.Cuñada del Fiscal de la CPI, integra equipo legal que defiende a Maduro ante Tribunal de La Haya
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es una institución independiente y no está sujeta a la voluntad de ningún gobierno o individuo. Por lo tanto, la remoción del fiscal Karim Khan de su cargo no es un proceso que pueda ser realizado por personas ajenas a la CPI.
Estados Unidos podría levantar la acusación contra Maduro y olvidarse de los millones de dólares que los fiscales dicen que robó a través de la corrupción. Pero sigue siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Organizaciones venezolanas y destacados defensores de los derechos humanos latinoamericanos exigen que se actúe en lo que algunos consideran la última opción. Instan a la CPI a que acelere su investigación y dicte órdenes de detención.
El fiscal de la CPI Karim Khan ha estado investigando las denuncias de que las fuerzas de seguridad de Maduro detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron a sus opositores políticos -crímenes que los activistas dicen que están ocurriendo de nuevo en la represión-.
“La CPI es la única institución que puede hacer que Maduro rinda cuentas”, dijo Génesis Dávila, presidenta del grupo de derechos humanos Defendamos Venezuela.
Una orden de arresto podría tener un impacto “feroz” sobre Maduro, dijo Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la CPI, y fiscal adjunto en el exitoso juicio de 1985 contra los brutales líderes de la junta militar de Argentina. “Su propia gente podría arrestarlo”.
El tribunal se enfrenta a crecientes críticas por lo que algunos consideran una relación inapropiadamente estrecha con el gobierno. Incluso mientras Khan investiga a Maduro, ha establecido una oficina en Caracas para ayudar al gobierno a mejorar sus propias capacidades de investigación.
Algunos críticos ven lo que consideran un conflicto de intereses más preocupante. La cuñada de Khan, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, se ha unido al equipo que defiende al gobierno venezolano ante la CPI.
Cuando Alagendra compareció ante el tribunal en nombre del equipo en noviembre, dijo, nadie se opuso a su papel. El equipo presentó un recurso legal contra la investigación, dijo; Khan “se opuso muy enérgicamente” y “desafortunadamente, perdimos”.
“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en los procedimientos en los que la Oficina defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público”, dijo la oficina de Khan en un comunicado. “Entendemos que ninguna de las partes del procedimiento planteó objeciones en su momento”.
Un código de conducta para la oficina del fiscal dirige a los miembros a abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.
La oficina de Khan dijo que está “siguiendo de cerca” los acontecimientos en Venezuela y que está analizando “de forma independiente e imparcial” los presuntos delitos, según The Washington Post.
El Fiscal de la CPI, en noviembre de 2022 pidió autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia internacional para iniciar formalmente la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con el argumento de que la justicia nacional no está en la capacidad de procesar estos hechos; pero sus actuaciones mas bien han sido dilatorias, silenciosas e inoportunas…
La sociedad civil rechaza misterio en torno a las visitas frecuentes del Fiscal de la CPI
Algunas organizaciones se quejan de la falta de información sobre las visitas. Provea se quejó el silencio en torno a la presencia de Khan en Venezuela y subrayó que las víctimas “esperan ser escuchadas ante la ausencia de justicia, retardo procesal estructural y falta de acceso a la información”.
La organización pidió “respeto al Memorándum de Entendimiento entre la CPI y el Estado venezolano, la eventual Oficina del Fiscal (en Caracas) necesita garantías y respeto a tratados internacionales”.
“Se necesitan investigaciones genuinas, no simulaciones de justicia”, se lee en el comunicado.
También Provea se solidarizó ante los ataques del gobierno de Maduro al Fiscal de la CPI en abril de este año cuando se señaló que Khan buscaba “instrumentalizar” la Justicia con “fines políticos”, en respuesta a la solicitud del funcionario internacional para reanudar el Caso Venezuela I.
“Los Jueces, Fiscal y miembros de la CPI no deben ser víctimas de ataques y estigmatización por parte de las autoridades venezolanas y actores de poder”, señala la publicación.
Hay que recordar que recientemente 2.684 víctimas individuales y 104 familias respaldaron ante la Sala de Apelaciones de la CPI que se confirme la autorización al Fiscal Karim Khan para continuar investigando la situación de Venezuela, pues consideran que está “es su única y última esperanza de justicia”.
También pidieron que las averiguaciones se amplíen para que abarquen posibles crímenes cometidos desde julio de 2002.
En desarrollo…