Las cuatro vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sumadas a jubilaciones recientes, generan un marco institucional que justifica su reconfiguración por segunda vez en cuatro años.
Este cambio responde a la necesidad de renovar una institución clave para la estabilidad del sistema judicial. Organizaciones como Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela destacan que estos cambios se enmarcan en un proceso más amplio de ‘refrescamiento’ institucional tras reformas en el Ministerio Público y la Defensoría.
Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúa, ha habido cambios de rostros en el Ministerio Público y la Defensoría, ahora le toca el turno al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según un reciente informe detallado de Transparencia Venezuela, la Asamblea Nacional dio el primer paso para adelantar los “cambios” en el TSJ y designó al Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales, instancia que luego debería, de acuerdo al mandato constitucional, escoger a los miembros de la sociedad civil, cuyas postulaciones se recibirán hasta el 1 de mayo, que participarán en el proceso de evaluar las candidaturas de los aspirantes a magistrados y presentar una lista a los diputados para su elección.
La transparencia y la rendición de cuentas son centrales en esta reconstrucción, aunque su éxito dependerá de la participación ciudadana y el cumplimiento de criterios técnicos y legales.
En este sentido, en la sala que se encarga de interpretar la Constitución hay dos vacantes absolutas desde hace más de un año. Se trata de las sillas que ocupaban los magistrados Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega. También una vacante en la Sala Político Administrativa, con Bárbara César Siero; y una vacante en la Sala Social, con Carlos Alexis Castillo. las vacantes en el TSJ que el Parlamento debe cubrir ascenderían ya a 12, es decir, más de la mitad del organismo judicial.