Cualquier acuerdo petrolero firmado sin el consentimiento del Estado venezolano es nulo en términos legales y constitucionales, ya que la soberanía sobre los recursos naturales es un principio fundamental en la Constitución.
Desde una perspectiva internacional, tales pactos también generan desconfianza, especialmente en EE. UU., donde se exige transparencia y legitimidad democrática.
El reciente anuncio de Trump sobre un supuesto acuerdo no ha sido validado por las autoridades venezolanas, lo que refuerza la tesis de que cualquier pacto fuera del marco institucional vigente carece de validez.
La gestión petrolera debe respetar procesos democráticos y normas constitucionales.
El escándalo trasciende fronteras. Mientras en Washington el Congreso cuestiona la legalidad de que el Pentágono tome acciones en empresas privadas, en Venezuela el asunto es aún más grave: violan abiertamente nuestra propia Constitución.
Aunque el régimen pisotee el Estado de derecho, la Ley es clara.
El artículo 187, numeral 9, establece tajantemente que todo contrato de interés público o nacional con Estados, entidades oficiales extranjeras o empresas no domiciliadas en el país requiere aprobación legislativa.
Cualquier pacto petrolero a espaldas del país no solo es sospechoso en EE. UU.; en Venezuela es radicalmente nulo, ilegal e inconstitucional.
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