Después de 30 días del doble terremoto que dejó más de 5.200 muertos, el Gobierno de Venezuela convocó a pruebas de ADN para identificar cuerpos, a pesar del balance oficial, el régimen no ha revelado el número de desaparecidos, lo que genera preocupación por la falta de transparencia.
Aunque las cifras siguen en aumento, con más de 16.700 personas afectadas, persisten graves dificultades en el acceso a agua potable, alimentos y atención médica.
El gobierno ha convocado a una reunión de emergencia para evaluar la respuesta humanitaria y coordinar esfuerzos de reconstrucción.
La magnitud del desastre ha expuesto las vulnerabilidades del sistema de infraestructura y gestión de riesgos en el país.
Los registros ciudadanos acumulan decenas de miles de casos sin resolver y, en La Guaira, la región más devastada, hay familias que siguen excavando por su cuenta para recuperar a los suyos.
Las pruebas de ADN son un paso crucial para identificar víctimas, pero la ausencia de datos oficiales y la saturación de registros ciudadanos indican graves fallos en la respuesta estatal.
En La Guaira, familias continúan buscando a sus seres queridos en ruinas, evidenciando una crisis humanitaria y de gestión que trasciende el desastre natural. Esta situación refleja una falta de coordinación institucional y apoyo a las víctimas.
Las autoridades evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó que podrían llegar hasta 50.000. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10.000.
El desastre afectó más de 850 edificios y 190 se derrumbaron totalmente, según cifras oficiales.
En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.
Es fundamental fortalecer la cooperación internacional y la planificación urbana sostenible para prevenir futuros desastres.
En desarrollo…
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