Una encuesta de Poder y Estrategia revela que el 81% de la población venezolana respalda la entrada de capital privado en el sector eléctrico, reflejando una creciente demanda de soluciones para la crónica crisis energética.
El respaldo ciudadano y los cambios legislativos en Venezuela se estructuran de la siguiente manera:
- Consenso Ciudadano: Datos de encuestas recientes como Poder y Estrategia revelan un apoyo masivo del 81% a las inversiones privadas, una medida vista como la principal alternativa para poner fin a los cortes de luz y modernizar la red.
- Marco Legal (Asamblea Nacional): El Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma a la ley del sector eléctrico que rompe con más de 15 años de control monopólico estatal.
- Esquema de Operación: Se contempla la participación de empresas privadas y mixtas a través de concesiones a largo plazo para las fases de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
- Supervisión Estatal: Aunque se abre la puerta a la inversión privada, el Estado mantendrá la supervisión pública del sistema.
Este apoyo se suma a un proyecto de reforma legislativa en discusión que busca abrir el sistema eléctrico a inversiones privadas.
La participación del sector privado podría mejorar la eficiencia, reducir apagones y atraer inversión necesaria para modernizar la infraestructura. Sin embargo, también plantea retos sobre regulación, acceso equitativo y control estatal.
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.