Con retraso de tres años, se dio inicio en Venezuela al juicio contra el exministro de Petróleo Tarek El Aissami y más de 60 imputados por el fraude denominado PDVSA–Cripto por más de 16,960 millones de dólares en perjuicio del Tesoro, que es, hasta ahora, el único proceso judicial que involucra a autoridades informó la ONG Transparencia Venezuela.
Transparencia Venezuela denuncia la falta de transparencia en el inicio del juicio por el caso PDVSA-Cripto, destacando que se conocen pocos detalles sobre los procedimientos y condiciones del proceso.
La ONG critica la opacidad en la apertura del juicio contra exfuncionarios como Tarek El Aissami, considerado uno de los casos más graves de corrupción en Venezuela.
Esta situación genera preocupación sobre la independencia del sistema judicial y el acceso a información clave para la justicia.
La celebración de la primera audiencia el 20 de abril en horas de la noche estuvo envuelta en total opacidad, según la ONG, a pesar de que normas penales establecen la condición de que sea pública.
El hecho se dio en momentos en que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que comenzaron los preparativos de un «proceso profundo» de reforma judicial que apunta a la renovación del Tribunal Supremo.
Se conoció que luego de constituirse la audiencia, la juez pospuso las actuaciones para este miércoles 22 de abril, a las 10:00 a.m.
Fraude PDVSA-Cripto
La trama se puso al descubierto en marzo de 2023 e involucró a la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (Sunacrip) con el dinero obtenido de la venta de petróleo, y a más de 60 personas, entre funcionarios y empresarios del sector petrolero, en la desaparición de recursos del Estado a cargo de Nicolás Maduro.
El hecho se consideró el mayor caso de corrupción hasta el momento.
“Cálculos propios, ante el silencio oficial, estiman que el daño ocasionado a las Arcas de la República supera los 16,960 millones de dólares, de los cuales 3,600 millones de dólares fueron considerados potencialmente incobrables y los otros 13,360 millones de dólares se mantenían en cuentas por cobrar para ese momento”, señaló la ONG en X.
Juicio opaco y con retraso
«De los detalles se sabe poco», afirma Transparencia Internacional que cuestionó las condiciones de opacidad y retraso en que la juez 3° de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Alejandra Romero Castillo, inició el juicio contra El Aissami y otros acusados.
El Aissami, quien ocupó distintos cargos durante el régimen de Maduro, estuvo al frente de las operaciones en momentos en que crecía la rivalidad con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro que ocupó posteriormente el despacho de Petróleo y es ahora la gobernante encargada del país
«Aún no se sabe claramente en qué centro de reclusión han estado los detenidos, si son 60 o 54 los acusados, ni siquiera hay un monto claro de cuánto perdió el patrimonio público venezolano con esta trama», señaló la organización, que indica que el daño real al patrimonio público estaría muy por encima de los 5.550 millones que figura en la acusación oficial.
«¿Por qué en un tribunal de control y no de juicio? ¿Es la primera presentación de los acusados ante un juzgado? ¿El Ministerio Público de Larry Devoe si va a impulsar las sanciones contra los responsables?», se preguntó la ONG entre otras interrogantes.
El fiscal 50 nacional, Eddy Rodríguez Bencomo, durante la audiencia describió la trama como una «red de corrupción conformada por funcionarios públicos que ejecutaron operaciones petroleras paralelas a través de la asignación de cargas de crudo de PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control», según el reporte
Las divisas obtenidas se habrían desviado a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
Hacia una reforma judicial
Este martes, el diputado Jorge Rodríguez informó que la Asamblea Nacional aprobó la comisión especial que designará luego el Comité de Postulaciones Judiciales que se encargará de recibir las solicitudes para escoger a los nuevos magistrados.
El proceso de reforma judicial está a cargo de la Comisión para la Convivencia y la Paz y la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, ambas instancias encargadas del proceso de excarcelaciones de presos políticos, designadas por Delcy Rodríguez.
La falta de claridad puede afectar la legitimidad del proceso y el derecho a un juicio justo.
La oenegé recordó que, desde el inicio de las investigaciones, ha solicitado información a las autoridades sobre cómo operó la red de corrupción, quiénes aprobaron las operaciones y cuál es la situación de los bienes recuperados, sin recibir respuesta…
En desarrollo…