La alteración de nombres en actas por parte de funcionarios de la DGCIM configura el delito de falsedad ideológica y evidencia un patrón institucional que podría comprometer directamente a la cadena de mando del organismo.
Funcionarios DGCIM admiten ante el juez que alteran sus nombres en actas por «política del organismo». Además de configurar falsedad ideológica (art. 320 CP), confiesan un patrón institucional que compromete directamente a la cadena de mando ante la CPI
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