Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del TSJ, rechaza la legitimidad de Delcy Rodríguez como representante del poder ejecutivo en Venezuela, argumentando que sus acuerdos internacionales carecen de validez legal.
Blanca Rosa Mármol afirmó que llegó el momento de poner fin al interinato de Delcy Rodríguez.
La exmagistrada propuso una junta de gobierno, la reorganización del CNE y la convocatoria de elecciones tras cumplirse los 180 días de ausencia de Nicolás Maduro.
A su juicio, el país ya no tiene un gobierno constitucional, lo que refleja una profunda crisis institucional.
Ella no tiene ninguna característica que le permita estar en el poder. No es presidente de Venezuela bajo ningún carácter, sentencia la magistrada.
Su posición resalta el desacuerdo sobre la legitimidad del actual liderazgo y subraya la importancia del derecho internacional y la soberanía constitucional frente a actos de autoridad sin fundamento legal.
Los argumentos jurídicos que respaldarían la invalidez de los acuerdos suscritos por Delcy Rodríguez se fundamentan en varios principios del derecho constitucional e internacional:
1. Falta de legitimidad de origen
Delcy Rodríguez no fue electa por voto popular ni ha asumido el cargo de presidenta conforme a los mecanismos constitucionales. La Constitución de Venezuela establece en su artículo 228 que el presidente debe ser electo por votación universal, directa y secreta. Al carecer de ese mandato, cualquier acto que pretenda ejercer funciones presidenciales carecería de validez de origen.
2. Inexistencia del acto jurídico por falta de competencia
En derecho administrativo y constitucional, los actos emanados de un funcionario de facto —que no tiene competencia legítima para ejercer el cargo— son nulos de nulidad absoluta. La doctrina del usurpador establece que los actos de quien ejerce el poder sin título válido son jurídicamente inexistentes.
3. Principio de la continuidad del Estado
El derecho internacional reconoce que los Estados subsisten más allá de los gobiernos de turno. Sin embargo, para que un acuerdo internacional sea válido, quien lo suscribe debe tener plenos poderes (full powers) reconocidos por la comunidad jurídica internacional. Si Delcy Rodríguez no es reconocida como jefa de Estado, sus acuerdos no vinculan a la República.
4. Doctrina de la nulidad de los actos de gobiernos de facto
Tanto la jurisprudencia comparada como la doctrina internacional (incluyendo la Doctrina Tobar y la Doctrina Estrada) sostienen que los actos de quienes detentan el poder por la fuerza o al margen de la Constitución no generan obligaciones legítimas para el Estado.
5. Violación del orden constitucional vigente
Si Delcy Rodríguez actúa al margen de la Constitución de 1999 y de la separación de poderes, sus acuerdos internos e internacionales serían inconstitucionales y, por tanto, nulos conforme al artículo 7 de la Constitución venezolana, que declara nulos los actos que violen la Carta Magna.
6. Desconocimiento internacional (efecto de no reconocimiento)
Países que no reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro —ni de sus delegados— pueden invocar la Doctrina de Jerusalén o la Doctrina Stimson (no reconocimiento de situaciones creadas por la fuerza), así como resoluciones de organismos internacionales que desconozcan la validez de dichos actos.
En conjunto, estos fundamentos crean un sólido andamiaje jurídico para sostener que los acuerdos suscritos por Delcy Rodríguez carecen de efectos legales, tanto en el orden interno como en el derecho internacional.
La magistrada, finalmente propone nombrar una junta de gobierno de facto que asuma la conducción del Estado, reconstruya la institucionalidad democrática y convoque elecciones mediante un verdadero organismo electoral.
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