La Asamblea Nacional aprobó un informe de la Comisión de Contraloría que declaró la responsabilidad política de Henri Falcón —entonces gobernador del estado Lara— por presuntas irregularidades administrativas. El caso enfrentó a Falcón con sectores del oficialismo, encabezados por Luis Reyes Reyes, en una pugna política regional de la época que no derivó en sanciones penales definitivas.
En diciembre de 2013, la Asamblea Nacional (AN), declaró responsable a Henri Falcón, por presuntas irregularidades en la transferencia de recursos al sector salud y se le imputaron delitos como peculado y malversación de fondos públicos, según la Ley Contra la Corrupción.
Esta medida constituyó un paso clave en su proceso de responsabilidad política, derivado de denuncias sobre el uso indebido de recursos durante su gestión como gobernador del estado Lara; este caso refleja tensiones políticas y procesos de fiscalización institucional en el contexto venezolano de esa época.
Falcón estaría siendo investigado por el presunto delito de peculado y malversación de fondos públicos, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción.
Comisión de Contraloría investiga a Henri Falcon y Luis Reyes Reyes por presunta corrupción
En tal sentido, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 40.310, con fecha del 6 de diciembre de 2013 (circulada el 9 de diciembre de 2013), tras ser aprobada por la entonces Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Esta responsabilidad política al exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, tras un anuncio de la Asamblea nacional, por no “ejecutar oportunamente” el desembolso financiero de 3 millones de bolívares, los cuales estaban destinados a financiar la ejecución del proyecto “recuperación de las instalaciones de la antigua Sede Niños Cantores TV” y por el “deplorable estado de abandono” que presenta la misma obra.
Por cierto, tanto Henry Falcón como Luis Reyes Reyes fueron objeto de una sanción de responsabilidad política por la Asamblea nacional Falcon en diciembre 2013 y Reyes en el 2016, mi pregunta: ¿ al recobrarse la institucionalidad estos exgobernadores pudiesen ser objeto de investigación penal por la Fiscalía e inhabilitación por parte de la Contraloría General de la Republica ?
Hay que resaltar que ambos exgobernadores podrían ser objeto de investigación penal y de inhabilitación política si se restableciera el Estado de derecho y la institucionalidad y la declaración de responsabilidad política emitida por la Asamblea Nacional, no es una sentencia judicial final, sino un acto de control parlamentario que sirve como base obligatoria para activar el sistema de justicia.
La comisión de la AN determina la presunta responsabilidad del aviador mandatario en los años 2004, 2005 y 2006 al «gobernar por decreto» en el estado Lara. «Toda la adjudicación fue directa, por decretos de emergencia que no fueron reales (…) No había las emergencias que decía», denunciaron. De acuerdo a lo consignado, las adjudicaciones fueron alrededor de 200 mil millones de bolívares para la época.
Para ser efectivas estas denuncias, la operación legal de la Fiscalía y la Contraloría entraría en un escenario de justicia plena; mediante una Investigación Penal. El dictamen de responsabilidad política de la Asamblea Nacional (como el de Henri Falcón en 2013 y Luis Reyes Reyes en 2016) se remite formalmente al Ministerio Público.
Esta acción penal, con base en el expediente del parlamento, la Fiscalía tiene la obligación de iniciar una investigación penal exhaustiva para determinar si los hechos constituyen delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción (como peculado, malversación de fondos o evasión de procesos de licitación).
Según la Constitución venezolana (Artículo 271), los delitos contra el patrimonio público no prescriben. Por lo tanto, el tiempo transcurrido desde 2013 o 2016 no impide que se abran juicios penales si se demuestra daño patrimonial al Estado.
La Contraloría General de la República no juzga delitos penales, pero tiene la facultad exclusiva de realizar auditorías y dictar la inhabilitación administrativa para el ejercicio de cargos públicos.
En un entorno institucional sano, la Contraloría debe tomar los hallazgos de la Asamblea Nacional para imponer multas, reparaciones civiles y la suspensión del derecho a postularse a cargos de elección popular.
El obstáculo del debido proceso
Para que estas medidas sean válidas y no se consideren «persecución política», un sistema judicial restaurado tendría que garantizar el derecho a la defensa y el acceso a los expedientes (derechos que los señalados acusaron de haber sido vulnerados en su momento).
Demostrar de forma independiente e imparcial el dolo o la negligencia en la gestión de los recursos públicos de los estados correspondientes.
Exp. N° 14-0005
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Por escrito presentado el 19 de diciembre de 2013, ante la Secretaria de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado JOSÉ EMILIO GIMÉNEZ MENDÍA, titular de la cédula de identidad N° 13.265.233 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 90.126, actuando en nombre propio y asistido por el abogado Luis Alberto Pérez Medina, inscrito en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.391, demandó la nulidad por razones de inconstitucionalidad del Acuerdo aprobado el 3 de diciembre de 2013, en sesión plenaria de la ASAMBLEA NACIONAL,publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.310, de fecha 6 de diciembre de 2013,que declaró la responsabilidad política del recurrente, en su condición de ex Síndico Procurador del Municipio Iribarren del Estado Lara.
El 7 de enero de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Mediante diligencias presentadas los días 7 de octubre de 2014, 13 de mayo, 4 de agosto de 2015 la representación judicial de la parte actora solicitó a la Sala el pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y las medidas cautelares peticionadas.
El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
Por diligencia presentada el 7 de enero de 2016, la representación judicial de la parte accionante ratificó la solicitud de pronunciamiento respecto a la admisión y las medidas cautelares peticionadas.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Alegó la parte actora en el libelo, lo siguiente:
Que “en fecha 28/01/2003 [fue] designado por el Concejo Municipal del Municipio Iribarren del Estado Lara para el cargo de Síndico Procurador Municipal (…) hasta que en fecha 20/09/2005 (…)[se separó] del cargo por medio de renuncia que fue aceptada por las autoridades del Municipio «. (sic).
Que “[a] partir de dicha renuncia, [se ha] dedicado a ejercer [su] profesión libremente, como asesor jurídico en el ámbito privado, así como a la actividad académica, como profesor de diferentes disciplinas jurídicas, en diversas instituciones educativas de la región centro occidental”.
Que “a comienzos del mes junio de 2012 los Diputados Pedro Carreño (Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional) y Erick Mago (Presidente de la Subcomisión Nro. 1 de Contraloría de la Asamblea Nacional) inician una serie de declaraciones a través de los medios de comunicación donde señalan la existencia de supuestas averiguaciones en contra del ciudadano Henri Falcón, por presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus competencias como Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara entre los años 2000 al 2008, así como también durante su gestión como Gobernador del Estado Lara desde el año 2008 al 2012. Entre [ellas] una referida a una denuncia presentada por presuntas irregularidades en la venta de los terrenos denominados Triángulo del Este de la ciudad de Barquisimeto, enajenaciones que fueron celebradas a finales del 2005 y todo el 2006, es decir, luego que [se] había separado del cargo antes mencionado”.
Que “[s]i bien en dichos hechos relacionados con la venta de los aludidos terrenos, no [tuvo] participación alguna por cuanto (…) en la oportunidad en que fueron celebradas dichas ventas no [se] encontraba a cargo de la Sindicatura Municipal, sin embargo, [decidió] prestar especial atención a través de los medios de comunicación y las declaraciones oficiales sobre el procedimiento de investigación anunciado por los mencionados diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en primer lugar, para conocer en concreto los hechos que se estaban investigando, los personas que le estaban siendo imputados cargos, asi como para atender cualquier eventual citación que tuvieran a bien formularme formal y personalmente, bien en calidad de testigo o inclusive, si así lo hubiere considerado la Comisión, como investigado o imputado de algún cargo, oportunidad en la que comparecería a exponer [sus] defensas y alegatos”.
Que “nunca durante dicha investigación [le] fue librada citación para comparecer a rendir declaración, ni como testigo, ni como investigado, no [fue] llamado a comparecer en la misma bajo ningún supuesto, cuestión que en todo caso, no [consideró] extraña, ya que a todo evento, tal y como lo reflejaron los medios de comunicación, la investigación anunciada estaba referida a la responsabilidad del ciudadano Henri Falcón ante una serie de denuncias presentadas, en las cuales no [tuvo] participación como Síndico Procurador dado que en el caso concreto relacionado con el caso del triángulo del este, siempre se hizo alusión a las ventas de unos terrenos en el referido sector”.
Que “[transcurrió] dicha investigación sin estar [su] persona involucrada en la misma y finalmente en fecha 13 de noviembre 2013, la Comisión Permanente de Contraloría discutió y aprobó en su seno, el ‘INFORME FINAL SOBRE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR EL CIUDADANO HENRI FALCÓN, GOBERNADOR DEL ESTADO LARA’ (…), el cual versó y concluyó con los siguientes puntos:
‘PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA al ciudadano HENRI FALCÓN FUENTES (…) Gobernador del Estado Lara.
SEGUNDO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA, a los ciudadanos T.S.U. DANELA ROMERO HUGAS (…) Presidenta de la Fundación Regional para la Vivienda (FUNREVI); y a GERSON ELEAZAR PACHECO (…) Expresidente de la Fundación Regional para la Vivienda (FUNREVI).
TERCERO: Declarar la RESPONSABILIDAD POLÍTICA, a los ciudadanos: YLEANA GUARENAS (…) y PABLO SEPÚLVEDA (…) en su carácter de Directora General Sectorial de Salud y Director de FUNDASALUD.
CUARTO: Declarar la RESPONSABILIDAD POLÍTICA, a la ciudadana GISELA DEL CARMEN GIL (…) Expresidenta de CORTULARA.
QUINTO: Exhortar a la Ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, para que con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el tenor del artículo 285, Numeral 05, continué con las acciones legales para ser efectiva las responsabilidades penales, civiles y disciplinaria en contra de los funcionarios, HENRI FALCÓN FUENTES (…) Gobernador del Estado Lara; y solicitar con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a tenor del artículo 266, numeral 3, se instruya lo conducente para que el Tribunal Supremo de Justicia declare los méritos para continuar el enjuiciamiento de dicho ciudadano; T.S.U. DÁÑELA ROMERO HUGAS (…) Presidenta de la Fundación Regional para la Vivienda (FUNREVI); y a GERSON ELEAZAR PACHECO (…) Expresidente de la Fundación Regional para la Vivienda (FUNREVI), YLEANA GUARENAS (…) Directora General Sectorial de Salud y PABLO SEPÚLVEDA (…) Director de FUNDASALUD; GISELA DEL CARMEN GIL (…) ExPresidenta de CORTULARA, JUAN CARLOS GRILLO OSORIO (…) Representante de la Empresa JCG MARKETING, GROUP, C.A., respectivamente, a fin de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, y profundizar en sus investigaciones y darle la celeridad necesaria para determinar las irregularidades de las acciones u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones por los referidos funcionarios y particulares.
SEXTO: Exhortar a la Ciudadana ADELINA GONZÁLEZ, Contralora General (E) de la República Bolivariana de Venezuela, para que ordene las averiguaciones administrativas, por los hechos, actos u omisiones y declare la responsabilidad administrativa en que hayan incurrido estos funcionarios públicos adscritos a la Gobernación del Estado Lara, así como cualquier otro ente u organismo que hayan participado, cuyo resultados ocasionaron daños al Patrimonio Público Nacional.
SÉPTIMO: Remitir copia certificada de la presente decisión a la ciudadana GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para qué con fundamento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a tenor del artículo 266, numeral 3, se instruya lo conducente para la declaratoria de los méritos para el enjuiciamiento al ciudadano HENRI FALCÓN FUENTES, Gobernador del Estado Lara.
OCTAVO: Remitir copia certificada de la presente decisión al Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, NICOLÁS MADURO MOROS y al Ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, JORGE ARREAZA, a los fines legales consiguientes.’(…) «.
Que “en dicho informe final, aprobado por la Comisión para ser presentado posteriormente a la plenaria, se concluyó solicitar la declaración de responsabilidad política al ciudadano Henri Falcón, así como a cinco (5) de los directores que conforman su tren ejecutivo del Estado Lara; no obstante, en dicho informe final aprobado por la Comisión en ningún momento se hace alusión a [su]persona, ni se [le] involucra en la investigación, ni en ninguno de los hechos objeto de averiguación (…), cuestión que resulta lógica, ya que si en ningún momento [fue] llamado a comparecer, ni [fue] sujeto de investigación, ni [fue] imputado de ningún cargo al comienzo del procedimiento, mal podría en dicho informe concluirse que debía ser sancionado de manera alguna.”
Que “en fecha 03 de diciembre de 2013, [observó] por los medios de comunicación el debate de la plenaria de la Asamblea Nacional, en el cual [percibió] que (…) el diputado Presidente de la Comisión de Contraloría presentó a la plenaria de la Asamblea Nacional para su discusión un Informe distinto al antes señalado (…)[observándose] una alteración significativa al aprobado como informe final por la Comisión, entre otros aspectos, porque se [le involucró] (…) en los hechos investigados.”
Que “[f]ue dicho informe alterado, el que en definitiva, sirvió para fundamentar el Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la declaración de la Responsabilidad Política no sólo del ciudadano Henri Falcón y algunos de los funcionarios del tren ejecutivo, sino también inexplicablemente en [su] contra, quien no había sido sujeto de investigación, ni había sido llamado a comparecer.”
Que “[c]on base a este informe alterado y manipulado, sin respaldo en procedimiento o investigación de ningún tipo, en cuanto a [su] persona se refiere, y que no fue el informe aprobado como informe final por la Comisión de Contraloría, sino un informe alterado que presentó el Presidente de la Comisión a la plenaria en fecha 03 de Diciembre de 2013, finalmente la Asamblea Nacional emite el Acuerdo de responsabilidad política publicado en Gaceta Oficial №: 40.310, de Fecha de Gaceta: 6-dic-1 (sic)(…).”
Que “mediante aseveraciones genéricas, ambiguas, vagas, descontextualizadas, sin concreción, ni especificidad de ningún tipo, tanto en lo que se refiere al informe alterado y manipulado presentado a la plenaria de la Asamblea Nacional, como en definitiva, en el acuerdo publicado en Gaceta Oficial, ambos los cuales, sin ningún respeto al derecho a la defensa, al debido proceso, y a la verdad, por cuanto nunca [fue] llamado a comparecer para ofrecer [sus] argumentos, defensas y alegatos, violando inclusive [su] derecho a la presunción de inocencia, toda vez que la Asamblea Nacional en el acto impugnado declara (…), la supuesta ocurrencia de delitos contra la cosa pública presuntamente cometidos por [su] persona, y [su] pretendida Responsabilidad Política, incurriendo de esta manera la institución querellada y el acto impugnado, en (…) vicios de nulidad por razones de inconstitucionalidad (…).”
Que “[e]s evidente y palpable la violación a las garantías mínimas al derecho a la defensa y al debido proceso que fueron groseramente irrespetadas por la Subcomisión Permanente de Control, a través del procedimiento que originó posteriormente el acto parlamentario sin forma de Ley por medio del cual se declaró responsabilidad política en [su] contra, todo ello por cuanto en ningún momento [fue] sujeto de investigación, [su] conducta como Síndico Procurador no se encontraba siendo investigada, no [le] fueron imputados cargos a [su] persona, no [fue] citado a comparecer para rendir declaración, ni siquiera en calidad de testigo, no [fue] citado a un acto de descargos, en general, la investigación se llevó a cabo sin que [su] persona fuera sujeto de la misma, o si así lo fue, se hizo a [sus] espaldas y sin [otorgársele] participación en la misma.”
Que “el informe final conclusivo de la investigación emanado y aprobado por la Comisión no hace referencia a [su] persona, dado que el que fue finalmente presentado a la plenaria de la Asamblea Nacional, resultó ser un informe distinto al aprobado por la Comisión, y que fue una versión alterada y manipulada para [culpársele] a última hora, en ese instante final del procedimiento, de manera totalmente irresponsable y dolosa.”
Que “no fue respetado el debido proceso establecido en el artículo 94 y siguientes del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA del año 2011 (…).”
Que “nunca hubo un acto de inicio de la investigación, donde se describieran los hechos denunciados contra [su] persona, los elementos probatorios y las razones que supuestamente comprometían mi responsabilidad, así como jamás [le] fue notificado dicho auto de ninguna manera, tal y como establece que debe hacerse, a los efectos del descargo del artículo 100 del reglamento in comento (…)”
Que “la Comisión nunca realizó una investigación en contra de [su] persona, la investigación se realizó contra el ciudadano Henri Falcón, a quien citaron y dieron oportunidad de ser parcialmente interpelado, resaltando que en el caso concreto de la investigación por la venta de terrenos en el sector denominado triángulo del este, ni siquiera hubo interpelación al ciudadano Gobernador. Esto agrava la situación, en el sentido que si ni siquiera en el caso de la investigación seguida contra el ciudadano Gobernador se llegó a interpelar, no [entiende] cómo se pudo llegar a establecer responsabilidad en [su] contra.”
Que “por los medios de comunicación y en especial, a través del canal de televisión de la Asamblea Nacional (ANTV), se pudo observar que entre las distintas denuncias investigadas contra el ciudadano Henri Falcón por parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, estaba la venta de los terrenos del sector conocido como triángulo del este.”
Que “[de habérsele] permitido el derecho a la defensa, si se [le] hubiera citado al menos como testigo, habría señalado en primer lugar, que dichas ventas ocurrieron luego que ya había dejado el cargo como Síndico Procurador por medio de renuncia en el año 2005; pero además, habría que señalar que dichas ventas correspondieron a una política de desarrollo urbano del sector que se aprobó y ejecutó a través del Alcalde, del Concejo Municipal y del Instituto Municipal de la Vivienda del Municipio Iríbarren como órganos con competencias y atribuciones para la administración de dichos bienes.”
Que “[el] ciudadano Henri Falcón, el mismo planteó serias razones nulidad por indefensión, durante y después del procedimiento, aun cuando él mismo fue parcialmente interpelado por la Comisión y [dice] parcialmente puesto que en el caso concreto de las ventas del triángulo del este, el mismo no tuvo oportunidad de ser interpelado por este denuncia, como pudo verse por los medios de comunicación.”
Que “es mucho más grosera la violación al debido proceso y al derecho a la defensa por cuanto nunca [fue] citado.”
Que “[e]sta honorable Sala Constitucional ha sido enfática, clara y reiterativa en que los procedimientos de cualquier naturaleza realizados a espaldas del interesado, resultan NULOS, sin ningún efecto, por INCONSTITUCIONALES (…)”
Que “la declaratoria de Responsabilidad Política de [su] persona, sin haberse respetado el Reglamento de Funcionamiento de la Propia Comisión, en sus artículo 98, 100 y 101 que [le] otorgaban derecho a conocer el auto de inicio de la investigación, derecho a descargos y derecho a presentar pruebas, que fueron groseramente desatendidos por la Comisión y por la Plenaria de la Asamblea Nacional, terminaron por violentar gravemente [su]derecho a la defensa y el debido proceso, establecidos en el artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuyo más acabado desarrollo y principios que los inspiran se encuentra consagrados en el artículo 49.1 de la Carta Magna.”
Que “[e]n el presente asunto, tal y como lo señala el numeral 3 del artículo 187 CRBV, el ámbito de control de la Asamblea Nacional se encuentra claramente delimitado, al referirse de forma literal y expresa al Gobierno y la Administración Pública Nacional. No obstante, la Asamblea Nacional, en el presente asunto ejerció un control sobre el Gobierno y la Administración Pública Municipal, excediéndose en la función que Constitucionalmente le esta expresa, clara y literalmente asignada, a la vez que usurpando la función que le corresponde a otro órgano del Poder Público, en este caso, los órganos con competencias contraloras en el ámbito del Poder Público Municipal, como ente político territorial autónomo e independiente del Poder Público Nacional.”
Que “[en] el acto cuya nulidad se demanda, vemos como la Asamblea Nacional, en contravención con el numeral 3ro del artículo 187 de la Constitución Bolivariana, pretende ejercer funciones de control político sobre el gobierno y la administración pública municipal, es decir, de otro ente político territorial del Poder Público Constitucional, funciones que le están asignadas por la Constitución y la Ley al respectivo órgano de control de cada ente municipal, en este caso el Concejo Municipal y la Contraloría Municipal.”
Que “el acto impugnado incurre en un vicio de trasgresión del orden constitucional expreso y literal, dado que no puede la Asamblea Nacional declarar la responsabilidad política de funcionarios del Poder Público Municipal, como lo sería un Síndico Procurador, sin usurpar la función contralora que por orden constitucional y mandato de los artículos art. 176 CRBV y Art. 95.20 de Ley Orgánica del Poder Público Municipal, le corresponde al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal en su respectivo ámbito político territorial.”
Que “[s]egún la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, la Responsabilidad Política sólo puede recaer en altos funcionarios del poder ejecutivo (…)”.
Que “se declaró la responsabilidad política de [su] persona, que nunca [ha] ocupado un cargo de dirección política, ni dentro del Ejecutivo Municipal; [su] desempeñó en la administración pública municipal fue como Síndico Procurador, es decir, un órgano Auxiliar del Poder Público Municipal, en los términos en que así lo establece la Ley del Poder Público Municipal, cargo que no forma parte del Ejecutivo Municipal, que no es responsable de establecer las políticas de administración de los bienes, ni en general de conducir al Municipio en su dirección de políticas públicas; por el contrario, constituye un órgano consultivo de la administración municipal, del cual emanan criterios jurídicos de carácter no vinculante, salvo expresa mención en la ley, con lo cual, es la autoridad del ejecutivo sobre la que recae la responsabilidad de asumir determinada decisión o no sobre la administración de los bienes municipales.”
Que “[d]e acuerdo [al criterio que al respecto ha establecido esta Sala Constitucional], se infiere que los órganos consultivos permiten, mediante la emisión de opiniones, dictámenes o propuestas, preparar la emisión de una decisión de los órganos de la administración activa, mediante la ilustración de ésta en aspectos técnicos y jurídicos. En efecto, la función consultiva es preparatoria de la manifestación de voluntad de la administración, mediante la emisión de declaraciones de juicios, distintas a las declaraciones de voluntad, que corresponde en dicho caso a la Administración Activa.”
Que “[e]n el acto administrativo recurrido la extralimitación en sus funciones por cuanto el funcionario titular de un órgano de consulta, como en [su] caso particular, como Síndico Procurador, no puede incurrir en responsabilidad política por cuanto no ostenta funciones de dirección política, sólo emite dictámenes y opiniones en los supuestos establecidos en el ordenamiento jurídico y previas consultas que le sean elevadas, las cuales pueden tener carácter vinculante o no, pero que en todo caso, no se sustituyen en la voluntad de la administración, sino en un acto preparatorio, que sólo la expresa a través del ejecutivo como funcionario que ejerce la administración activa que es la que genera derechos y obligaciones.”
Que “la problemática del sector triángulo del este de Barquisimeto es compleja y de antigua data, es un sector donde siempre ha habido conflictos de propiedad y litigios por cuestiones de linderos, interpretación de documentos y cartografías, particiones, tanto entre particulares, como entre particulares y el Municipio. En parte de dichos terrenos, el Municipio Iribarren inició una acción judicial de reivindicación durante los años 90 (…) contra particulares que se encontraban en posesión de esos terrenos y durante casi 10 años el procedimiento judicial se mantuvo en fase inicial de contestación y cuestiones previas.”
Que “[c]omo quiera que la decisión de la Asamblea Nacional objeto de impugnación hizo referencia a un evento relacionado con el sector del triángulo del este, el cual no se refiere a las ventas que eran objeto de investigación (donde recordemos que ya no ejercía las funciones de Síndico Procurador), sino a una solución judicial de auto composición procesal sobre el referido proceso judicial (…) la función ejercida en dicho evento, se refirió a la emisión de una opinión jurídica relacionada con el mismo.”
Que “el Alcalde, autorizado por el Concejo Municipal, decidió transar sobre esos derechos litigiosos, que sólo constituían una expectativa de derecho pero jamás un hecho cierto con respaldo de cosa juzgada; [su] participación como Síndico Procurador fue tan sólo emitir un dictamen u opinión NO VINCULANTE, en ejercicio de las referidas competencias y atribuciones como órgano consultivo, pero que en todo caso, no tienen el carácter de sustituirse en la voluntad de la administración, la cual se expresó por medio del Alcalde y del Concejo Municipal que expresó la política pública que decidieron debían aplicar a ese sector para el desarrollo urbano de la ciudad.”
Que “[p]osteriormente a la transacción, se produjeron los cambios de titularidad o ventas, a través de rueda de negocios que organizó el Instituto Municipal de la Vivienda, oportunidad en la cual ya no [se] encontraba en el cargo de Síndico Procurador.”
Que “como titular del órgano consultor del Municipio, durante el tiempo en que se celebró la transacción judicial entre el Municipio y terceros, conforme a toda la base teórica ya antes expresada, no [tuvo] responsabilidad política alguna sobre esos hechos y mal puede la Asamblea Nacional [imputarle] ese tipo de responsabilidad, por cuanto el órgano consultor no tiene competencias para aprobar las políticas públicas que corresponden dentro del Ejecutivo, quien actuó con aprobación del Concejo Municipal y apegado a la normativa.”
Que asimismo “[e]s completamente falso que haya estado vinculado profesionalmente a un ‘grupo de abogados de la familia Sígala’, a quienes jamás [ha] prestado servicios profesionales.”
Que “[la] transacción judicial celebrada, aludida en el informe de la Comisión, fue firmada por [su] persona en condición de abogado asistente del Alcalde del Municipio Iribarren, quien era el funcionario competente para celebrar dicho acto, una vez que fue debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Iribarren en cumplimiento de la obligación legal que señalaba la Ley Orgánica del Régimen Municipal (aplicable en razón del tiempo) de asistir y seguir las instrucciones del Alcalde y el Concejo Municipal que en esa oportunidad habían decidido celebrar la referida transacción. En efecto, quienes tomaron la decisión de celebrar una transacción judicial en dicho asunto, fue el Alcalde de Iribarren, previa aprobación del Concejo Municipal de Iribarren, de modo que no pudiera imputarse a [su] persona responsabilidad (…)”
Que “[e]n el caso del triángulo del este, es falso que se haya ‘desconocido totalmente la cualidad ejidal de esos terrenos’, ya que lo cierto es que el Municipio no tenía certeza judicial (cosa juzgada) sobre la titularidad de los terrenos sobre cuya actuación recae el cuestionamiento político por parte de la Asamblea Nacional, por lo que al tratarse de derechos litigiosos, resultaba legítima y legal la celebración de una transacción en búsqueda de poner fin a ese conflicto y dinamizar el crecimiento de la ciudad, más aun cuando la posición del Municipio tenía una serie de debilidades jurídicas que anticipaban una decisión en contra del Municipio Iribarren que era la parte accionante en reivindicación en dicho asunto y que fueron ponderadas, valoradas y resueltas por el Alcalde y el Concejo Municipal.”
Que “[tales] circunstancias, aunado a una serie de razones que en función de criterios de oportunidad, hicieron que el Ejecutivo Municipal, respaldado por la Cámara Municipal, (…) asumieran una política de administración de estos derechos litigiosos y justificaron la búsqueda de una resolución alternativa del conflicto por parte del Municipio Iribarren.”
Que “no es cierto que [su] persona haya incurrido en ningún modo en conductas ‘negligentes, omisivas y permisivas, sumada a la incapacidad y desconocimiento, así como a la reiterada violación flagrante a las disposiciones legales contenidas en las Ordenanzas del Municipio Iribarren del estado Lara y el consecuente daño patrimonial infringido al Municipio’. Por el contrario, [su] conducta fue siempre diligente, responsable y soportada en [sus] sólidos conocimientos del Régimen Jurídico Municipal, como profesional con estudios de cuarto nivel en la materia, jamás [ha] faltado al cumplimiento con el ordenamiento jurídico, ni [ha] causado daño patrimonial alguno, siempre [ha] sido fiel defensor y garante como profesional del derecho integrante del sistema de justicia(…)”
Que “[n]o es cierto que haya incurrido en los delitos de peculado, malversación y utilidad en actos de la administración pública, tipificados y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, en los artículos 53, 54, 56, 57, 58 y 72, que de manera tan irresponsable y descuidada se [le] endilgan; así como tampoco [ha] incurrido en hechos generadores de responsabilidad administrativa, establecidos en los artículos 82 y 91, numerales 1, 2, 7, 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Nunca [ha] sido imputado por tales hechos por parte de la fiscalía del Ministerio Público, ni por la Contraloría, ni siquiera [tiene] ninguna denuncia en esas dependencias que señalen algo remotamente parecido.”
Que “[e]l artículo 53 de la Ley contra la Corrupción, no puede serle jurídicamente imputable al Síndico Procurador dado que está referido a funcionarios que tengan por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público, y en este caso, la Sindicatura Municipal no ha tenido jamás ninguna de estas competencias en relación a los terrenos relacionados con la denuncia, además que dichos terrenos no se ha extraviado, deteriorado o dañado, mucho menos por imprudencia, negligencia o impericia del Síndico Procurador, por lo que el tipo delictual previsto a la ley no les es ni remotamente imputable.”
Que “el artículo 54 de la Ley de Corrupción, el delito de peculado, no es aplicable a los hechos y denuncias relacionados con la investigación. No hay manera de encuadrar los hechos narrados en el informe de la Comisión, en el tipo penal de que, indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado. No se señala cuál es el beneficio particular y no se ha señalado que he usado dichos bienes o que he permitido que otros los usen. Se señaló que se dieron en venta, supuesto distinto al tipo penal invocado.”
Que “[e]n cuanto al artículo 56 y 57, relacionado con el delito de Malversación genérica y agravada, basta con señalar que la Sindicatura Municipal no administra ni ejecuta fondos, rentas o partidas presupuestaria de ningún tipo. Nada más absurdo pretender imputárseme este delito,’ lo que evidencia la intención de dañar, sin ningún respaldo serio y coherente (…).”
Que “[e]n cuanto a los artículos 58 y 72 invocados por el Acuerdo impugnado, tampoco los hechos involucrados en las denuncias investigadas, encuadran de ninguna manera posible en los tipos delictuales que consagran estas normas, puesto que de ninguna manera se ha demostrado, ni tampoco es el hecho acontecido, que haya evadido algún procedimiento de licitación, o que [le] haya procurado alguna utilidad en cualquiera de mis actos en la Sindicatura Municipal, por lo que es claro que las imputaciones señaladas por la Asamblea carecen de cualquier sustento, veracidad y seriedad, ocasionando un daño injustificable (…).”
Asimismo, solicitó que fuesen suspendidos los efectos del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y, en consecuencia, sea “[librado] oficio a la Asamblea Nacional, no sólo para que comunicarles que se abstengan de ejecutar dicho acto contenido en el Acuerdo, en cuanto a [su] persona se refiere, sino además para que se le ordene a los diputados Presidente de la Comisión de Control ciudadano Pedro Carreño, se abstenga de hacer declaraciones públicas por los medios de comunicación, acerca del asunto en cuestión donde se involucre a [su] persona (…)”.
Que «en cuanto a la presunción de buen derecho, [le] asiste un juicio de verosimilitud basado en el hecho que en el procedimiento llevado a cabo por la Asamblea Nacional, nunca [fue] llamado a comparecer, se celebró a [sus] espaldas, sin [brindársele] oportunidad para efectuar descargos, promover pruebas y controlar las pruebas del funcionario investigador (…) se realizó una supuesta investigación, que en principio no estaba referida a [su] persona, ni concluyó en un informe final que [lo] involucrara, y sin embargo, al momento de la plenaria, se presentó un informe manipulado donde por primera vez [salió] a colación [su] nombre, sin ningún tipo de trámite previo (…)[lo cual] hace indiscutible la presunción de buen derecho de la denuncia de indefensión, lesión al debido proceso [y] violación a la presunción de inocencia (…).”
Que de igual modo “es indudable el daño que [le] está causando actualmente el referido acuerdo en la esfera de [sus] derechos personales y prestigio profesional (…).”
Que “el daño moral que ocasiona una declaratoria de responsabilidad política, resulta implícito, es decir, la sola declaración produce el daño, porque coloca en una situación de descrédito a la persona, alterando [su] posición jurídica. No requiere de medios de prueba para evidenciar el daño, el propio acto causa el perjuicio, más aún cuando es el resultado de una acción dolosa, desprovista de un soporte o fundamento en una investigación apegada a derecho, a la cual nunca [tuvo] derecho y que además es el resultado de un informe manipulado que no fue el que emanó de la Comisión, sino el que el diputado Presidente de la misma presentó a la plenaria con modificaciones significativas a lo que emanó del seno de la Comisión.”
Que “el mencionado diputado Carreño, se ha presentado en diversos medios de comunicación social de cobertura nacional y regional, señalando que [su] persona ha incurrido en delitos y que [debe] ser procesado y penado con prisión, violando [su] derecho a la presunción de inocencia y [causándole] un perjuicio moral, mediante el descrédito injustificado a [su] persona (…).”
Que “[e]sta situación ha afectado seriamente [su] situación familiar, hasta el punto de afectar emocionalmente a [su] señora madre (…) [quien] ha padecido serios ataques de ansiedad en virtud de las fuertes e irresponsables declaraciones del mencionado Diputado.”
Que “[su] condición de profesor en diversas áreas del derecho público [le] permite comprender el alcance y esencia de la inmunidad parlamentaria, empero la misma naturaleza democrática de dicho privilegio y el alcance de los derechos fundamentales al honor y la dignidad no pueden verse afectados por el despliegue del mismo, y en ese sentido la tutela cautelar de la Sala resulta fundamental.”
Con base en las consideraciones expuestas, el demandante solicitó a este Alto Tribunal la nulidad del acto administrativo objeto de la presente acción de nulidad y el decreto de la medida cautelar de suspensión de efectos, por encontrarse satisfechos los extremos de Ley.
II
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra el Acuerdo aprobado el 3 de diciembre de 2013, en sesión plenaria de la Asamblea Nacional,publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.310, de fecha 6 de diciembre de 2013,que declaró la responsabilidad política del recurrente, en su condición de ex Síndico Procurador del Municipio Iribarren del Estado Lara.
Al respecto, se advierte que ha sido ejercida una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra un acto dictado en ejecución directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que emanó del plenario del aludido órgano legislativo, en ejercicio de las funciones constitucionales establecidas en los artículos 187, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, los artículos 334, último aparte, y 336.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen lo siguiente:
“Artículo 334.- (…omissis…)
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella” (resaltado añadido).
“Artículo 336.- Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…omissis…)
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.(…)”
Por otra parte, el artículo 25.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que corresponde a esta Sala: “Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta”.
De lo anterior, se desprende que el criterio acogido por el Constituyente –y seguido por el legislador– para definir las competencias de la Sala Constitucional atiende a la jerarquía del acto objeto de impugnación, esto es, que dicho acto tenga una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico.
En el caso que nos ocupa, observa la Sala que el objeto de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad queda representado en el acto parlamentario sin forma de ley dictado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de las funciones constitucionales establecidas en los artículos 187, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratándose por ello de un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, motivo por el cual esta Sala, de conformidad con lo expuesto, resulta competente para conocer de la demanda de nulidad planteada. Así se declara.
III
ADMISIBILIDAD
Los artículos 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevén que la admisión de las demandas de nulidad por inconstitucionalidad deben ser conocidas directamente por esta Sala para posteriormente ser remitidas al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la tramitación del procedimiento en caso de haber procedido su admisión.
En tal sentido, el artículo 133 eiusdem, dispone lo siguiente:
“Artículo 133.- Se declarará la inadmisión de la demanda:
1.- Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
2.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.
3.- Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúen en su nombre, respectivamente.
4.- Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
5.- Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
6.- Cuando haya falta de legitimación pasiva”.
Revisadas las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita, no se advierte que la demanda de autos se subsuma en alguna de ellas. En consecuencia, esta Sala admite la presente acción en cuanto ha lugar en derecho, sin perjuicio de su potestad de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.
Como consecuencia de dicha admisión y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, así como notificar al Procurador General de la República, a la Fiscal General de la República y Defensora del Pueblo. Por tanto, remítase a los citados funcionarios copia certificada del libelo, de los recaudos aportados por el actor y del presente fallo de admisión. Asimismo, se ordena notificar de la presente admisión a la parte demandante.
Por último, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que realice las notificaciones ordenadas en el presente fallo, acuerde el emplazamiento de los interesados y continúe el procedimiento de Ley conforme con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal.
IV
MEDIDA CAUTELAR
En el caso bajo examen, la parte accionante solicitó medida cautelar de suspensión de efectos, conforme a lo previsto en el 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que sea “[librado] oficio a la Asamblea Nacional, no sólo para que comunicarles que se abstengan de ejecutar dicho acto contenido en el Acuerdo, en cuanto a [su] persona se refiere, sino además para que se le ordene a los diputados (sic) Presidente de la Comisión de Control ciudadano Pedro Carreño, se abstenga de hacer declaraciones públicas por los medios de comunicación, acerca del asunto en cuestión donde se involucre a [su] persona(…)”. (sic).
Dispone la citada norma, lo siguiente:
“Artículo 130.- En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”.
Como se observa, el referido dispositivo no establece los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares. Sin embargo, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala al exigir el cumplimiento concurrente de varios extremos para su estimación, de manera tal que, faltando evidencia de cualquiera de esos elementos, el juez no podría decretar la medida preventiva.
En el supuesto de las demandas de nulidad de normas, con solicitud cautelar de suspensión de sus efectos, la Sala ha sido constante en afirmar que la tutela preventiva “sólo puede acordarse cuando el solicitante, como es normal respecto de toda solicitud de medida cautelar, alega y demuestra que se satisfacen determinados requisitos, en concreto los llamados fumus boni iuris y periculum in mora, a los que se suma la ponderación judicial de los intereses en conflicto, a fin de evitar que la decisión del juez, con ánimo de proteger al solicitante, se convierta en un perjuicio para la colectividad, derivado del carácter erga omnes de las normas” (ver, entre otras, sentencia N° 318/2008).
En el caso de autos, la accionante sostuvo cumplir los requisitos exigidos al indicar, en cuanto al fumus boni iuris que “(…)en el procedimiento llevado a cabo por la Asamblea Nacional, nunca [fue] llamado a comparecer, se celebró a [sus] espaldas, sin [brindársele] oportunidad para efectuar descargos, promover pruebas y controlar las pruebas del funcionario investigador (…) se realizó una supuesta investigación, que en principio no estaba referida a [su] persona, ni concluyó en un informe final que [lo] involucrara, y sin embargo, al momento de la plenaria, se presentó un informe manipulado donde por primera vez [salió] a colación [su] nombre, sin ningún tipo de trámite previo (…) [lo cual] hace indiscutible la presunción de buen derecho de la denuncia de indefensión, lesión al debido proceso [y] violación a la presunción de inocencia(…)”.
Además, sostiene la parte actora que existe periculum in mora pues “el daño moral que ocasiona una declaratoria de responsabilidad política, resulta implícito (…) porque coloca en una situación de descrédito a la persona, alterando [su] posición jurídica. No requiere de medios de prueba para evidenciar el daño, el propio acto causa el perjuicio, más aún cuando es el resultado de una acción dolosa, desprovista de un soporte o fundamento en una investigación apegada a derecho, a la cual nunca [tuvo] derecho y que además es el resultado de un informe manipulado que no fue el que emanó de la Comisión, sino el que el diputado Presidente de la misma presentó a la plenaria con modificaciones significativas a lo que emanó del seno de la Comisión.”; ello aunado al daño emocional que causaron en su esfera familiar, las declaraciones que sobre su supuesta responsabilidad política rindió el Presidente de la Comisión de Control ciudadano en diversos medios de comunicación social.
En ese sentido, esta Sala, en su decisión N° 287 del 28 de febrero de 2008 (caso: Morris Sierralta Peraza y Manuel Rojas Pérez), estableció lo siguiente:
“…Como es jurisprudencia reiterada de esta Sala, la suspensión de los efectos de las normas, así se plantee como protección cautelar por medio del amparo constitucional o por la vía del Código de Procedimiento Civil, constituye una respuesta excepcional del juez frente a violaciones al derecho que no encuentran otra forma idónea de ser atendidas.
La situación normal debe ser la opuesta, en virtud de su presunción de constitucionalidad y legalidad, y debido a su carácter erga omnes, las normas deben mantener su aplicabilidad hasta que el tribunal competente, luego de un serio y detenido análisis, determine su invalidez. Actuar de otra forma puede ocasionar más perjuicios que ventajas, con lo que la tutela provisional puede convertirse, lejos de su verdadera justificación, en un mecanismo para desatender disposiciones sobre las que aún resta hacer el pronunciamiento definitivo.
En este caso, la complejidad del asunto en debate amerita un análisis profundo de constitucionalidad acerca de la posibilidad de que mediante decretos leyes se dicten normas de carácter penal, por lo que la opinión de la Sala sobre la no aplicación de las normas cuya nulidad se solicita, mientras se resuelve el fondo de la demanda, conllevaría a un prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo. En consecuencia, estima esta Sala que no debe concederse la medida solicitada respecto de los artículos cuya nulidad por inconstitucionalidad se demanda…”
En el caso de autos se ha solicitado la suspensión de los efectos del Acuerdo aprobado en la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional celebrada el 3 de diciembre de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.310, de fecha 6 de diciembre de 2013, mediante el cual se declaró la responsabilidad política del recurrente.
Al respecto, esta Sala advierte que el contenido de la referida solicitud, además de no reunir los requisitos de procedencia de la tutela cautelar requerida (fumus boni iuris, periculum in mora y ponderación de intereses en juego) debido a su argumentación genérica, amerita una revisión que excede el simple análisis del acto impugnado, como requisito esencial para acordar una medida cautelar, la cual se caracteriza por su provisionalidad o temporalidad y por su efecto preventivo para proteger los derechos de quien la solicita; en tal sentido, se aprecia que la medida cautelar peticionada guarda plena identidad con la pretensión de fondo, por lo que no resulta posible acordar su procedencia sin entrar a realizar un análisis sobre cuestiones que resultan propias del fallo de mérito de la causa debatida y que ameritaría un debate probatorio ajeno a esta fase cautelar, motivo por el cual, se niega la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado, pues su otorgamiento implicaría ineludiblemente un prejuzgamiento sobre el fondo de lo debatido, que vaciaría de contenido la causa principal. Así se declara.
Aunado a lo anterior, y respecto a la solicitud de tutela preventiva del accionante de que le “[sea ordenado] a los diputados Presidente de la Comisión de Control ciudadano Pedro Carreño, se abstenga de hacer declaraciones públicas por los medios de comunicación, acerca del asunto en cuestión donde se involucre a [su] persona” (sic), advierte la Sala, que el mencionado Diputado no preside actualmente la Comisión de Control Ciudadano del Parlamento, lo cual implica el decaimiento del objeto de la referida solicitud cautelar. Así finalmente se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley:
PRIMERO: DECLARA SU COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta en su propio nombre por el abogado JOSÉ EMILIO GIMÉNEZ MENDIA contra el Acuerdo aprobado en la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional celebrada el 3 de diciembre de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.310, de fecha 6 de diciembre de 2013, mediante el cual se declaró la responsabilidad política del recurrente.
SEGUNDO: ADMITE la presente demanda de nulidad por inconstitucionalidad.
TERCERO: DECLARA LA IMPROCEDENCIA dela solicitud de medida preventiva de suspensión de efectos.
CUARTO: DECLARA EL DECAIMIENTO DEL OBJETO de la solicitud cautelar innominada consistente en que le “[sea ordenado] a los diputados (sic) Presidente de la Comisión de Control ciudadano Pedro Carreño, se abstenga de hacer declaraciones públicas por los medios de comunicación, acerca del asunto en cuestión donde se involucre a [su] persona”.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de Sustanciación.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 14-0005
CZdM/
Una vez finalizada la ronda de negociaciones entre la Legítima AN 2015 y la usurpación, perdón el interinato que conllevara al restablecimiento de la secuestrada institucionalidad Venezolana, es decir con un poder ciudadano [Fiscalía y Contraloría ] revestida de autonomía orgánica plena y funcional y como lo expresa la líder, María Corina Machado imperara la Verdad y Justicia y a través de FavenP (Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo)), que me honro en presidir, solicitaré por ante la Secretaria de la AN legitima el envío de estas resoluciones de Sanción Política, actualmente engavetadas ante la Fiscalía General y la Contraloría a objeto de que, la Fiscalía ejerza la potestad de investigación penal y la Contraloría dicte las medidas de multes pecuniarias e inhabilitación, para ejercer cargos públicos a estos deshonrosos, que saquearon y siguen con esa conducta el erario público municipal & regional, que en el caso de Falcón y en el caso del aviador el patrimonio larense y nacional siendo éste último el caso del guiso en el Proyecto Yacambú.
Con el paso de los años, el proceso administrativo quedó en el terreno del debate político histórico sin mayores consecuencias legales activas.
En la actualidad, las tensiones entre ambos actores han variado dentro del escenario político venezolano, donde Henri Falcón ha continuado su trayectoria como dirigente y parlamentario manteniendo posturas de crítica local y nacional; pero mosca por que lo están casando junto al aviador.
: