Gobierno aprueba reforma eléctrica en primera discusión: ahora sí, la empresa privada es bienvenida… La nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional abre el sector eléctrico venezolano a empresas privadas, permitiéndoles generar, distribuir y vender energía.
El control estatal persiste, lo que genera dudas sobre si realmente se trata de una apertura o de una reconfiguración del monopolio bajo nuevas formas.
El instrumento legal tiene como propósito incorporar la inversión privada y de capital mixto para reconfigurar el modelo energético que ha regido en el país en los últimos 20 años.
Este martes, 2 de junio, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión una reforma para abrir el sector eléctrico a inversión privada.
Con concesiones de hasta 25 años, ampliables por 15 más, el régimen busca atraer inversión extranjera. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas podrían representar una transferencia de activos estratégicos sin garantías claras de transparencia ni beneficios para el pueblo.
La medida fue respaldada por el diputado oficialista Orlando Miranda, quien sostuvo que en los últimos años el sistema eléctrico nacional ha mostrado “limitaciones estructurales” que no satisfacen la demanda de los venezolanos.
La iniciativa deberá someterse a una segunda discusión antes de su aprobación definitiva
El impacto en la accesibilidad para la población es incierto y tiene aristas tanto positivas como preocupantes.
Lo que se busca (el argumento oficial): La reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico permitiría la entrada de inversión privada —mediante empresas mixtas y concesiones de hasta 25 años— para recuperar un sistema eléctrico colapsado por décadas de falta de mantenimiento e inversión. Según estimaciones, solo para una estabilización inmediata se requieren unos 15.000 millones de dólares, cifra que el Estado venezolano no puede cubrir. En teoría, si el capital privado logra rehabilitar plantas de generación, líneas de transmisión y redes de distribución, los apagones crónicos —que hoy afectan a toda la población— podrían reducirse significativamente, mejorando la accesibilidad real al servicio.
Los riesgos para la población:
- Aumento de tarifas: La inversión privada normalmente busca rentabilidad. Hoy el servicio eléctrico en Venezuela está fuertemente subsidiado —las tarifas residenciales son casi simbólicas—. Para que el capital privado recupere su inversión, sería inevitable un incremento tarifario, lo que golpearía el bolsillo de una población ya empobrecida.
- Cobertura desigual: Las empresas privadas tenderían a invertir en zonas de mayor densidad comercial e industrial o en sectores residenciales de altos ingresos donde puedan garantizar cobro. Las zonas rurales, los barrios populares o las comunidades más pobres —donde hay mayor morosidad e infraestructura más deteriorada— corren el riesgo de quedar rezagadas o recibir un servicio inferior.
- Marco regulatorio opaco: La reforma fue aprobada por unanimidad en primera discusión en una Asamblea Nacional sin contrapeso político real, lo que genera dudas sobre qué garantías existen para que el interés público prevalezca sobre el privado. Sin un ente regulador autónomo y transparente, el riesgo es que las concesiones beneficien a grupos cercanos al poder sin traducirse en mejoras tangibles para la mayoría.
- Control estatal persistente: El Estado mantendría el control sobre la planificación y rectoría del sistema, lo que para algunos analistas sugiere que más que una apertura real, podría tratarse de una reconfiguración del monopolio —permitiendo nichos privados selectivos sin resolver los problemas estructurales de fondo.
En resumen: La reforma abre la posibilidad técnica de que mejore el servicio si la inversión llega y se ejecuta correctamente. Pero para la mayoría de la población, el resultado dependerá críticamente de cómo se regulen las tarifas, si se establecen obligaciones de cobertura universal en los contratos de concesión, y si el Estado tiene capacidad real de supervisión —ninguno de esos detalles está claro aún, y el historial de políticas públicas en Venezuela no invita al optimismo.