“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo…” Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto
Muchas veces uno escucha opiniones que vienen a ser dictámenes de jueces implacables, como salidos de boca de esos jueces intransigentes con quienes tenemos que interactuar a diario en nuestro desempeño profesional, en lugar de opinar, pretenden juzgar sin el debido acervo probatorio, por tanto, incurren en injusticia, dando lugar, a la mayor impunidad, manifiesta en Venezuela después de la salida de Maduro. Consciente de ello, procuraré emitir opinión sobre un hecho reprochable y procuraré no verme llevado por esa tentación de emitir juicios de valor ni ser dogmático, mucho menos intransigente, que viene a ser lo mismo. Sé que muchos van a decir, eso e ser vanidoso, “es un pecado”, un yerro inconfesable para un escritor, pero lo hago públicamente, así consideren que merezca ser arrojado a la hoguera de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, Tumblr, Telegram, YouTube y Whatsapp).
Daré una opinión distinta a lo que se ha dicho oficialmente sobre la desaparición física de Víctor Hugo Quero Navas. Después del doloroso hallazgo de su cuerpo, tras 491 días de búsqueda por parte de su madre Carmen Navas, el Estado confirmó que el ciudadano falleció bajo su custodia hace casi un año; se ordenó exhumar sus restos y lo triste del caso salió positivo de vivo a difunto Víctor Quero. Falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas. Según la causa oficial: Insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar, tras presentar una hemorragia digestiva y síndrome febril. Ya sabemos hacía dónde apunta este dictamen, cual lanza en la oscuridad del llano.
Quero Navas estaba privado de libertad, detenido desde el 3 de enero de 2025, por obra y gracia de la disposición o decisión en tal sentido del Tribunal Segundo de Control en Terrorismo del Área Metropolitana, después que se le imputaron delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, siendo absolutamente inocente de esos delitos. Su madre, Carmen Navas, presintiendo lo peor, no obstante, luchó por la libertad de su hijo, hasta el punto, que el órgano jurisdiccional presionado por esa lucha incurrió en delitos contra la administración de justicia, al tomar decisiones en relación a un procesado que estando muerto se le dio un tratamiento de persona viva. Si es eso es así, no debe sorprendernos que su madre haya tocado puertas tras puertas de las oficinas del gobierno y organismos internacionales clamado por la libertad de su hijo. Incluso, hace poquito, el 31 de marzo de 2026, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas le solicitó formalmente al Estado venezolano información sobre el paradero y la integridad de su hijo. Tal vez por eso, el prenombrado tribunal se negó a recibirle a la señora Carmen Navas un recurso de habeas corpus. ¿Cómo recibirlo? Imposible, de cara al hecho de su deceso. Recibirlo habría sido agudizar irregularidades que hoy acusan a todos en ese juzgado.
Ese detallito, confirmó lo que finalmente salió a la luz, en gran medida por la tenacidad de una madre que superó la muerte de su hijo para dejar en evidencia a un régimen cuyo talante hoy día es más que obvio y con claridad meridiana. Algo que se veía venir, con decisiones internas y foráneas. Por ejemplo, el 18 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Víctor Quero y de su madre al considerar que se encontraban en una situación de gravedad y de urgencia, y que su integridad personal y salud estaban en riesgo de daño irreparable, como en efecto se confirmó en la persona del justiciable desaparecido. Pocos días después, agobiados por la presión en torno a un muerto que pronto aparecería, el 6 de mayo de 2026, o sea, la semana pasada, el prenombrado Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud para el beneficio de Víctor Quero de la Ley de Amnistía de 2026, argumentando que los delitos imputados, incluyendo traición a la patria, conspiración y terrorismo, no calificaban. No era tanto eso, actuaron con premeditación y alevosía, porque sabían de antemano de la condición mortuoria del procesado. Otra vez, ¿cómo aceptar esa actuación, sabiendo que era cuchillo para sus gargantas? Cosa irrelevante para el momento, por tener ya la soga al cuello.
Aquí va la reflexión, en derecho la sentencia post mortem se hace en el marco de una unión de hecho, mediante una resolución judicial que reconoce formalmente la existencia de una convivencia estable entre dos personas tras el fallecimiento de una de ellas. Este proceso busca proteger los derechos patrimoniales y sucesorios del conviviente sobreviviente, permitiendo el acceso a beneficios de seguridad social, herencias y la liquidación de bienes comunes, cumpliendo requisitos de estabilidad y notoriedad. El reconocimiento del concubinato post mortem se fundamenta en el artículo 77 de la Constitución y el 767 del Código Civil, estableciendo los mismos efectos que el matrimonio si se comprueba la unión estable.
En el área penal no aplica sentencia post mortem, ya que la extinción de la acción penal da finalización del proceso penal sin sentencia definitiva por causas legales, impidiendo al Estado perseguir un delito. Regulada principalmente en el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ocurre por muerte del imputado, y eso ocurrió con Víctor, el tribunal supuestamente no verificó en qué estado estaba él y tomó esa decisión estando ya fallecido. Ingenuamente, uno se pregunta, ¿cómo iban a notificarlo del dictamen a Víctor? Esto es una negligencia de parte del juez por el abandono, descuido o falta de diligencia en la tramitación del juicio de Víctor, constituyendo una falta disciplinaria que acarrea destitución, ya que incurrieron en errores inexcusables, omisión de deberes, retrasos injustificados o la inobservancia de normas procesales, lo que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado y sanciones graves en acciones penales a ese tribunal en la inacción o incompetencia en la investigación, que, de momento, está dando lugar a la impunidad.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas es una representación desgarradora de los desafíos que enfrentan las familias de víctimas de desapariciones forzadas y de la necesidad urgente de un enfoque proactivo por parte del Estado para abordar estas violaciones de derechos humanos. La búsqueda de justicia, verdad y reparación es un proceso complejo que requiere tanto la acción de las autoridades como el apoyo de la sociedad civil para asegurar que tales tragedias no se repitan. La lucha de Carmen Navas y de otros familiares por justicia es un reflejo del activismo que a menudo es necesario en casos de desapariciones forzadas. Estos esfuerzos tienen un impacto significativo en la movilización de la sociedad civil y pueden generar cambios en las políticas públicas y en la percepción sobre la necesidad de una mayor protección de los derechos humanos, con mayor razón sabiendo que en este caso sobrevino la primera sentencia penal post mortem, algo que da indignación e ira, por implicar burla a la señora Navas, que esperaba una fe de vida y lo que recibió fue la trágica noticia de su hijo muerto y sepultado…
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