La ONU exige al Gobierno de Venezuela eliminar las restricciones legales y financieras que obstaculizan la acción de la sociedad civil durante la emergencia sísmica.
Estas barreras, incluyendo el ‘silencio administrativo’, impiden respuestas rápidas y efectivas ante el desastre.
La participación de organizaciones locales es clave para una asistencia humanitaria eficiente, y su represión o limitación agrava la crisis.
Garantizar acceso a la ayuda sin interferencias estatales es un deber internacional en contextos de catástrofe.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtieron este viernes que, a raíz de los terremotos del 24 de junio, Venezuela enfrenta una tragedia que «agrava aún más las vulnerabilidades de la población y agudiza la crisis de derechos humanos y humanitaria que existe desde hace años en el país».
Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta», señalaron los expertos, al tiempo que expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano.
Pese a su importancia, este rol vital se ve gravemente obstaculizado y amenazado por las restricciones normativas existentes», explicaron al mencionar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
Esta ley obliga a las organizaciones a ejecutar trámites de inscripción o reinscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren), que, en la práctica, «resultan imposibles debido al silencio administrativo del Estado, lo que arriesga su viabilidad y congela la personalidad jurídica de las organizaciones de forma arbitraria».
Asimismo, hicieron referencia a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), la cual ha establecido normas que obligan a los bancos a «supervisar excesivamente a las ONG en comparación con otros actores, creando obstáculos a la recepción o administración de recursos».
Apuntaron que las autoridades deben instruir a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia; particularmente en relación con la «protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, como centros de acopio, y las acciones de las organizaciones nacionales e internacionales para que no se repitan patrones de represión del pasado».
Las personas expertas reiteraron que en contextos de catástrofe, el Estado «debe facilitar de manera prioritaria la acción humanitaria y respetar la labor de todas las asociaciones, y al mismo tiempo promover soluciones que refuercen la resiliencia».
La Organización de las Naciones Unidas ha estimado que los daños físicos directos ocasionados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela ascienden a 37.000 millones de dólares.
De acuerdo con el más reciente balance oficial ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos ascendió a 4.930, mientras que 16.740 personas resultaron heridas y 17.907 quedaron sin vivienda.