Tras sismos en Venezuela: Crece alarma por situación de presos políticos en Ramo Verde y El Rodeo I

Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian daños estructurales, condiciones de reclusión críticas y falta de información oficial tras los terremotos del 24 de junio. La emergencia sísmica que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa revelando nuevas aristas de vulnerabilidad. Esta vez, el foco de preocupación recae sobre dos de los centros de reclusión más sensibles del país: el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, y el penal El Rodeo I, donde permanecen detenidos numerosos presos políticos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) emitió este 29 de junio una alerta urgente en la que advierte sobre un deterioro severo de las condiciones de seguridad e infraestructura en ambos recintos penitenciarios, como consecuencia de los movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados la semana pasada. Según el comunicado, sustentado en reportes directos de familiares, en Ramo Verde se habrían producido daños estructurales significativos, particularmente en el quinto piso del edificio. La gravedad de las afectaciones habría llevado a que parte de la población reclusa permanezca pernoctando en espacios abiertos dentro del penal, específicamente en canchas descubiertas, ante el temor de nuevas réplicas y posibles colapsos. La situación, según denuncian los allegados, ha derivado en una crisis humanitaria de carácter inmediato. Los internos estarían requiriendo con urgencia insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos. Aunque cuentan con medios para cocinar, el deterioro de ciertas áreas del recinto habría limitado incluso el acceso a espacios de preparación de comida por razones de seguridad. El Rodeo I: entre el hacinamiento, el miedo y la opacidad Las denuncias sobre El Rodeo I resultan igualmente alarmantes y exponen una realidad carcelaria ya marcada por severas restricciones previas al desastre natural. De acuerdo con el Comité, los presos políticos recluidos en este centro permanecen bajo condiciones que califican de inhumanas: camas de cemento, limitaciones extremas de movilidad y condiciones sanitarias precarias que obligarían a algunos internos a realizar necesidades fisiológicas dentro de sus propias celdas. El dato resulta particularmente revelador en términos de precariedad estructural: hace apenas un mes, según la organización, se autorizó por primera vez en dos años el ingreso de almohadas. Tras los sismos, la preocupación aumentó. Familiares y reclusos sostienen que la estabilidad del recinto podría estar comprometida, elevando el riesgo de derrumbe en caso de nuevas réplicas. Sin embargo, pese a que los detenidos habrían solicitado permanecer en espacios abiertos por razones de seguridad, las autoridades no habrían autorizado su traslado. Uno de los señalamientos más graves apunta a la actuación del personal de custodia durante el evento sísmico. El Comité asegura que custodios abandonaron las instalaciones mientras los reclusos permanecían encerrados, una denuncia que, de confirmarse, abriría serios cuestionamientos sobre protocolos de emergencia y deber de protección estatal. Comunicación restringida y ausencia de información oficial En contextos de emergencia, la comunicación entre autoridades y familiares suele convertirse en un factor crítico. En este caso, el reclamo principal es precisamente la ausencia de información verificable. Familiares congregados en el campamento exterior de El Rodeo I interrogaron a funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA) en busca de respuestas sobre el estado de salud de los internos y la seguridad de las instalaciones. Según el Comité, la respuesta oficial se limitó a asegurar que “todo estaba en orden”, sin ofrecer informes técnicos, diagnósticos estructurales ni detalles médicos. Esa falta de transparencia incrementa la angustia de las familias y alimenta interrogantes sobre la capacidad institucional para gestionar una emergencia dentro del sistema penitenciario. A ello se suma otro elemento que agrava el escenario: una presunta disputa de competencias entre funcionarios del SESMA, dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según la denuncia, esta fricción burocrática estaría dificultando la toma de decisiones operativas y bloqueando canales de interlocución para gestionar medidas urgentes de protección. El terremoto como amplificador de una crisis previa Más allá del impacto inmediato de los sismos, lo que esta denuncia expone es una realidad estructural más profunda: el terremoto no habría creado la crisis penitenciaria, sino que habría amplificado condiciones preexistentes de vulnerabilidad. El acceso familiar continúa severamente restringido. En El Rodeo I, las visitas seguirían limitadas a apenas 15 minutos y exclusivamente a través de un vidrio, una dinámica que organizaciones de derechos humanos han cuestionado por su impacto emocional y psicológico tanto en los detenidos como en sus familias. La situación plantea interrogantes de fondo sobre el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos y trato digno a personas privadas de libertad, especialmente en contextos de crisis humanitaria o desastre natural. Exigencias y presión internacional Ante este panorama, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos formuló tres exigencias centrales. La primera apunta a la libertad plena de los presos políticos como medida humanitaria inmediata, con especial énfasis en quienes padecen enfermedades graves. La segunda demanda una evaluación técnica independiente de los daños estructurales en Ramo Verde y El Rodeo I, acompañada del ingreso urgente de ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos y refugios temporales. La tercera exige la humanización inmediata del régimen penitenciario, argumentando que persisten condiciones de reclusión incompatibles con la dignidad humana. Asimismo, el Comité solicitó la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos para verificar de manera independiente las condiciones de reclusión y supervisar la protección de los internos. Una prueba crítica para el Estado venezolano En toda emergencia nacional, la forma en que un Estado protege a sus poblaciones más vulnerables se convierte en una medida de su capacidad institucional y de su compromiso con los derechos fundamentales. Las personas privadas de libertad dependen completamente del aparato estatal para su supervivencia. Cuando un desastre natural golpea infraestructuras penitenciarias frágiles, la obligación de protección no disminuye: se vuelve absoluta. En Venezuela, donde el debate sobre presos políticos, derechos humanos y garantías judiciales lleva años ocupando el centro de la discusión nacional e internacional, la crisis abierta tras los sismos añade una dimensión humanitaria particularmente delicada. Mientras persistan la opacidad informativa, las denuncias de deterioro estructural y la ausencia de verificaciones independientes, continuará creciendo la preocupación sobre si estos centros penitenciarios están en condiciones de garantizar algo esencial: la vida.