Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha enfrentado el deterioro más severo de su red eléctrica. Aunque en la capital del país el impacto pueda disimularse, en las regiones las interrupciones del servicio no son una contingencia, sino una pesada rutina diaria. Las medidas presentadas bajo el eufemismo de «administración de carga» esconden un racionamiento severo, errático e inequitativo que asfixia la cotidianidad del ciudadano común.
Ministro Juan C. Fernández: ¿hasta cuándo la población deberá someterse a esta parálisis forzada? El racionamiento eléctrico en regiones como el estado Portuguesa sobrepasa los límites de lo tolerable, con suspensiones que superan las seis horas continuas. La indignación aumenta al constatar cómo ciertos sectores privilegiados parecen exentos de las medidas, mientras las comunidades vulnerables pagan el costo de un sistema colapsado.
Apagar los circuitos a las 9:00 p.m. para restablecer el servicio a las 3:00 a.m. implica someter a las familias a madrugadas de zozobra, desvelo y desgaste psicológico. A esto se suma el impacto socioeconómico: la falta de cronogramas oficiales impide tomar previsiones para proteger los pocos electrodomésticos golpeados por sobretensiones y fluctuaciones violentas. Un racionamiento aplicado sin planificación ni aviso previo destruye la capacidad productiva del país y atenta directamente contra la salud mental y física de la población.
En municipios como Araure, el corte de energía desencadena un colapso en cadena. Sin electricidad, las telecomunicaciones caen y las estaciones de bombeo de agua dejan de funcionar. La desconexión retrocede a las comunidades a condiciones precarias: sin luz, sin conectividad y sin servicio de agua potable. Cuando una bomba o transformador se avería por estas variaciones, el tiempo de respuesta institucional suele extenderse durante meses.
Resulta alarmante la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre un plan de contingencia para mitigar esta coyuntura. La inequidad en la distribución del servicio entre la capital y el resto de los Estados proyecta la imagen de un país dividido. Mientras tanto, las autoridades regionales insisten en balances oficiales que no concuerdan con la realidad operativa, mientras la gerencia territorial se subordina al discurso político local.
El progreso de una nación es inviable bajo un esquema de racionamiento severo que desarticula el comercio, la educación y la vida familiar. Se exige una revisión urgente de los esquemas de distribución en el estado Portuguesa y una gestión transparente de la infraestructura eléctrica nacional.
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Prof. Edward Rodriguez
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Araure Edo Portuguesa