El creciente escepticismo en Venezuela sobre la respuesta del gobierno a los terremotos gemelos de la semana pasada está alimentando protestas antigubernamentales, que podrían transformar la política del país.
Mientras tanto, continúan las labores de rescate y aumenta el número de víctimas, la emergencia obligó a suspender las prioridades políticas y dejó en suspenso decisiones clave sobre el futuro institucional del país.
Los sismos del 24 de junio en Caracas y La Guaira no solo causaron daños materiales, sino que también profundizaron crisis políticas y sociales.
El colapso institucional tras el desastre reveló la fragilidad del sistema de respuesta ante emergencias, generando demandas de transparencia, reconstrucción con reglas claras y un pacto político basado en la confianza.
La falta de liderazgo efectivo exacerba la desconfianza ciudadana y pone en evidencia la necesidad de instituciones legítimas para gestionar crisis.
El número oficial de personas muertas por los terremotos gemelos que sacudieron Venezuela la semana pasada superó los 3.000, aunque los expertos creen que la cifra es mucho mayor.
Los críticos dicen que la mala calidad de la vivienda social y el vaciamiento de las instituciones durante décadas de gobierno chavista empeoraron el resultado del desastre, con muchos culpando a la presidenta interina Delcy Rodríguez, cuya gestión de 180 días terminó la semana pasada.
Los líderes de la oposición ven una oportunidad: la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha prometido regresar a su país, a pesar de la oposición de Estados Unidos, y otros se están posicionando para reemplazar a Rodríguez, informó DW.
Este evento puede marcar un punto de inflexión en la gobernabilidad si se transforma en impulso para reformas estructurales.
Los sismos en Venezuela, han tenido implicaciones en la percepción de legitimidad gubernamental principalmente por:
Polarización política: En contextos polarizados como el venezolano, cualquier evento —incluidos los desastres naturales— se interpreta a través del lente político, profundizando la desconfianza entre sectores.
Respuesta institucional deficiente: La capacidad (o falta de ella) para gestionar emergencias suele reflejar la fortaleza institucional. Cuando un gobierno muestra descoordinación, lentitud o falta de transparencia ante un desastre natural, la ciudadanía tiende a cuestionar su eficacia general.
Colapso de infraestructura crítica: Los daños en hospitales, escuelas y viviendas ponen en evidencia el deterioro previo de la infraestructura, lo que alimenta críticas sobre la gestión pública a largo plazo.
Contraste con demandas ciudadanas: La respuesta gubernamental ante una crisis inmediata se convierte en un parámetro con el que la población mide la legitimidad del liderazgo, especialmente cuando hay una percepción de que no se prioriza el bienestar colectivo.
Factores que podrían impulsar reformas:
- Ventana de oportunidad: Las crisis agudas pueden romper el estancamiento político al crear urgencia compartida. La necesidad de coordinar ayuda humanitaria y reconstrucción podría forzar acuerdos entre sectores que normalmente no dialogan.
- Presión ciudadana: La visibilidad de los daños y la respuesta gubernamental suele movilizar a la sociedad civil a exigir transparencia en la gestión de recursos, rendición de cuentas y mejoras en protocolos de emergencia.
- Presión internacional: La comunidad internacional suele condicionar la ayuda humanitaria a ciertos niveles de transparencia y supervisión independiente.
Factores que juegan en contra:
- Polarización profunda: En Venezuela, la división política es tan aguda que incluso un desastre natural puede ser absorbido por la lógica de confrontación, donde cada bando culpa al otro en lugar de colaborar.
- Debilidad institucional previa: Las reformas requieren instituciones mínimamente funcionales que las implementen. Si el Estado ya está severamente debilitado, es difícil que una crisis lo fortalezca en lugar de agravarlo.
- Corrupción en la reconstrucción: Sin mecanismos de supervisión sólidos, los fondos de reconstrucción pueden desviarse, profundizando la desconfianza en lugar de restaurarla.
En resumen: el desastre puede ser un catalizador si existe voluntad política y presión social organizada, pero no es automático. Sin condiciones mínimas de confianza y rendición de cuentas, corre el riesgo de convertirse en otro episodio que profundice la crisis institucional en lugar de resolverla.
Enrique López Alfonzo
CNP 9.341
The EL News
