El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) se sitúa en el centro de la crisis política que sacude al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio; cuando la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en la sede de la corte en Caracas que, tras realizar “el peritaje” del proceso electoral solicitado por Nicolás Maduro, había decidido “convalidar” su triunfo.
Esta decisión reavivó las denuncias de falta de independencia del tribunal, al plegarse a los designios de Maduro para “perpetrar un golpe de Estado”, y provocó otra ola de críticas de organismos internacionales y de otros gobiernos.
Numerosos juristas y expertos que han analizado las decisiones del TSJ a lo largo de los últimos años señalan que hay un patrón en sus sentencias que, invariablemente, una y otra vez, favorece al oficialismo.
La jefa de la misión de observación electoral que el Centro Carter envió a Venezuela, Jennie K. Lincoln, cuestionó que el TSJ fuera a inmiscuirse en el proceso electoral.
La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad“ del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.
En serio, ¿qué les parece que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que formalizó la incorporación de Magistradas y Magistrados suplentes, para cubrir las vacantes generadas por los procesos de jubilación recientemente aprobados.
Tal es el caso de la incorporación de magistrados suplentes por el TSJ, liderado por Caryslia Rodríguez, que responde a procesos de jubilación aprobados recientemente. Sin embargo, la figura de Rodríguez ha generado controversia por su vinculación con el chavismo y su trayectoria política previa como alcalde del PSUV.
Su designación como presidenta del TSJ, ha sido criticada por sectores opositores, quienes cuestionan la independencia del Poder Judicial en Venezuela.
A ello se suman otros casos en que las decisiones de los magistrados han sido públicamente repudiadas por favorecer a criminales, corruptos o cuestionadas por los conflictos de interés que acarrean. Aquí un listado de los magistrados cuestionados.
El acto de la Sala Plena refuerza el control político sobre la judicatura, lo que afecta la percepción de imparcialidad del sistema judicial.
Esta medida asegura la continuidad administrativa y judicial mientras culmina el proceso de selección a cargo del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.
Durante el encuentro, se procedió a la designación de la nueva Junta Directiva del máximo tribunal, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Presidenta del TSJ: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; Primer Vicepresidente: Magistrado Elias Rubén Bittar Escalona; y Segunda Vicepresidenta: Magistrada Tania D’Amelio Cardiet.
Asimismo, se anunció la nueva estructura de las diversas salas que integran el organismo. En particular, la Sala Constitucional será liderada por: Presidenta: Tania D’Amelio Cardiet y Vicepresidenta: Lourdes Suárez Anderson. Integrantes: Michel Adriana Velásquez Grillet; Janette Trinidad Córdova Castro y Anabel Hernández,
Sala Político-Administrativa: Presidente: Jaime Jesús Báez Jiménez y de Vicepresidente: Juan Pablo Torres. Integrante: Luis Emilio Rondón.
Sala Electoral; Presidenta: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez y de Vicepresidenta: Fanny Beatriz Márquez Cordero. Integrante: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.
Sala de Casación Civil: Presidente: Emilio Antonio Ramos González y Vicepresidente: José Luis Gutiérrez Parra. Integrante: Jacqueline Sosa.
Sala de Casación Penal: Presidenta: Carmen Marisela Castro Gilly y la Vicepresidenta: Grisell López Quintero.Integrante: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.
Sala de Casación Social: Presidente: Elías Rubén Bittar Escalona y Vicepresidenta: Eneida Alexandra Moreno Pérez. Integrante: Edelio González
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