El cáncer de la corrupción, una enfermedad que carcome las bases de cualquier nación, ha avanzado de manera inexorable en Venezuela, primero bajo el mando de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro.
La corrupción sistémica en el estado de Lara y el municipio Iribarren reflejan una responsabilidad directa del régimen venezolano, que ha erosionado instituciones y desviado recursos públicos.
Según informes de la ONU, esta práctica ha afectado gravemente los derechos humanos y la gobernanza.
Desde 1999, más de 400 denuncias de gran corrupción han comprometido miles de millones de dólares, generando una crisis humanitaria y social profunda.
La impunidad y la concentración de poder han permitido que la corrupción se convierta en un mecanismo estructural, erosionando la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
Esta situación trasciende lo local, señalando una crisis profunda del modelo político venezolano.
Una gran responsabilidad exprofesamente del régimen socialista del siglo XXI y sin dejar de mencionar a aquellos seudos opositores como es el caso de Henri Falcón, que han tenido la oportunidad de manejar recursos públicos a nivel regional y municipal; resultante de procesos electorales constitucionales, pero no han puesto interés en implementar mecanismos de control, que empoderen al ciudadano y que permita obligar a quienes administran los recursos y bienes públicos, a ser transparentes en tiempo real.
Esta sería una estrategia clara y precisa para combatir la corrupción, que, en Venezuela, ha llegado a niveles de metástasis y en Lara e Iribarren; este flagelo brota a borbollones en todos los estamentos de la administración pública.
Por cierto, son realidades que han sido dadas a conocer en los informes emanados por la propia contraloría larense, que lamentablemente por vivir tiempos de impunidad estas irregularidades pasan por debajo de la mesa.
De ahí que ciframos todas las esperanzas. que una vez se convoquen a procesos electorales, que gocen de legitimidad de origen y se rescate la institucionalidad secuestrada por estos autócratas durante 27 años a través del FONDO AGROINDUSTRIAL VENEZOLANO, C.A., (FAVEN), (SOCIEDAD EN PROMOCION), que me honro en presidir.
Seguiremos impulsando con más fuerza la participación activa del ciudadano larense e iribarrense en labores de contraloría social ejerciendo el derecho de vigilar la ejecución de proyectos y obras locales y muy especialmente aquellos financiados por el Consejo Federal de Gobierno, para que estos recursos lo administren las comunas y consejos comunales, que según la propia contraloría son inaudibles, ya que un gran % de estos recursos públicos toman la vía del producto de la corrupción; y lamentablemente no hay cumplimiento del articulado plasmado en la Ley contra la corrupción actualizada en el año 2022, que establece principios de obligatorio cumplimento, para todos aquellos que administren recursos y bienes públicos.