCRP que Trafigura no habría firmado sin haber recibido previamente las licencias requeridas de OFAC.
Añadieron que Trafigura necesita “garantías” de que cualquier importación de oro estará libre de violaciones de derechos humanos y laborales, porque la aduana de EE. UU. será “muy estricta” con lo que permiten pasar.
Mientras tanto, una persona cercana a otra importante empresa minera, Gold Reserve, dijo a OCCRP que la firma está comenzando negociaciones con el gobierno venezolano para recuperar las operaciones que perdió debido a la nacionalización.
El individuo, que no estaba autorizado para hablar con periodistas, dijo que el principal desafío para regresar será obtener la aprobación de los líderes de los grupos armados locales: “Este es un proyecto de interés nacional [y] sin ellos, va a ser difícil.”
Gold Reserve no respondió a las solicitudes de comentario, aunque su CEO Paul Rivett dijo previamente a Bloomberg que la compañía planea hacer esfuerzos rápidamente para recuperar concesiones de oro y cobre que fueron incautadas por el estado venezolano.
La London Bullion Market Association, una agencia de certificación de oro, dijo que está «monitoreando de cerca las actualizaciones en relación con las sanciones sobre el oro venezolano» y no comentó directamente sobre los problemas éticos relacionados con la cadena de suministro.
Un portavoz del gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentario antes de la publicación. La oficina del Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, no respondió a una solicitud de comentario antes de la publicación.
Minerales críticos
Hablando desde Caracas el 4 de marzo, Burgum aplaudió el levantamiento de las sanciones sobre el oro de Venezuela como una necesidad estratégica para romper el monopolio global de China sobre minerales críticos.
Pero nadie ha explicado cómo el gobierno venezolano planea recuperar el control del Arco Minero del Orinoco, una zona que fue creada por Maduro en 2016 para la extracción de oro, coltán y diamantes, y que representa el 12 por ciento del territorio del país.
El ex presidente Nicolás Maduro hablando en una conferencia de prensa con periodistas internacionales en Caracas el 17 de mayo de 2016.
Las nuevas oportunidades deben equilibrarse con regulaciones robustas para evitar el saqueo de recursos y garantizar beneficios para las comunidades locales.
El proyecto de ley venezolano rebautiza la zona minera como una oportunidad de inversión y propone una nueva fuerza de seguridad minera para desmantelar operaciones ilegales y combatir la extracción ilícita de minerales.
Pero evita cualquier mención de las bandas armadas o guerrilleros que controlan el territorio.
En la última década, bandas locales, sindicatos delictivos, unidades militares y guerrilleros colombianos maniobraron por el control de las minas, según múltiples informes, incluido uno del Grupo Internacional de Crisis.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha documentado graves violaciones de derechos humanos en la región, incluida la explotación sexual y la trata de personas.
Un exminero que trabajó en el cinturón aurífero de Venezuela, y que solicitó anonimato por razones de seguridad, describió un sistema de complicidad estatal en feudos corruptos y sin ley con los que cualquier empresa extranjera tendrá que negociar para acceder a las minas.
Dijo que los mineros de oro pagan un impuesto del 10 por ciento sobre las ganancias diarias de cada mina al jefe de las bandas criminales locales conocidas como ‘sindicatos’. El jefe luego paga al gobierno “su parte y el gobierno se mantiene al margen”, dijo el exminero.
Los sindicatos organizan trabajos municipales ligeros y previenen la violencia, explicó el minero. Añadió que los oficiales del ejército y del gobierno reciben una parte de las ventas de oro, pero no patrullan las minas.
“Si esos sistemas —esos sindicatos— no existieran, habría robos, secuestros, caos, enfrentamientos”, dijo.
Repasando Terreno Antiguo
El proyecto de ley de minería que se está acelerando en Caracas permite el arbitraje internacional para resolver disputas, un gran incentivo para que empresas como Gold Reserve regresen.
Gold Reserve, inicialmente una empresa canadiense que ahora tiene su sede en Bermudas, comenzó a minar en Venezuela en la década de 1980, pero fue expulsada en 2011 cuando el expresidente Hugo Chávez nacionalizó las minas y declaró todo el oro como propiedad estatal. La empresa luego demandó al Estado por más de 1.000 millones de dólares por inversiones perdidas.
La principal área de explotación de Gold Reserve en Venezuela incluía los depósitos Brisas y Las Cristinas, que contienen un estimado de 52 millones de onzas de oro. Combinados, los depósitos conforman el proyecto de minería de oro más grande de Sudamérica y el cuarto más grande a nivel mundial, según documentos de la empresa.
En 2016, la empresa alcanzó un acuerdo parcial con el gobierno de Maduro para reanudar operaciones, pero la empresa conjunta nunca se materializó y Gold Reserve se separó de Venezuela una vez más.
Pero los movimientos de Washington para permitir importaciones de oro, junto con la legislación esperada de Venezuela, están abriendo nuevamente la puerta para Gold Reserve y otras empresas.
Según la persona cercana a Gold Reserve que habló con OCCRP, las negociaciones para reiniciar operaciones “apenas están comenzando.”