Tras el motín en la cárcel Yare III, que dejó cinco muertos, el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, anunció un plan conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar derechos humanos.
Esta colaboración busca fortalecer la supervisión, proporcionar asistencia humanitaria y prevenir futuros conflictos en centros carcelarios.
La intervención del CICR aporta neutralidad y experiencia internacional, clave en contextos de crisis penitenciaria.
Este paso podría marcar un cambio hacia una gestión más transparente y respetuosa de los derechos en el sistema penal venezolano.
Tras el motín ocurrido en la cárcel Yare III, donde cinco personas murieron bajo custodia del Estado, el fiscal general de la República, Larry Devoe, afirmó que construirá un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para «reforzar» su labor, incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas.
Indicó además que invitó al CICR a «participar y dar sus aportes» a la Consulta nacional para reformar la justicia penal venezolana, anunciada recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.