La presidenta interina ilegal, Delcy Rodríguez presentó su plan de respuesta ante desastres, acompañada por un círculo íntimo de poderosos funcionarios incluidos en la lista negra de Estados Unidos y Canadá por corrupción y tráfico de personas.
Mientras los rescatistas en la ciudad portuaria de La Guaira, al norte de Venezuela, excavaban entre los escombros de concreto con sus propias manos y las familias lloraban a los fallecidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez compareció por la televisión estatal para abordar el catastrófico doble terremoto que azotó el país el 24 de junio.
Si bien la cifra oficial de muertos ha superado los 1.500, organizaciones independientes y las Naciones Unidas estiman que decenas de miles más permanecen desaparecidos. En medio de la creciente frustración pública por lo que muchos venezolanos perciben como inacción gubernamental, Rodríguez buscó tranquilizar a la nación presentando el plan de respuesta ante desastres de su administración.
Sin embargo, en lugar de estar junto a los trabajadores de emergencia en la primera línea de una de las peores tragedias en la historia de Venezuela, se encontraba flanqueada dentro de un complejo deportivo por los funcionarios más poderosos del país, casi todos ellos sometidos a severas sanciones occidentales por corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico.
Durante la transmisión en la madrugada del 28 de junio, Rodríguez, luciendo una gorra militar, causó revuelo al elogiar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no por llevar a cabo peligrosas operaciones de rescate, sino por doblar ropa y organizar latas de alimentos.
«Así pueden ver cómo nuestras Fuerzas Armadas participan en la clasificación de ropa, medicinas y alimentos», dijo Rodríguez desde el centro de acopio de ayuda en el Complejo Deportivo José María Vargas, ofreciendo un marcado contraste con los extenuantes esfuerzos de recuperación que se desarrollaban a pocos kilómetros de distancia.
La imagen que proyectaba la transmisión ponía de manifiesto una cruda realidad política en la Venezuela post-Maduro.
Desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en enero, Rodríguez ha consolidado su poder rodeándose de un círculo íntimo de funcionarios sancionados. Ahora, mientras las Naciones Unidas y organizaciones independientes advierten que decenas de miles de personas siguen desaparecidas tras el desastre, Rodríguez ha puesto toda la respuesta humanitaria y de reconstrucción del país en manos de estos mismos leales sancionados.
Junto a ella se encontraba Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra en 2018 como presunto cabecilla de una extensa red de lavado de dinero y narcotráfico. Cabello, por cuya captura aún pesa una recompensa estadounidense de 25 millones de dólares, recibió instrucciones de la presidenta interina para continuar «trabajando e inspeccionando» las campañas de recolección de ropa.
Es solo uno de al menos seis altos funcionarios que actualmente lideran la respuesta venezolana al terremoto y que enfrentan sanciones internacionales.
Para gestionar la crisis, Rodríguez anunció la creación de un «Comando Militar renovado», encabezado por el ministro de Defensa, Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos desde 2015.
Además, designó a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —también sancionado por Estados Unidos y Canadá por corrupción y represión política— para dirigir la comisión presidencial encargada de construir campamentos temporales y planificar proyectos de vivienda rápida para los desplazados.
La comisión de reconstrucción, de mayor envergadura, integra al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, sancionado por Canadá; a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, sancionada por Estados Unidos; y al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien fue incluido en la lista negra de Washington en 2019 específicamente por bloquear la entrada de ayuda humanitaria internacional al país.
Rodríguez no explicó qué medidas de seguridad aplicarían estos funcionarios para prevenir futuros desastres, ni ofreció una estrategia técnica sobre cómo un gobierno acusado de corrupción sistémica reconstruiría de forma segura los cientos de edificios que colapsaron por completo.
La dependencia generalizada de un gabinete incluido en la lista negra contrasta fuertemente con la propia situación de Rodríguez ante Washington.
En una medida controvertida, el 1 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró al presidente interino de su lista de sanciones como parte de un acercamiento diplomático destinado a aliviar las restricciones a los sectores petrolero y bancario de Venezuela. Inmediatamente después del terremoto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluso emitió una exención temporal que suspendía las restricciones a las transacciones financieras vinculadas a la ayuda humanitaria.
Sin embargo, a pesar de su reciente exclusión de la lista de personas sancionadas, Rodríguez sigue siendo una figura bajo intenso escrutinio. En marzo surgieron informes que indicaban que los fiscales federales de Miami habían redactado una acusación formal en su contra por lavado de dinero, un informe que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmintió públicamente.
Con una apariencia impecable y flanqueada por sus ministros, elegantemente vestidos y sancionados, Rodríguez ofreció un mensaje de optimismo generalizado.
«Mientras la esperanza esté en nuestros corazones, siempre hay posibilidades», dijo desde su oficina, «y el futuro siempre está marcado por la alegría». A kilómetros de distancia, bajo el lodo y el concreto, sus ciudadanos continuaban buscando a sus muertos.
Vía The EL News