Durante décadas, la justicia laboral venezolana padeció un mal silencioso pero devastador: el monopolio partidista. Lo que debía ser una administración técnica e imparcial se convirtió en un botín de poder rotatorio, primero bajo el dominio de Acción Democrática y Copei, y después bajo el ropaje refundacional del socialismo del siglo XXI. Las Inspectorías del Trabajo pasaron de ser ámbitos de conciliación a trincheras ideológicas, donde la lealtad al partido gobernante definía el curso de una providencia, mientras el disenso sindical o la simple autonomía patronal se pagaban con hostilidad burocrática, multas discrecionales o el silencio cómplice de la mora procesal.
El resultado es un sistema que extorsiona al empresario, corrompe al inspector y abandona al trabajador a la incertidumbre de un fallo dictado no por el derecho, sino por la conveniencia política de turno. Quien produce sabe que, ante una Inspectoría, su destino está escrito: perder. Y cuando la única salida es recorrer el camino tortuoso para detener una ejecución arbitraria, la justicia social se trueca por una aduana de favores.
Frente a este colapso ético, la solución no es más litigio judicial, sino menos monopolio administrativo. La creación de Juntas de Avenimiento y Conciliación, integradas por un representante de los trabajadores, uno de la empresa y un tercero neutral elegido de común acuerdo, devuelve la resolución de conflictos a quienes realmente construyen la relación laboral. Este modelo tripartito despolitiza la decisión, elimina el incentivo de la coima y otorga cosa juzgada real: seguridad jurídica para invertir, certeza para el empleo y dignidad para el trabajador.
El año 2026 ofrece una coyuntura inédita. El propio Ministro del Trabajo admite que la LOTTT de 2012 es insostenible. Fedecámaras reclama modernización, y la OIT exige imparcialidad. Aprovechando la iniciativa popular constitucional, Venezuela puede transitar de un modelo de confrontación a uno de desarrollo. La justicia laboral imparcial no es un lujo retórico: es el requisito mínimo para que un país roto por la desconfianza, vuelva a recibir inversión, desarrolle producción y vuelva a disfrutar de paz social.
Ciudad Guayana 6 de junio del 2026.