SOLICITUD DE DECLARATORIA DE FALTA ABSOLUTA Y CONVOCATORIA A ELECCIONES PRESIDENCIALES
DESTINATARIOS
A los ciudadanos Diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Al pueblo venezolano, depositario exclusivo de la soberanía nacional.
A Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús González de Zárate, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Al Excelentísimo señor Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos de América.
Al Honorable señor Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.
A la Excelentísima señora Laura Dogu, Jefa de Misión Diplomática de los Estados Unidos de América para los asuntos de Venezuela.
A los gobiernos democráticos del hemisferio occidental.
A la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A la Unión Europea.
A la comunidad internacional comprometida con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Los ciudadanos venezolanos que suscriben el presente documento, actuando en ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 51, 62, 63, 70, 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en representación de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la institucionalidad republicana, acudimos respetuosamente ante la Asamblea Nacional para exponer y solicitar lo siguiente:
I. HECHOS
La presente petición tiene su origen en una situación de especial trascendencia para la estabilidad institucional de la República y para el ejercicio efectivo de la soberanía popular consagrada en la Constitución.
PRIMERO: Es un hecho público y notorio que existe una controversia nacional e internacional respecto al ejercicio efectivo de la Presidencia de la República y a la capacidad material de quien ostenta dicho cargo para ejercer de manera directa, continua y plena las atribuciones constitucionales inherentes a la Jefatura del Estado y del Gobierno.
SEGUNDO: Dicha situación ha generado incertidumbre institucional respecto a la continuidad efectiva del Poder Ejecutivo Nacional, afectando principios esenciales del orden constitucional como la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza pública en los órganos del Estado.
TERCERO: La prolongación indefinida de circunstancias que impidan o dificulten el ejercicio efectivo de las funciones presidenciales obliga a los órganos constitucionales competentes a evaluar los mecanismos previstos por la propia Constitución para preservar la continuidad del Estado y garantizar la expresión de la soberanía popular.
CUARTO: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contempla vacíos de poder ni situaciones permanentes de incertidumbre institucional. Por el contrario, establece mecanismos expresos para resolver cualquier circunstancia que comprometa el ejercicio regular de la Presidencia de la República.
QUINTO: La paz social, la estabilidad republicana y la legitimidad democrática exigen que toda controversia relativa al ejercicio del Poder Ejecutivo sea resuelta por medios constitucionales, institucionales, electorales y pacíficos, garantizando en todo momento el derecho del pueblo venezolano a decidir libremente su destino político mediante el sufragio.
II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio y a través de los órganos del Poder Público.
Asimismo, el artículo 7 dispone que:
«La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.»
Este principio de supremacía constitucional obliga a todos los poderes públicos, incluyendo a la Asamblea Nacional, a actuar conforme a los procedimientos y mecanismos expresamente previstos en la Constitución para resolver cualquier situación que afecte el funcionamiento regular de las instituciones republicanas. La Presidencia de la República constituye una magistratura temporal al servicio de la Nación y no un derecho personal de quien circunstancialmente ejerce el cargo. En consecuencia, toda situación que imposibilite de manera permanente, prolongada o materialmente insuperable el ejercicio efectivo de las funciones presidenciales debe ser resuelta conforme a los mecanismos previstos por la Constitución para preservar la continuidad institucional del Estado y garantizar el ejercicio de la soberanía popular.El principio de supremacía constitucional impide que razones de conveniencia política, inter
eses partidistas o circunstancias excepcionales prevalezcan sobre los mecanismos expresamente establecidos por la Constitución para la preservación del orden democrático y republicano.
III. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA FALTA ABSOLUTA
El artículo 233 de la Constitución contempla las causales de falta absoluta del Presidente de la República, incluyendo el abandono del cargo y cualquier circunstancia que produzca el cese definitivo en el ejercicio de las funciones constitucionales.
La doctrina constitucional reconoce que el abandono del cargo no se limita exclusivamente a una manifestación expresa de voluntad, sino que puede configurarse cuando existe una imposibilidad material y objetiva que impide el ejercicio real y efectivo de las competencias presidenciales.
El interés superior de la República exige evitar situaciones de incertidumbre institucional que comprometan el funcionamiento regular de los poderes públicos y el derecho de los ciudadanos a contar con autoridades legítimamente investidas y plenamente operativas.
IV. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL ESTADO
El artículo 234 constitucional regula las faltas temporales del Presidente de la República y establece límites para su duración.
Cuando una situación de ausencia se prolonga indefinidamente o impide el ejercicio efectivo del cargo más allá de los lapsos razonables previstos por la Constitución, corresponde a los órganos competentes evaluar la existencia de una falta absoluta y proceder conforme al mandato constitucional.
La continuidad administrativa y la estabilidad institucional constituyen principios fundamentales del Derecho Público venezolano que obligan a los órganos del Estado a actuar oportunamente para preservar el orden constitucional.
V. FUNDAMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL
La Carta Democrática Interamericana reconoce que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 21 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.
Por su parte, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones auténticas y periódicas.
Estos principios forman parte del marco jurídico internacional que obliga al Estado venezolano a garantizar mecanismos efectivos para la expresión de la soberanía popular y la renovación legítima de las autoridades públicas.
VI. DEBER CONSTITUCIONAL DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
La presente petición encuentra además fundamento en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas que forman parte del sistema de protección y garantía de la propia Constitución.
El artículo 333 establece expresamente:
«Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.»
Esta disposición no constituye una facultad política discrecional sino un deber constitucional de todos los ciudadanos venezolanos. En consecuencia, quienes suscribimos la presente solicitud actuamos en cumplimiento de una obligación constitucional orientada a preservar la vigencia efectiva de la Carta Magna, promover la solución institucional de las controversias políticas y contribuir al restablecimiento pleno del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Del mismo modo, el artículo 350 dispone:
«El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.»
La correcta interpretación de esta disposición constitucional debe realizarse en armonía con los principios de soberanía popular consagrados en el artículo 5 de la Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por la República en materia de democracia representativa, derechos humanos y elecciones libres.
Por tanto, el ejercicio del derecho ciudadano previsto en el artículo 350 no debe entenderse como una invitación a la ruptura del orden constitucional, sino como la reafirmación del derecho del pueblo venezolano a exigir soluciones democráticas, constitucionales, electorales y pacíficas cuando se produzcan situaciones que comprometan la legitimidad institucional, el funcionamiento regular de los poderes públicos o el ejercicio efectivo de la soberanía popular.
En el contexto histórico actual, la vía constitucionalmente idónea para resolver cualquier controversia relativa al ejercicio de la Presidencia de la República continúa siendo el cumplimiento estricto de los mecanismos previstos en la Constitución, particularmente aquellos contenidos en los artículos 233 y 234, mediante la actuación de los órganos competentes y el ejercicio directo de la soberanía popular a través del sufragio universal, libre, directo y secreto.
Por ello, la presente solicitud constituye una manifestación legítima del deber ciudadano de colaborar con el restablecimiento de la plena vigencia constitucional, promover soluciones institucionales y defender el derecho irrenunciable del pueblo venezolano a decidir democráticamente el destino de la República.
VII. PETITORIO
Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente:
PRIMERO: Que la Asamblea Nacional evalúe formalmente la situación constitucional existente respecto al ejercicio efectivo de la Presidencia de la República y determine si concurren los supuestos previstos en el artículo 233 de la Constitución para declarar la falta absoluta.
SEGUNDO: Que se adopten las medidas institucionales necesarias para preservar la continuidad constitucional del Estado venezolano y el pleno funcionamiento de sus instituciones.
TERCERO: Que, de verificarse la configuración de una falta absoluta, se proceda a activar los mecanismos constitucionales previstos para la convocatoria de elecciones presidenciales universales, directas y secretas dentro de los lapsos establecidos por la Constitución.
CUARTO: Que todo proceso electoral se desarrolle bajo condiciones de transparencia, imparcialidad, observación nacional e internacional y pleno respeto a los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos.
En Venezuela, a los 11 días del mes de junio de 2026.
POR LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y CIUDADANÍA INDEPENDIENTE.
Juan Miguel Vega G, cédula 4953658, ciudadano, agricultor, Premio Nacional de Activismo Ciudadano otorgado por La UE, UCAB. Organizador Social. Coordinador Nacional de La Sociedad Civil Organizada, SCO Don Simón Rodríguez.
Número Tel. 04145670908
Correo: vegaguerrerojuanmiguel@gmail.com
Pablo Aure, cédula 5208546,
Abogado, magister en ciencias penales y criminológicas. Doctor en Educación. Actualmente secretario de la Universidad de Carabobo. Exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UC.
Número Tel.+58 414-3400384
pabloaure@gmail.com
Blanca Rosa Mármol de León
Cedula 3251313. magistrado emérita.
Laura Bolla, 4521507. Arquitecto, Empresario Turístico.
Eduardo Rafael Bompart Cárdenas
C.I. 14.142.885, locutor. Coord. SCO. Don Simón Rodríguez, edo. Sucre.
Alcides Pérez
12027975
Profesión Licenciado en Educación
Coordinador del Movimiento Unidos por el Agua y los DDHH Edo Lara.
Premio valores democráticos, otorgado por El CEPyG-UCAB.Edo Lara.
Cornelio superlano, cédula 11716730. profesión abogado. secretario general del movimiento sociedad civil organizada Municipio Bolívar Edo Barinas.
Tania Rodriguez Level, cedula de identidad 8959876, Coordinadora Regional Plataforma Ciudadana por Venezuela Edo Bolívar.
Libardo Linarez
10366523
Editor y Director de la revista Rótulo. Edo. Yaracuy.
Henry López, cédula 8519704.
Activista en servicios de salud, coord. Foro Independencia edo. Yaracuy.
Eva Vega Guerra, V-8.017.250. Ingeniero Electricista. Oficio ejercicio libre.
María Anatolia Sánchez, cédula 5023128. Abogada.
Raúl José Acosta Prado.
C.I: v-9.382194.
Profesión: Ing. Agrónomo, Agroecólogo, especialista en Cultivos Tropicales y Agricultura Regenerativa, Productor Agrícola, Técnico de Campo, Fabricante de Productos Agrobiológicos, Locutor y Productor de Radio.
Yris Rodriguez ci 11567519 Lcda.en Educ.Matematicas. cargo Docente Nacional
Jarrinson Scott Morales 12553335 empleado de nómina de educación
Carlos García. 8.142.138. Lic. En educación. Mención geográfica e historia.
José R. Rodríguez, cédula
8344588.
Empresario ( área taller, repuestos ) Edo Anzoátegui.
Sonia Rubio C.I.12096994 Ing. En Alimentacion.
soniarubio826@gmail.com.Telf.+34672622412 Exiliada.
Dr José Luis Ramírez Guerra
Cédula V. – 9. 510. 137
Ex- Juez Agrario del Estado Barinas
Coord. Regional de la Sociedad Civil Organizada Don Simón Rodríguez, Estado Cojedes.
Alcides Coromoto Sanchez C.I: 4.260.161 Ingeniero Civil y T.S.U en Topografía
Juan Antonio Mora Vega,
C. I. 5205462
Perito Forestal jubilado.
José consolación Mora 8.184.904 abogado y lcdo en contaduría publica
Ángel Ignacio Díaz Rodríguez, cédula 8140858. Productor agropecuario.
Luis García Müller.
CIV 3753920. .Profesor Universitario.
Kerly thairy Gil Monzón, cédula 11.127.819. Lcda en Enfermería, Comisión de Derechos Humanos de la SCO Don Simón Rodríguez.
Lenis Hinojosa, cédula 9.262.756
Ingeniero Agrícola
David Toro Galiano, cédula 9262905. Economista Agricola, Jubilado de la Administración Pública
Fredy Euclides Montilla
CI: 11.712.563
Empresario
Giovanni Primavera Costantino, cedula 8131819l.Ingeniero Civil.
Marina Camacho diaz, cédula 1220035.
OFICIO : COMERCIO
Rosalía del Carmen Materano Román. Cédula de identidad V- 6.524.156. profesión Abg defensora de los derechos humanos.
Luis Sánchez Aguilera cedula 3592243. Editor.
Amparo Martinez, cédula 10130214. Comerciante independiente.
Alida Pernia, cédula 9266318. Lcda en Enfermería.
Abgda. Ynes Maria Villarroel
Cédula.V4785169
Carlos Villamizar …cédula 3914128 Lcdo. en Educación
Jesus Esteban Magallanes cédula 2129586 Ingeniero civil.
Dianny Medina Urquiola,
cédula 4262058.
Licencia en Comunicacion Social, Publicista, locutora.
Nelly Moreno Salazar.
cedula2740779,
Ing. Agrónomo. MSc Desarrollo Rural.
Turmero – Municipio: Santiago Mariño
Edo Aragua.
Aarner Cedeño-Rivas
15144395, ing. en recursos naturales. Coord. SCO. Don Simón Rodríguez, edo. Apure.