Analogía, crueldad y estupidez atávica.
Hoy es 27 de junio, una fecha habitualmente grata para mí, dado que soy un incorregible periodista. Es justo por esta ocasión que recibo múltiples felicitaciones, palabras de aliento y reconocimiento por parte de mis afables amigos y una buena cantidad de mis relacionados. La fecha no varió en lo absoluto, y yo no cambié mi oficio, lo sigo ejerciendo con una determinación suicida a pesar de que no hay mucho espacio y libertad en Venezuela para su ejercicio pleno. En esta ocasión, tampoco hay espacio ni tiempo para el halago, la cortesía profesional, ni la amabilidad corporativa. La brozna tragedia nacional nos demanda respeto y solidaridad.
Para este momento, el ejercicio del periodismo en Venezuela es un riesgo total. La actividad como tal, es judicializada y perseguida con saña. Existen normas y leyes que la contravienen, a pesar de ser una garantía contenida en la norma constitucional vigente. Somos un oficio casi en vías de extinción, a pesar de existir más de 25.000 profesionales colegiados en un gremio de ilustre tradición democrática, resistir en su ejercicio, va más allá de la valentía: Es temeridad pura. En una década han desaparecido más de 400 medios de comunicación, y no menos de 15 millones de venezolanos –la mitad de la población- sobreviven en desiertos informativos, lugares donde no hay periodismo, ni periódicos, noticieros, programas de opinión, mucho menos las maltratadas libertades ciudadanas. Son espacios grises donde solo se atiende la propaganda del régimen, confundida, mimetizada con la información necesaria.
Los periodistas y los medios, somos parte del equipo de los gestores de una saludable construcción social que se denomina espacio público. Se trata de un complejo lugar donde concurren opiniones y pareceres, intereses, visiones, sesgos, certezas, angustias, temores y mitos. Es el espacio público el lugar donde confluye el poder fáctico y todo lo demás entes jerárquicos que nos habita. Es ese, el terrible poder fáctico que ordena y exige adhesión ciega sin mayores contemplaciones.
También se manifiesta el poder de los ciudadanos en todos sus modos, algunos habituales, otros sugeridos, más otras expresiones híbridas, miméticas, telúricas y cinéticas. En este lugar casi mitológico, ambiguo también y muy complejo, se perfila la vida de los ciudadanos. Allí se construye la estabilidad política de una sociedad como un proceso compartido, plural, inteligente, maduro y emocionalmente sano. Bueno, en realidad así debería ser, pero nos ocupamos de que sea de esa manera, y en eso se no va la vida.
En el espacio público, la ciudadanía libre es, por definición, un mosaico. Voces, cuerpos, lenguajes y agendas que se cruzan y a veces chocan, pero que comparten el derecho a estar y decir. Frente a ese cuadro plural, el poder fáctico-político, económico, mediático o criminal- intenta reducir la complejidad a obediencia o silencio, imponiendo reglas, narrativas y miedos. La convivencia se decide en ese punto de fricción, justo cuando las personas se organizan, reclaman su derecho a ocupar la calle, la red, la plaza, y transforman el espacio público en aula y escenario a la vez, logran que la diversidad no sea mera tolerancia pasiva, sino práctica viva de ciudadanía. Cuando el poder fáctico domina sin contrapesos, el espacio público se empobrece y deja de ser de todos para devenir una vitrina controlada por unos pocos.
En medio del caos post terremoto del 24-06 crecen los cuestionamientos a la legitimidad de Delcy Rodríguez. Analistas y sectores opositores -opinión pública dixit- señalan un cúmulo de debilidades en la respuesta inicial del régimen, al tiempo que exigen una mayor transparencia por parte del interinato, tras los sismos y el cambio subsiguiente. La emergencia acelera el debate sobre el fin del período interino y las posibles elecciones, en un escenario de transición incompleta. La exigencia apunta a tres líneas de tensión: la fragilidad de la legitimidad de Delcy Rodríguez, las críticas a la gestión inmediata de la emergencia sísmica y el uso de la crisis como catalizador para reabrir la discusión sobre la duración del interinato y la necesidad de elecciones en un contexto institucional incompleto.
Los terremotos que nos asolaron el 24 de junio pasado, han sido descritos por la prensa internacional como la “prueba de fuego” de la gestión de Rodríguez, al tratarse de la mayor crisis de Estado desde su toma de posesión en enero tras la “extracción” de Maduro a manos de los EE. UU. Aunque el gobierno decretó el estado de emergencia y activó operativos de rescate, analistas y voces opositoras señalan fallas en la comunicación de riesgos, opacidad en el número de víctimas y daños, y falta de coordinación efectiva con alcaldías y gobernaciones, lo que refuerza la percepción de la debilidad gubernamental.
En plena emergencia por los sismos, la figura de Delcy Rodríguez vuelve a quedar en el centro del cuestionamiento político. Tanto analistas y sectores opositores señalan debilidades en la respuesta inicial y exigen mayor transparencia en el manejo del interinato. Al mismo tiempo, la tragedia reabre el debate sobre el fin del período provisional y la urgencia de convocar elecciones en un escenario de transición incompleta y creciente desconfianza hacia las instituciones.
La reacción del gobierno venezolano frente a la crisis ha sido, en términos de la literatura de manejo de crisis, un caso casi de manual… pero de lo que NO debe hacerse. Predominan la negación, la opacidad, el uso de la crisis como instrumento de control y la ausencia de políticas reparadoras estructurales. Los manuales de manejo de crisis para gobiernos y organizaciones convergen en un decálogo básico, que podemos sintetizar así:
· Reconocimiento rápido y público de la crisis, evitando la negación.
· Recolección sistemática de información y diagnóstico técnico independiente.
· Creación de un comité de crisis interinstitucional, con clara cadena de mando.
· Plan de acción inmediato y plan de recuperación de mediano plazo.
· Comunicación transparente, coherente y empática, centrada en el lado humano.
· Facilitación del trabajo de los medios, evitando su criminalización.
· Coordinación con actores externos (otras agencias del Estado, organismos internacionales) y apertura a asistencia técnica. Evaluación continua, corrección de errores y aprendizaje institucional (uso de matrices tipo FODA).
· Respeto estricto de los derechos humanos, evitando el uso represivo del aparato estatal.
· Enfoque en reconstrucción de confianza y credibilidad institucional.
Los mismos manuales subrayan una colección de errores típicos que se deben evitar, como la falta de “planificación anticipada”, la improvisación como norma, la respuesta tardía ante la opinión pública, una comunicación inadecuada, el ocultamiento de información, y el uso de la crisis para reforzar intereses políticos en lugar de proteger a la población. Mi impresión como periodista, hombre cercano al manejo de crisis comunicacionales, y como ciudadano de a pie, es que el régimen adoptó un manual concebido en la más absoluta oposición a lo que aconsejan los expertos y la más obvia sensatez. Una proverbial estupidez, pero los manuales de estrategia, otros también de mucha utilidad, nos aconsejan que no debemos interrumpir al adversario, justo cuando se equivoca.
Diversos son los informes de derechos humanos y análisis internacionales que describen la actuación del gobierno en la crisis multidimensional (económica, social, humanitaria y política) como centrada en el control social y la preservación del poder, más que en la gestión efectiva de la emergencia. Ante protestas y estallidos sociales, se ha documentado el uso sistemático de fuerzas de seguridad para ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, como parte de una “fórmula de represión” basada en hambre, castigo y miedo.
Estamos muy cerca de ser más bien un estado fallido, que ese resultado mágico que ofrecía la farsa revolucionaria de décadas atrás. Un Estado fallido es, en términos generales, un Estado que ha perdido la capacidad efectiva de cumplir sus funciones básicas como garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ejercer autoridad sobre su territorio, proveer servicios esenciales y sostener un mínimo de desarrollo para su población. Es un Estado que ya no controla de manera efectiva todo o parte de su territorio ni mantiene el monopolio legítimo de la fuerza. La autoridad estatal es desafiada y sustituida por actores armados, grupos criminales, señores de la guerra, milicias.
En los gráficos y tablas que desde hace años elaboran distintos centros de análisis internacional, la crisis venezolana aparece menos como un accidente y más como una larga pendiente descendente. Los índices que miden fortaleza estatal y eficacia gubernamental, diseñados precisamente para comparar la capacidad de respuesta de los países ante desafíos internos y externos, dibujan una misma curva: Venezuela ha dejado de ser un Estado con problemas graves para convertirse en uno de los más frágiles del planeta.
El Índice de Fragilidad Estatal, elaborado por el Fund for Peace y utilizado como referencia en estudios sobre gobernanza y seguridad, es uno de esos termómetros. A comienzos de siglo, Venezuela se ubica en posiciones intermedias dentro del ranking mundial de fragilidad; no era un ejemplo de buena gestión, pero tampoco figuraba entre los casos extremos. Con el paso de casi dos últimas décadas, la posición se desplazó de forma sostenida hasta situarse entre los Estados más frágiles del mundo y como el segundo más frágil de América Latina. Ese movimiento no responde a un solo evento, sino a la acumulación de signos de deterioro, conflictos internos no resueltos, debilidad institucional, crisis económica, éxodo masivo y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En paralelo, el Índice de Eficacia del Gobierno del Banco Mundial ofrece otro ángulo sobre la misma realidad. Este indicador resume la percepción sobre la calidad de la administración pública, la formulación y aplicación de políticas, y la credibilidad del gobierno frente a esas políticas. En el año 2000, Venezuela rondaba los 26 puntos sobre 100, un desempeño bajo, pero aún recuperable. Para 2022, la puntuación había caído a menos de 9 puntos, mientras el promedio de América Latina superaba los 48. En términos periodísticos, la cifra admite pocas interpretaciones, la capacidad administrativa del Estado venezolano ha colapsado, mientras la región -con todos sus problemas- mantiene niveles muy superiores de funcionamiento.
Si se amplía el foco hacia indicadores compuestos que sintetizan la crisis venezolana, el cuadro se completa. Compilaciones realizadas por proyectos enciclopédicos y por investigaciones académicas, coinciden en una lista de rasgos estructurales: caída de la productividad, dependencia extrema del petróleo, mala gestión económica, corrupción política, autoritarismo y violaciones de derechos humanos. No se trata solo de números. Esos indicadores condensan historias concretas de empresas paralizadas, servicios en ruinas, salarios erosionados, hospitales sin insumos, tribunales subordinados y ciudadanos que huyen del país a una escala que la región no había visto en tiempos recientes.
La fortaleza de estos índices está en que no son fotografías aisladas. Trabajan con series históricas que muestran tendencias, años consecutivos de caída, repeticiones de patrones, incapacidad de revertir la dirección. Eso permite afirmar, con base empírica, que la crisis venezolana no es episódica ni meramente coyuntural. No fue un bache puntual provocado por un choque externo o un error de cálculo corregido a tiempo, sino el resultado de una degradación institucional prolongada, donde la capacidad de respuesta del Estado se fue erosionando sin que se aplicaran correcciones de fondo.
La lectura conjunta de fragilidad estatal, eficacia de gobierno y rasgos estructurales de la crisis deja una conclusión clara para cualquier cronista que se acerque al tema: El Estado venezolano no solo enfrenta una emergencia; está, en buena medida, incapacitado para gestionarla. Los desastres naturales, las pandemias, los estallidos sociales y los choques económicos encuentran a un aparato público que ya llega exhausto, con poco margen para reaccionar. Y cada nuevo golpe, lejos de ser amortiguado por instituciones sólidas, profundiza el surco de una fragilidad que se ha hecho norma.
Lo que no han hecho.
Las recomendaciones urgentes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos han sido mayoritariamente ignoradas, y la situación de derechos humanos se agravó en lugar de mejorar. Informes diplomáticos describen la crisis venezolana como resultado de mala gestión represiva y corrupta, asociada a un régimen considerado ilegítimo por una amplia coalición internacional. Esta conducta configura un patrón. La crisis no se aborda como problema a resolver, sino como contexto funcional para consolidar un modelo autoritario.
Tras el terremoto, Venezuela entró en una zona sísmica no solo geológica, sino política y moral. En las primeras horas, cuando los manuales de manejo de crisis recomiendan que los gobiernos nombren la “crisis” sin rodeos, admitan su magnitud y activen todos los recursos disponibles, la reacción oficial se inclinó por la negación y la minimización. La emergencia fue presentada como un episodio grave, pero acotado, sin alterar el relato previo sobre pobreza, migración o colapso de servicios. Se evitó reconocer que el desastre natural caía sobre una sociedad ya golpeada por una emergencia humanitaria prolongada, y que por tanto exigía una respuesta de otra escala.
El segundo movimiento, según la literatura especializada, habría debido ser la construcción de un diagnóstico técnico independiente, alimentado por datos verificables y voces expertas. En cambio, la información suministrada fue fragmentaria, los accesos a estadísticas oficiales siguieron siendo limitados y los informes producidos por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales fueron relativizados, cuando no directamente descalificados. Donde el manual pide abrir el mapa completo del daño, se optó por una cartografía parcial, incompleta, con zonas en blanco precisamente allí donde el terremoto golpeó más fuerte a poblaciones vulnerables.
La arquitectura institucional recomendada para una crisis de esta magnitud, es la creación de un comité interinstitucional, capaz de coordinar ministerios, gobernaciones, alcaldías, fuerzas de seguridad, sistemas de salud y protección civil. Lo que se vio, sin embargo, fue una respuesta altamente centralizada en el Ejecutivo y en estructuras partidistas, con desplazamiento de actores técnicos y reducción de la autonomía institucional. La coordinación se subordinó a la lógica de la lealtad política. Importó más quién obedecía al poder central que quien sabía qué hacer. El resultado fue una coreografía desordenada, donde las promesas de ayuda no siempre llegaron al mismo ritmo, ni a los lugares que más las necesitaban.
El plan de acción y recuperación, que debería trazarse en fases claras -atención inmediata, estabilización, reconstrucción, prevención de nuevos riesgos-, quedó sustituido por un conjunto de medidas ad hoc. Hubo gestos puntuales, anuncios de obras y operativos especiales, pero no un plan integral de reconstrucción económica y social que colocara el terremoto en la trayectoria más amplia del país. La improvisación convirtió la crisis en estado permanente. El país quedó atrapado entre parches y promesas, sin horizonte de salida claramente comunicado ni mecanismos verificables para seguir el curso de la reconstrucción.
En el terreno comunicacional, los manuales insisten en la transparencia, la coherencia y la empatía: información correcta, inmediata, clara y concisa, y un discurso centrado en el lado humano de la catástrofe. La práctica fue distinta. El relato oficial volvió sobre marcos ya conocidos —“guerra económica”, “bloqueo”, “ataques”– como explicación totalizante que diluía la responsabilidad interna y evitaba admitir la profundidad social del daño. Los datos sobre impacto real en salud, vivienda, empleo o servicios se difunden de manera parcial, mientras la comunicación de crisis era sustituida por comunicación política. La población recibe más consignas que cifras, más épica que detalle, y esa sustitución debilita la credibilidad institucional y la capacidad de movilización social ordenada.
La relación con los medios es otro punto de quiebre. Allí donde la mejor práctica recomienda facilitar la labor periodística y convertir a los medios en aliados para informar, alertar y fiscalizar, el terremoto se enfrentó a un ecosistema comunicacional marcado por restricciones, censura, cierres de medios y persecución de periodistas. La lógica de ver a la prensa independiente y a los defensores de derechos humanos como “enemigos” o “desestabilizadores” destruyó una pieza clave de alerta temprana y vigilancia pública. En una crisis, los ojos que no dependen del poder son indispensables; pues al debilitarlos, se reduce la capacidad social para detectar omisiones y exigir correcciones.
La coordinación con organismos externos —desde agencias de las Naciones Unidas hasta organizaciones especializadas en gestión de desastres— tampoco siguió el guión de manual, que propone revisar qué entidades pueden aportar capacidades adicionales y trabajar con ellas de forma abierta. La relación se mantuvo en registros instrumentales o confrontacionales. Privo la aceptación selectiva de asistencia, condicionada al control político de su distribución, y reservas frente a cualquier presencia que pudiera derivar en crítica o documentación autónoma del desastre. La ayuda internacional entró, pero no siempre con la transparencia, la amplitud y la independencia que exige una reconstrucción seria.
En el plano del aprendizaje institucional, la ausencia es casi absoluta. Los manuales proponen evaluar el manejo de la crisis, aplicar herramientas como el análisis FODA para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y corregir la ruta en función de esas conclusiones. Tras el terremoto, no se conocieron procesos públicos de evaluación capaces de admitir errores estructurales en políticas de infraestructura, ordenamiento urbano, gestión de riesgo o seguridad ciudadana. Sin esa autocrítica, el Estado se privó de la posibilidad de convertir el desastre en una lección útil y quedó condenado a repetir patrones de fragilidad.
El respeto a los derechos humanos, que debería ser columna vertebral de cualquier gestión de crisis, se ve comprometido en distintos niveles. La respuesta estatal mantuvo prácticas previas: detenciones arbitrarias, uso del hambre y del acceso a beneficios como mecanismos de disciplina política. La crisis no fue solo una tragedia natural; se convirtió en escenario donde se reprodujeron políticas de violaciones sistemáticas que, acumuladas, pueden ser examinadas bajo la lente de crímenes de lesa humanidad. En vez de aliviar el sufrimiento, ciertas decisiones lo profundizaron.
Finalmente, la reconstrucción de confianza, objetivo explícito en todo manual de manejo de crisis, quedó desplazada. No hubo gestos estructurales de apertura democrática, de reparación simbólica y material, ni de reconocimiento completo del daño. Persistieron las prácticas opacas y represivas, y con ellas se consolidó un círculo vicioso: más desconfianza social, más control político, menos capacidad de respuesta genuina. El terremoto, que podría haber sido un punto de inflexión para reordenar prioridades, mostrar transparencia y convocar a todos los sectores a una reconstrucción compartida, terminó insertado en la misma lógica de administración de crisis que ya venía de antes: gestionar el desastre para sostener el poder, no para reconstruir la vida.
Ese es, en resumen, el relato de las omisiones, un Estado que, frente a la sacudida telúrica, renunció a aplicar el repertorio completo de buenas prácticas disponibles y prefirió insistir en sus viejas rutinas de negación, propaganda y control. La cronología del terremoto se superpone así a otra, más larga y persistente: la de una crisis gestionada no para ser resuelta, sino para ser administrada.
La indignación ciudadana.
En las últimas 16-18 horas, se ha consolidado en redes sociales -principalmente en X (Twitter)- un intenso y muy tóxico clima de opinión marcado por una fuerte indignación, molestia e incomodidad ante las acciones del gobierno venezolano que obstaculizan o boicotean la ayuda humanitaria espontánea organizada por la sociedad civil y las diversas organizaciones para atender a los damnificados por los recientes terremotos.
Los usuarios denuncian sistemáticamente la orden de desmantelar los centros de acopio no controlados políticamente por el partido de gobierno, la interceptación de camiones y convoyes de donaciones, la limitación de acceso de voluntarios y maquinaria a zonas afectadas como en La Guaira, así como la priorización del control político sobre la urgencia humanitaria. Esta narrativa se refuerza con videos, testimonios directos de afectados y llamados a documentar estos hechos como “crímenes de Estado”. Ejemplos destacados incluyen publicaciones que acumulan miles de interacciones, como una con más de 7.700 likes y 6.000 reposts que detalla impedimentos a centros de acopio y envíos de ayuda, o otra con miles de likes y reposts que describe la detención de convoyes por fuerzas de seguridad.
Esta tendencia se posiciona como uno de los temas dominantes en la conversación pública venezolana y de la diáspora en este período corto, superando en visibilidad y nivel de interacción emocional a otros asuntos rutinarios de la agenda como debates políticos generales o noticias internacionales no vinculadas.
Aunque no hay métricas agregadas públicas exactas en tiempo real, el volumen de menciones combinadas con un alto ratio de interacciones (likes, reposts y replies indignados) en posts virales sugiere que representa una proporción significativa —posiblemente entre el 30% y el 50% de las conversaciones urgentes sobre la tragedia— dentro del ecosistema de opinión sobre Venezuela, desplazando parcialmente el foco inicial en el desastre natural hacia la crítica al manejo gubernamental.
Este clima refleja un hartazgo acumulado: la sociedad civil percibe que, más allá del impacto del sismo, la tragedia se multiplica por decisiones que priorizan el control sobre la salvación de vidas, generando un sentimiento compartido de “segunda catástrofe” provocada por el régimen. La espontaneidad de la solidaridad ciudadana choca frontalmente con las restricciones oficiales, alimentando un relato de deshumanización y desprecio que trasciende líneas partidistas y se viraliza rápidamente entre venezolanos dentro y fuera del país.
La percepción dominante es que la catástrofe natural se agrava artificialmente por la desidia y el control oficial, multiplicando el sufrimiento de los damnificados. Este fenómeno ilustra la brecha profunda entre una sociedad civil movilizada por la solidaridad inmediata y un poder que, según las críticas generalizadas, ve en la ayuda un riesgo de pérdida de hegemonía. En un contexto de emergencia humanitaria, este boicot percibido no solo genera repudio, sino que consolida un relato de Estado ausente o, peor aún, obstructivo, cuyas repercusiones políticas y morales probablemente perdurarán más allá de las labores de rescate.
Gracias al algoritmo.
Las redes sociales han transformado radicalmente la gestión de desastres naturales, desempeñando funciones multifacéticas a lo largo de las fases de preparación, respuesta, recuperación y mitigación. Su capacidad para facilitar la comunicación en tiempo real, la diseminación de información y la movilización colectiva las convierte en herramientas esenciales tanto para la sociedad civil como para los actores institucionales. Estudios sobre emergencias previas (como los terremotos en Haití o los huracanes en EE.UU.) demuestran que plataformas como X (Twitter), Facebook e Instagram permiten una respuesta más ágil al proporcionar alertas tempranas, mapas colaborativos (crowdsourcing) y coordinación de ayuda humanitaria.
En la fase de “respuesta inmediata”, las redes sociales actúan como canales primarios para la verificación de necesidades sobre el terreno, la localización de damnificados y la organización espontánea de donaciones y voluntarios. Ejemplos documentados incluyen la creación de crisis maps por “digital humanitarians” o campañas de recaudación rápida vía mensajes y publicaciones virales. Sin embargo, su rol no es unívoco: también amplifican críticas hacia las autoridades cuando la respuesta oficial se percibe como insuficiente o obstructiva.
En el caso reciente de los terremotos en Venezuela, las plataformas han visibilizado denuncias sobre impedimentos a la ayuda gestionada por la sociedad civil, generando un clima de opinión que cuestiona la legitimidad del manejo gubernamental y presiona por mayor transparencia y acceso.
Desde una perspectiva analítica, las redes sociales cumplen un doble papel: “empoderamiento ciudadano” y “desafío a las narrativas oficiales”. Por un lado, democratizan la información y fomentan la resiliencia comunitaria al conectar afectados con donantes, rescatistas y recursos internacionales. Por otro lado, introducen riesgos como la desinformación, rumores y polarización, que pueden obstaculizar operaciones de rescate o erosionar la confianza pública. Investigaciones destacan que el monitoreo sistemático de estas plataformas por parte de organismos de gestión de emergencias mejora la conciencia situacional, pero requiere estrategias para contrarrestar información falsa.
En contextos autoritarios o de alta polarización política, como el venezolano, las redes sociales adquieren un carácter aún más contestatario. La sociedad civil las utiliza para documentar obstrucciones a centros de acopio o convoyes de ayuda, funciones que los medios tradicionales podrían tener restringidas. Este fenómeno no solo acelera la movilización internacional, sino que moldea la opinión pública global, influyendo en la presión diplomática y humanitaria. No obstante, también expone vulnerabilidades: la dependencia de plataformas privadas plantea interrogantes sobre gobernanza digital, algoritmos y posibles censuras o amplificaciones selectivas.
El rol de las redes sociales en desastres es ambivalente pero indispensable: aceleran la respuesta colectiva y la rendición de cuentas, pero exigen marcos regulatorios y éticos que maximicen sus beneficios y minimicen sus riesgos. Su impacto en casos como Venezuela subraya cómo, en la era digital, la gestión de desastres ya no es solo una cuestión logística o técnica, sino un proceso profundamente mediado por la dinámica de la opinión pública en línea. Futuras investigaciones deberían profundizar en métricas cuantitativas de participación y en modelos predictivos de propagación de opinión durante crisis.
Notables ausencias:
La respuesta del régimen a la crisis ha sido, en el plano comunicacional, una inversión casi perfecta de lo que recomiendan los manuales de manejo de crisis. Allí donde la literatura especializada habla de transparencia, empatía y mensajes orientados a soluciones, el discurso oficial ha privilegiado la propaganda, la negación, la polarización y la censura. La comunicación de crisis -entendida como un esfuerzo por informar con claridad, reducir la incertidumbre y coordinar a la sociedad frente a la emergencia- fue sustituida por una comunicación política cuyo objetivo principal es preservar el relato y la lealtad, más que enfrentar los hechos.
Las consecuencias son visibles en el clima social. Sin información fiable y plural, la sociedad se mueve en un entorno dominado por rumores, versiones incompletas y silencios oficiales. Las decisiones cotidianas —desde abastecerse de alimentos hasta emigrar o salir a protestar— se toman sobre la base de percepciones fragmentarias y miedos acumulados, lo que incrementa la vulnerabilidad emocional y material de la población. La comunicación, que en otros contextos funciona como herramienta para comprender y manejar la crisis, se convierte en un factor más de desorientación.
La literatura sobre crisis insiste en que, en momentos de emergencia, la comunicación no debe ponerse al servicio del cálculo partidista. En Venezuela ocurrió lo contrario: la propaganda se volvió eje de la respuesta. Desde los primeros años, el liderazgo chavista recurrió a programas mediáticos, cadenas y espectáculos públicos para construir simpatías políticas, incluso cuando programas sociales emblemáticos, como el Plan Bolívar 2000, se veían afectados por denuncias de desvío de fondos y corrupción. La puesta en escena mediática importó más que el examen crítico de los resultados; el foco estuvo en consolidar la imagen del proyecto, no en explicar sus fallas.
En las crisis más recientes, el patrón se ha repetido con nuevas formas. Frente a apagones, escasez o estallidos sociales, el aparato oficial ha convocado movilizaciones masivas “en defensa de los símbolos patrios” o contra supuestas amenazas externas, buscando mostrar fuerza y cohesión simbólica. Mientras tanto, el impacto real de la crisis sobre servicios, salarios y derechos rara vez se aborda con honestidad comunicacional. Se privilegia el acto multitudinario y el mensaje épico sobre la rendición de cuentas y la exposición de políticas concretas de reparación.
El marco retórico dominante es el de la polarización: Pueblo contra élites, patriotas contra traidores, antiimperialismo contra entreguismo. Esa gramática de enemigos y lealtades contradice frontalmente los principios de cooperación y reducción del conflicto que la literatura recomienda en situaciones de crisis. En lugar de convocar a todos los sectores a coordinar esfuerzos frente a la emergencia, la comunicación oficial delimita bandos y exige definiciones identitarias.
En consecuencia, los mensajes que recibe la sociedad están orientados a la confrontación política, no a la construcción de soluciones compartidas. La crisis se narra como batalla, no como problema común. Esto eleva la tensión social en momentos en que debería disminuir, dificulta acuerdos mínimos de supervivencia y hace más ardua cualquier tarea de reconstrucción. Este contraste -entre la comunicación que debería ayudar a salir del desastre y la comunicación que lo administra como recurso de poder- constituye uno de los hilos centrales para entender por qué la crisis venezolana no solo persiste, sino que se vuelve, comunicacionalmente, una forma de gobierno.
Es evidente una absoluta falta de empatía y enfoque en derechos humanos en el discurso. Los manuales de crisis insisten en reconocer el sufrimiento de las víctimas y en comunicar compromisos claros de protección, mientras que en la Venezuela conmovida por tres terremotos desoladores, la comunicación oficial tiende a minimizar ese sufrimiento o a reencuadrarlo como parte de una “lucha heroica”. La narrativa oficial aumenta la revictimización y dificulta la construcción de confianza necesaria para políticas de reparación y retorno.
Un caso especial.
En octubre de 1982, mientras los noticieros norteamericanos abrían sus emisiones con la noticia de varias muertes misteriosas en torno a un analgésico muy popular, la dirección de Johnson & Johnson tomó una decisión que, a primera vista, parecía suicida: retirar del mercado, en todo Estados Unidos, más de treinta millones de frascos de Tylenol. El producto estrella de la compañía, responsable de una porción decisiva de sus ingresos, era de pronto tratado como un objeto sospechoso, potencialmente letal. La orden fue tajante: antes que las ganancias, la vida de los consumidores.
Lo que vino después se convertiría en un caso de escuela. La empresa no negó la crisis ni trató de diluirla en explicaciones burocráticas. Reconoció públicamente el problema, colaboró con las autoridades, abrió sus canales de comunicación a los medios y se sometió al escrutinio público. En lugar de parapetarse tras un equipo de abogados, puso a sus máximos directivos al frente de la vocería, hablando con lenguaje llano, sin tecnicismos innecesarios, sobre riesgos, medidas, dudas y próximos pasos. Luego reintrodujo el producto con envases a prueba de manipulación, elevando el estándar de seguridad de toda la industria farmacéutica. Aquella crisis, que pudo haber enterrado la marca, terminó reforzando su reputación: el público premió la honestidad, la rapidez y el sacrificio económico que implicó retirar un producto rentable para proteger la salud de los usuarios.
La escena permite una comparación incómoda cuando se mira hacia Venezuela. Allí, la crisis no estalló en una semana ni se resolvió en meses. Se instaló como telón de fondo permanente de la vida cotidiana: colapso económico, servicios públicos en ruinas, migración masiva, deterioro de la administración y un entramado de violaciones de derechos humanos que Organización de Naciones Unidas y distintas ONG han documentado durante años. Pero frente a esta crisis extendida, el Estado venezolano hizo exactamente lo contrario de lo que recomiendan los manuales de manejo de crisis.
Mientras Johnson & Johnson llenaba ruedas de prensa con datos, cronologías y medidas concretas, el chavismo llenó cadenas de radio y televisión con narrativas épicas. La crisis venezolana fue bautizada como “guerra económica”, “bloqueo” o “agresión imperialista”, una explicación totalizante que desplazaba la responsabilidad interna hacia enemigos externos y que evitaba pronunciar palabras clave: emergencia humanitaria, colapso institucional, error de política pública. Allí donde la literatura sobre crisis insiste en reconocer la realidad sin eufemismos para poder activar recursos y construir confianza, el régimen optó por negar, minimizar o reinterpretar la crisis como parte de una batalla histórica.
En el caso Tylenol, la prioridad fue inequívoca: proteger a las personas, aunque implicara pérdidas millonarias. En Venezuela, la prioridad ha sido otra: proteger la continuidad del proyecto político. La diferencia se advierte en gestos concretos. Ante la evidencia de deterioro en salud, educación, electricidad, agua y transporte, no hubo un “retiro del producto” equivalente: no se desmontó el modelo de control cambiario que asfixió la economía, no se reformó a fondo la administración militarizada, no se devolvió autonomía a instituciones clave ni se aplicaron ajustes transparentes para estabilizar las cuentas públicas. La estructura que produce y reproduce la crisis sigue en pie, como si el costo humano fuera parte inevitable del experimento.
La transparencia, que salvó a Tylenol, ha estado ausente en Venezuela. La empresa norteamericana entregó información, admitió lo que no sabía, se sometió a preguntas incómodas y trabajó con las autoridades para reconstruir el relato de lo sucedido. El Estado venezolano, en cambio, dejó de publicar series estadísticas fundamentales y trató con recelo a quienes producen datos independientes. La pobreza, la inflación real, los indicadores de salud y violencia se convirtieron en terreno minado para investigadores y periodistas. No es solo que falten cifras: es que existe un esfuerzo activo para controlar o sancionar a quienes las producen sin permiso oficial. En la gramática de la gestión de crisis, esto equivale a apagar las alarmas del edificio y romper el termómetro mientras el incendio avanza.
La vocería constituye otro contraste elocuente. Los manuales de crisis recomiendan designar portavoces creíbles, técnicamente informados, capaces de articular mensajes coherentes y de sostener una narrativa estable. Johnson & Johnson hizo eso: su alta gerencia asumió la exposición pública, dando la cara con un discurso centrado en la seguridad del consumidor.
El chavismo, por su parte, ha privilegiado la voz de líderes políticos que usan la crisis como guion para la movilización, la polarización y la reafirmación ideológica. El tono suele ser combativo, más que explicativo; se apela a la épica, al sacrificio, al pueblo en resistencia, más que a la enumeración franca de errores y a la presentación de medidas técnicas. Los expertos aparecen subordinados, diluidos, cuando no desplazados.
Hay también una diferencia de escala moral en la relación con las víctimas. En el caso Tylenol, la narrativa se centró en la tragedia humana: consumidores que habían muerto por confiar en un producto; familias que necesitaban respuestas; ciudadanos que debían recuperar la seguridad al entrar en una farmacia. No se culpó a quienes compraron el medicamento ni se los presentó como irresponsables. En Venezuela, quienes protestan por servicios, salarios o derechos son con frecuencia descritos en los discursos oficiales como “terroristas”, “golpistas” o “apátridas”. Quienes abandonan el país son acusados de haberse dejado seducir por ofertas externas o de ser parte de una campaña contra la patria. La literatura en manejo de crisis habla de empatía y reconocimiento del dolor; la práctica venezolana ha privilegiado la estigmatización y el uso de etiquetas que convierten a las víctimas en sospechosos.
Si Tylenol hizo de los medios aliados para explicar la crisis y difundir medidas de seguridad, el chavismo ha tendido a verlos como adversarios que deben ser controlados. En Estados Unidos, la prensa fue un canal para informar sobre riesgos, cambios de envase, pautas de consumo y avances en la investigación. En Venezuela, los medios críticos han sido cerrados, perseguidos o asfixiados económicamente. Periodistas y defensores de derechos humanos han sido hostigados, mientras se refuerza un sistema de comunicación oficial que repite, sin contraste, la versión del gobierno. El resultado no es solo una sociedad peor informada; es una sociedad que pierde su principal mecanismo de alerta temprana, control y denuncia frente a la gestión de la crisis.
La cooperación con actores externos completa el cuadro. Johnson & Johnson entendió que, en una crisis de seguridad de productos, necesitaba a las autoridades, a la policía, a los laboratorios y a los reguladores como socios. En Venezuela, la relación con organismos multilaterales, misiones de verificación, agencias humanitarias y ONG ha sido zigzagueante: momentos de acercamiento táctico seguidos de negación, acusaciones de parcialidad o incompatibilidad ideológica. Las recomendaciones de Naciones Unidas sobre acceso a alimentos, medicinas, garantías de derechos y reconstrucción institucional han chocado con una lógica política que prioriza la autonomía entendida como blindaje frente a la crítica.
El desenlace de ambos relatos explica por qué el caso Tylenol se cita en casi todos los manuales de crisis y la experiencia venezolana aparece, cada vez más, como ejemplo de gestión fallida. Johnson & Johnson logró que un producto directamente asociado a muertes atroces volviera a ocupar un lugar dominante en el mercado gracias a una secuencia clara: reconocimiento, sacrificio, cooperación, transparencia, innovación y empatía. La crisis se convirtió en oportunidad para elevar estándares y consolidar reputación.
En Venezuela, la crisis se ha convertido en un ecosistema. No hay día sin su propia microcrisis: fallas eléctricas, colas por combustible, hospitales sin insumos, protestas laborales, migraciones silenciosas, tensiones diplomáticas. Cada episodio se gestiona, comunicacionalmente, como una batalla más en una guerra prolongada. No se anuncia un retiro masivo del “producto” que está dañando a la población. No se reconoce, al estilo Tylenol, que la estructura puede ser peligrosa y que es necesario reformarla de raíz. Se mantiene el experimento, se refuerza la narrativa y se espera que la población aprenda a vivir en el incendio.
La comparación permite formular una tesis fuerte: la diferencia entre gestionar una crisis para proteger a la comunidad y gestionarla para preservar un proyecto de poder no es abstracta; se lee en decisiones concretas. Un actor puede perder dinero para salvar vidas y recuperar la reputación, como hizo Johnson & Johnson. Otro puede aceptar la pérdida de vidas, fuga de talentos y colapso de servicios a cambio de sostener una arquitectura política, como ha ocurrido en Venezuela. La literatura de manejo de crisis ofrece una caja de herramientas; la crónica venezolana muestra lo que sucede cuando esas herramientas se desechan y se opta por administrar la crisis como si fuera, más que una amenaza, un recurso útil para gobernar.
Alfredo Alvarez
CNP 5289