El Ejecutivo Nacional reestructuró el sistema hídrico y la centralización de las hidrológicas regionales bajo el control de Hidrológica de Venezuela (Hidroven), y con ella, por supuesto se acaba la Hidrológica del estado Lara (Hidrolara), pero tras la eliminación, entramos en un retroceso institucional, el ingeniero Jorge González, gerente de HIDROVEN en Lara, ha sido mencionado por sectores de la sociedad civil como un «insulto a la ética» y una muestra de que se prioriza la lealtad partidista por encima de la probidad y la eficiencia.
Con esta decisión, el gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, en vez de ayudar, lo que hizo es retroceder para peor con el nombramiento de Jorge González acusado de corrupción en el pasado, generando preocupación sobre el avance del cambio en el estado. A pesar de las expectativas de reformas, este acto podría reforzar la ineficiencia y la falta de transparencia. El gobierno nacional ha promovido cambios, pero la gestión local parece contraproducente al reponer figuras cuestionadas.
Exigen cese de la impunidad y separación del cargo de funcionarios señalados por corrupción en el estado Lara
En su pronunciamiento, el ingeniero Rubén Morales consignó un oficio ante la presidencia de HIDROVEN, dirigida por el ingeniero Jhon Alonzo Rodríguez, solicitando la destitución del cargo de la gerencia de HIDROVEN – LARA, debido a que aparece señalado en el informe de gestión 2011, emanado de la Contraloría General del estado Lara.
La continua y persistente impunidad que cobija a exfuncionarios con responsabilidades administrativas, incluyen designación de Jorge González al frente de Hidrolara.
ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DETERMINADAS
Para fundamentar sus afirmaciones, Morales invocó el Informe de Gestión de la Contraloría General del Estado Lara.
En primer lugar, detalló que dicho órgano, en ejercicio de sus potestades investigativas conferidas en el Título IV, Capítulo 1, Artículos 86, 89 y 92 de su ley respectiva, dejó constancia en su Anexo N° 8 de las personas declaradas responsables administrativamente por evidentes irregularidades en su gestión. Entre los señalados figuran Jorge González, Eligio Álvarez, Beatriz Pérez, Xiomara Muñoz, María Peña, Ana Petrocela, Eliana Calderón Canelón y Berta Medina.
Es oportuno precisar que estas sanciones se derivaron de una auditoría practicada a la gestión del entonces gobernador Luis Reyes Reyes en la hidrológica estatal (Hidrolara). Entre los años 2000 – 2008.
De manera específica, el informe plasma indicios de corrupción plasmada en el articulo 58 de la Ley contra la Corrupción, tales como la adjudicación directa de obras omitiendo los procedimientos de la Ley de Licitaciones; igualmente se plasman en el informe de gestión, ya identificado, irregularidades tales como gastos ajenos al objeto de la empresa y pagos indebidos por servicios no prestados, incluyendo erogaciones al presidente saliente, Alberto Olmedo.
OMISIÓN JUDICIAL Y EL CASO DEL SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ
A pesar de que el Artículo 58 de la Ley contra la Corrupción vigente para la época tipificaba estas evasiones como delito, y de que el Artículo 44 obligaba a la Contraloría a remitir las actuaciones al Ministerio Público para la investigación penal, Morales aseveró que las sanciones fueron engavetadas debido a la protección política del exgobernador Reyes Reyes.
Lejos de enfrentar las consecuencias legales, González, en el año 2004, sustituyendo a un profesional de altos quilates de comprobada gestión y solvencia ética, quien estaba al frente del Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor.
Una vez, técnicamente de haber quebrado al Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, fue de nuevo apadrinado por su tutor comandante Luis Reyes Reyes, como presidente de la empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas (ENMOHCA), con idénticos resultados que los anteriores.
Es menester acotar, que el ingeniero González en su rol de presidente del Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, éste administró recursos estimados en 800 millones de dólares (equivalentes a más de 5.000 millones de la época), gestión que solo tuvo un avance poco significativo, ya que las gestiones puntofijistas con una inversión de 390 millones de dólares, avanzaron hasta un 90% de la obra y la corrupta gestión de González, culminó con la paralización de la misma ocasionado que hoy día, los larenses no tengamos solucionado el abastecimiento del agua potable, tanto por tubería como por cisternas, ni agua para el regadío del Valle de Quibor.
A principio del año 2016, la Comisión de Contraloría aperturó una investigación sobre la polémica compra de la geomembrana.
Como consecuencia de la misma, la Asamblea Nacional legítima lo sancionó con responsabilidad política y extendida al binomio Jorge González y Luis Reyes Reyes. Luego la irrita Constituyente electa en 2017, declaró en desacato todas las decisiones tomadas por la mayoría opositora electa en 2015.
ACCIONES INSTITUCIONALES RECIENTES EN CARACAS
Por consiguiente, y en vista de que el actual mandatario regional volvió a incorporar a González en la gestión de Hidrolara en mayo de 2025 —quien posteriormente pasó a la estructura de Hidroven debido a la reversión del proceso de centralizador impulsado en Lara por el gobernador electa Mariano Navarro.
El ingeniero Morales tomó acciones directas. El declarante informó que viajó personalmente a la ciudad de Caracas, para consignar un escrito formal ante el presidente de Hidroven, el ingeniero John Alonso Rodríguez.
El propósito de este documento es dar a conocer formalmente la conducta antiética del funcionario y exigir su inmediata separación del cargo. Morales enfatizó que es inaceptable que ciudadanos con un historial de irregularidades administrativas sigan al frente del manejo de recursos públicos.
Finalmente, Morales hizo alusión a las recientes declaraciones de altos voceros del gobierno actual, como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien han manifestado sorpresa por la «metástasis» de la corrupción en el país.
En consonancia con esto, el ingeniero emplazó públicamente al comandante Reyes Reyes a actuar, por primera vez en sus años de gestión, bajo los principios de la ética y la probidad, recordando que estas prácticas son las razones por las cuales organizaciones como Transparencia Internacional ubican a Venezuela en los puestos de mayor opacidad y corrupción en el continente.
Invitó al comandante Luis Reyes Reyes a que se lea, intérprete y ponga en práctica los estatutos del partido PSUV, del cual él fue fundador, y ponga en práctica en lo consagrado en el artículo 13, que establece el compromiso de lucha contra la corrupción, ya que de asumir una conducta diferente, será asumida como un acto contrarrevolucionario.
Sobre el caso de Jorge González, quien ha sido designado nuevamente en Hidrolara por el gobernador Luis Reyes Reyes:
- Intervención de Hidrolara en 2003: Jorge González presidía Hidrolara alrededor del año 2003 cuando la hidrológica fue intervenida por hechos irregulares y sus directivos fueron apartados.
- Denuncias de corrupción en su gestión anterior: Según el reportaje de Transparencia Venezuela titulado «El agua de los larenses está en manos de Dios» (2019), se señala que durante el período en que Jorge González presidía Hidrolara, la empresa operaba con 13.000 litros por segundo (lps) en medio de un contexto de desidia y corrupción.
- Reincorporación cuestionada (2026): La vuelta de Jorge González a la directiva de Hidrolara en marzo de 2026, ha sido calificada por sectores de la sociedad civil como un «insulto a la ética» y una muestra de que se prioriza la lealtad partidista por encima de la probidad y la eficiencia.
- Falta de procesos judiciales formales visibles: Hasta donde alcanzan los reportes públicos, no se encontraron sentencias firmes ni causas judiciales abiertas actualmente contra Jorge González, lo que sugiere que las acusaciones en su contra han sido principalmente denuncias públicas y periodísticas, sin que se haya concretado un enjuiciamiento formal por parte del sistema de justicia.
En resumen, las «pruebas» existentes son denuncias documentadas por medios de comunicación y organizaciones como Transparencia Venezuela, que señalan irregularidades administrativas y corrupción durante su gestión anterior, pero no se encontraron evidencias de que haya sido procesado penalmente por esos hechos.
Estas acusaciones se vinculan al manejo ineficiente de recursos y la falta de transparencia en la gestión del servicio de agua en el estado Lara.
A pesar de las reformas y la consolidación de Hidroven con capacidad técnica y operativa, persisten preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el impacto en el acceso a servicios públicos esenciales.
La información disponible públicamente, estas son las denuncias concretas que se han documentado sobre presuntos hechos de corrupción en Hidroven/Hidrolara en el estado Lara:
1. Reincorporación de un funcionario cuestionado
En marzo de 2026, Jorge González fue reincorporado a la directiva de Hidrolara a pesar de tener señalamientos previos por corrupción.
2. Cobros irregulares a usuarios
Desde mayo de 2025, se han reportado denuncias sobre cobros irregulares en el norte de la ciudad de Barquisimeto, donde algunos usuarios reportan pagos de hasta 350 Bs por conceptos no claramente justificados.
3. Filtraciones y desperdicio de agua
En enero de 2026, se documentó una fuerte filtración en la Caja de Agua, a las puertas mismas de Hidrolara, donde se desperdiciaban miles de litros de agua mientras comunidades vecinas padecían sequía. La comunidad señaló esto como evidencia de mala gestión e irregularidades.
4. Colapso de aguas servidas
Se han presentado denuncias ante la alcaldía del municipio Morán por el colapso de aguas servidas. Funcionarios de Hidrolara acudieron al lugar pero no tomaron acciones correctivas, limitándose a señalar la existencia de tuberías dañadas sin resolver el problema.
5. Centralización sin rendición de cuentas
En febrero de 2026, el gobierno ordenó la absorción de Hidrolara bajo Hidroven, y aunque varios directivos pusieron sus cargos a la orden, persisten dudas sobre la transparencia en la gestión y el destino de los recursos.
La fusión de Hidrolara y su absorción por parte de Hidroven ha tenido múltiples efectos en la gestión del agua en el estado Lara. A continuación, un análisis basado en la información disponible:
¿Qué ordenó el Decreto?
Mediante la Gaceta Oficial N° 43.304 del 27 de enero de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez ordenó la fusión por absorción de todas las empresas hidrológicas regionales y municipales —incluyendo a Hidrolara— bajo la figura de Hidroven como «autoridad única nacional» para la gestión del servicio de agua potable y saneamiento
Efectos concretos en la gestión del agua en Lara
1. Pérdida de autonomía regional
Hidrolara, que operaba como una empresa regional con cierto margen de decisión sobre las prioridades del estado Lara, fue eliminada como entidad independiente. Sus activos, pasivos y competencias operativas pasaron a ser controlados directamente desde Caracas por Hidroven. Esto implica que decisiones sobre asignación de recursos, prioridades de mantenimiento y respuesta a emergencias ya no se toman localmente.
2. Centralización operativa
La fusión eliminó la estructura regional, lo que en teoría busca uniformar criterios de gestión, pero en la práctica ha generado preocupación sobre la capacidad de respuesta ante problemas locales.
3. Incertidumbre laboral y directiva
Varios directivos de Hidrolara pusieron sus cargos a la orden tras conocerse el decreto, lo que generó un vacío temporal en la toma de decisiones. La reasignación del personal y la reestructuración administrativa han ralentizado procesos operativos 3.
4. Persistencia de problemas sin resolver
A pesar de la centralización, los problemas estructurales del servicio en Lara —filtraciones, colapso de aguas servidas, cobros irregulares— no han tenido una mejora sustancial. La fusión se ha percibido más como un cambio administrativo que como una solución real a las fallas del sistema .
5. Falta de rendición de cuentas clara
Al concentrarse la autoridad en Hidroven, se ha diluido la responsabilidad local. Antes, los usuarios podían dirigirse directamente a Hidrolara; ahora la cadena de rendición de cuentas es más larga y menos accesible para el ciudadano común .
Balance general
La fusión representó un cambio estructural profundo pero no ha resuelto los problemas de fondo. La centralización buscaba replicar modelos de gestión «exitosos» a escala nacional, pero en Lara —donde ya existían denuncias de corrupción y mala gestión— la percepción ciudadana es que la medida no ha mejorado la calidad del servicio ni la transparencia.
Con base en la información disponible, estos son los mecanismos de control que existen —al menos en el papel— para evitar la corrupción en Hidroven y las empresas hidrológicas en Venezuela:
Mecanismos formales existentes
1. Contraloría General de la República
Es el ente rector del control fiscal en Venezuela. Tiene la potestad de realizar auditorías, investigaciones y sancionar a funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción en cualquier ente del Estado, incluyendo empresas como Hidroven e Hidrolara. Sin embargo, no se han publicado auditorías específicas o informes de fiscalización sobre Hidroven/Hidrolara en el período reciente que sean de acceso público.
2. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE)
Este organismo tiene facultades para investigar cobros excesivos o irregulares en servicios públicos, como las tarifas del agua. Las denuncias de cobros irregulares en Lara (hasta 350 Bs) podrían ser competencia de este ente, aunque no se encontraron reportes de acciones concretas en respuesta a esas denuncias.
3. Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico (Min-Eco / antes MINEA)
Es el ministerio de adscripción de Hidroven. En teoría, ejerce como ente contralor de la gestión de la empresa, pero al ser un control interno del mismo Ejecutivo, su independencia es limitada.
4. Ley de Agua Potable y Saneamiento (Gaceta Oficial N° 39.107 de 2009)
Esta ley establece la obligación de rendición de cuentas periódica por parte de los prestadores del servicio (artículos 57-62), así como la creación de comités de usuarios para la contraloría social y participación ciudadana en la gestión del agua. En la práctica, estas disposiciones han tenido una aplicación limitada en el estado Lara.
5. Contraloría Social (Consejos Comunales y Mesas Técnicas de Agua)
Son los mecanismos de control ciudadano directo. Las Mesas Técnicas de Agua —figura creada durante la Misión Agua— están conformadas por vecinos organizados que, en teoría, deben participar en la planificación y supervisión del servicio. En Lara, estas mesas han denunciado irregularidades (filtraciones, cobros indebidos), pero sin que sus denuncias hayan derivado en sanciones o correctivos verificables.
Limitaciones reales de estos mecanismos
Los problemas identificados por la prensa y líderes comunitarios en Lara —reincorporación de funcionarios cuestionados, cobros irregulares, falta de respuesta técnica— sugieren que, aunque los mecanismos existen formalmente, en la práctica su aplicación ha sido débil o inefectiva:
- La centralización bajo Hidroven concentró el poder de decisión, pero no vino acompañada de auditorías públicas o procesos de transparencia adicionales.
- La Contraloría General y los tribunales no han emitido sentencias o informes públicos sobre corrupción en Hidroven/Hidrolara en el período reciente, a pesar de las denuncias documentadas.
- Los mecanismos de participación ciudadana (Mesas Técnicas de Agua) existen formalmente, pero sus denuncias no han derivado en acciones correctivas visibles.
En resumen: los mecanismos existen en el marco legal y regulatorio, pero su aplicación efectiva para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en Hidroven/Hidrolara ha sido, hasta ahora, limitada según la evidencia disponible.
El Ingeniero Rubén Morales es representante del Frente Anticorrupción en el estado Lara. Destaca por su labor en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente a través de disertaciones sobre acciones contra la corrupción. Su participación en eventos públicos refleja un compromiso activo con la justicia social y la mejora institucional en su región y su trabajo esta vinculado a dinámicas de oposición y círculos de participación ciudadana en contextos de la crisis institucional de Venezuela.
En desarrollo…
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