¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS TERRORISTAS,
SECUESTRADORES Y ENEMIGOS DE WASHINGTON?
Grave denuncia sobre la cacería humana contra venezolanos en Doral y el sur de Florida
Doral, Florida – septiembre de 2026
MANIFIESTO
Quienes suscribimos este manifiesto, venezolanos residentes en Doral, el sur de Florida y otras ciudades de los Estados Unidos de América, nos dirigimos respetuosamente al Gobierno de los Estados Unidos, al Congreso, a los tribunales federales, al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a las autoridades del estado de Florida y a la opinión pública nacional e internacional.
Lo hacemos para recordar quiénes somos los venezolanos, para reafirmar nuestra histórica amistad con el pueblo de los Estados Unidos y para pedir una rectificación de toda conducta que pueda convertir la aplicación legítima de la ley migratoria en una persecución indiscriminada contra nuestra comunidad.
Los venezolanos hemos sido durante décadas amigos de los Estados Unidos, aliados democráticos, socios comerciales y socios estratégicos. No llegamos para atacar este país. Millones llegaron buscando la protección, el trabajo, la seguridad y la legalidad que dejaron de encontrar en Venezuela.
A VEINTICINCO AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
A veinticinco años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando 19 terroristas de Al Qaeda asesinaron a 2.977 personas inocentes de 90 países, Estados Unidos y el mundo deben responder tres preguntas fundamentales: [1][2]
¿QUIÉNES SON LOS TERRORISTAS?
¿QUIÉNES SON LOS SECUESTRADORES?
¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS ENEMIGOS DE WASHINGTON?
La respuesta no puede depender de prejuicios, generalizaciones, conveniencias electorales o intereses petroleros. Debe encontrarse en los hechos.
Los terroristas del 11-S pertenecían a Al Qaeda. Quince eran ciudadanos de Arabia Saudita; los restantes procedían de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y el Líbano. NINGUNO ERA VENEZOLANO. [2][3]
Pero la responsabilidad tampoco puede trasladarse colectivamente a los árabes, los iraníes o los musulmanes. Terrorista es quien planifica, financia, ejecuta o colabora conscientemente con el terrorismo. Ningún pueblo y ninguna religión pueden ser condenados por los delitos de personas y organizaciones concretas.
UNA NACIONALIDAD NO ES UN DELITO.
UN PASAPORTE NO ES UNA SENTENCIA.
HUIR DE UNA DICTADURA NO CONVIERTE A NADIE EN ENEMIGO DE ESTADOS UNIDOS.
¿DE DÓNDE SURGIÓ AL QAEDA?
Al Qaeda no nació en Venezuela ni entre los trabajadores que hoy viven en la ciudad de Doral, Florida. Surgió del conflicto afgano contra la ocupación soviética.
Durante la guerra de Afganistán, de 1979 a 1989, combatientes y voluntarios extranjeros llegaron a ese país para participar en la resistencia. Osama bin Laden y el clérigo palestino Abdullah Azzam crearon una estructura denominada Maktab al-Khidamat, u Oficina de Servicios, dedicada a reclutar personas, movilizar recursos y canalizar combatientes hacia Afganistán.
En 1988, cuando se aproximaba la retirada soviética, Bin Laden y sus colaboradores decidieron conservar aquella estructura y transformarla en una organización internacional. Así nació Al Qaeda, “la base”. [3]
La organización fue financiada inicialmente con recursos de Bin Laden y mediante redes de donantes privados, fundaciones, organizaciones caritativas y empresarios, principalmente procedentes de Arabia Saudita y otros países del Golfo. Posteriormente estableció empresas, cuentas bancarias, centros de entrenamiento, organizaciones de fachada y mecanismos internacionales para mover dinero, armas y militantes.
La Comisión Nacional del 11-S precisó un hecho importante: Estados Unidos y Arabia Saudita apoyaron con miles de millones de dólares a grupos afganos que combatían a la Unión Soviética, canalizando la ayuda principalmente a través de los servicios de inteligencia de Pakistán. Sin embargo, la misma Comisión concluyó que Bin Laden y sus colaboradores contaban con sus propias fuentes de financiamiento y recibieron poca o ninguna asistencia directa de Estados Unidos. [3]
Esto debe aclararse para no sustituir la historia por teorías sin pruebas.
Bin Laden dirigió Al Qaeda desde su fundación. Ayman al-Zawahiri, dirigente de la Yihad Islámica Egipcia, se convirtió posteriormente en su principal lugarteniente y sucesor. Khalid Sheikh Mohammed fue identificado como el principal arquitecto operacional del 11-S.
Sudán permitió durante varios años que Bin Laden estableciera allí empresas y centros de operaciones. Más adelante, el régimen talibán le proporcionó refugio y territorio en Afganistán, donde Al Qaeda instaló campamentos, entrenó militantes y preparó ataques.
La Comisión del 11-S también encontró pruebas de que autoridades iraníes facilitaron el tránsito de algunos integrantes de Al Qaeda por su territorio antes de los atentados. Pero fue igualmente precisa al señalar que no encontró evidencia de que Irán o Hezbolá conocieran anticipadamente la planificación específica del 11-S. Esa distinción resulta indispensable: debe investigarse toda colaboración concreta, sin convertir a un pueblo entero en culpable. [3]
Después de la muerte de Bin Laden en 2011 y de Zawahiri en 2022, Al Qaeda se transformó en una red más descentralizada. Diversas evaluaciones han señalado al egipcio Saif al-Adl como dirigente de facto, aunque la sucesión no ha sido reconocida públicamente de manera uniforme. Distintos informes lo han situado en Irán, circunstancia que corresponde esclarecer y vigilar a los organismos de seguridad.
La organización conserva aliados y filiales en distintas regiones. La lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas identifica centenares de personas y entidades relacionadas con Al Qaeda y el Estado Islámico. [4]
ALLÍ DEBEN BUSCARSE LAS REDES TERRORISTAS: entre sus dirigentes, financistas, reclutadores, organizaciones afiliadas, protectores y colaboradores; no entre los venezolanos que sirven comidas, construyen edificios, atienden enfermos, conducen vehículos, sostienen pequeñas empresas y pagan impuestos en Estados Unidos.
LOS VENEZOLANOS NO EMIGRAMOS EN BUSCA DE “EL DORADO”, AUNQUE VIVAMOS EN DORAL
Cerca de 7,9 millones de venezolanos se encuentran fuera del país, según ACNUR. Reducir ese éxodo a una simple búsqueda de prosperidad individual constituye una falsificación de nuestra gran tragedia. [5]
Millones de venezolanos abandonaron sus hogares porque el país dejó de ofrecer seguridad y condiciones mínimas en los servicios de agua potable, electricidad, combustible, salud, vivienda y transporte; y, lo que es aún más grave, justicia, trabajo digno, estabilidad y garantías democráticas. Salieron por la destrucción económica, la persecución política, el encarcelamiento de opositores y la demolición de las instituciones.
El comienzo del final de la migración venezolana no está en las redadas, la humillante e ilegal persecución y cacería humana, las esposas, los centros de detención ni los aviones de deportación.
El comienzo del final será la existencia de un gobierno legítimo en Venezuela; el restablecimiento de la legalidad constitucional; la recuperación de la democracia; la independencia de los poderes públicos; la libertad incondicional de todos los presos políticos; el derecho de los exiliados a regresar sin miedo; y el cumplimiento de las leyes y convenios internacionales de protección humanitaria, derecho de asilo y derechos humanos.
Mientras Venezuela no vuelva a ser una casa segura para sus propios hijos, continuará la presión migratoria. Deportar a las víctimas sin corregir la causa del éxodo solo trasladará el sufrimiento de un lugar a otro.
VENEZUELA ES UNA CASA SECUESTRADA
Imaginemos una casa dentro de la cual una familia permanece secuestrada. Sus integrantes están amarrados de manos y pies, amordazados, vigilados y despojados de su libertad.
Quien llega para rescatarlos debe cortar las cuerdas, quitarles la mordaza, proteger sus vidas, poner al secuestrador a disposición de la justicia y devolver la vivienda a sus legítimos propietarios.
Pero ¿qué ocurriría si el supuesto rescatista, antes de liberar a las víctimas, comenzara a revisar las habitaciones, abrir la caja fuerte, calcular el valor de las joyas y negociar con el secuestrador la repartición de los bienes?
ESO NO SERÍA UN RESCATE.
SERÍA UNA BURDA NEGOCIACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS SECUESTRADOS MIENTRAS ESTOS CONTINÚAN AMARRADOS.
El pueblo venezolano ha sido mantenido como rehén por un aparato de poder que desmanteló la democracia, convirtió las instituciones en instrumentos de control y utilizó a los presos políticos como fichas de negociación.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia contra opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido la liberación inmediata de los presos políticos y el fin de la incomunicación. [6][7]
Esos son los secuestradores: quienes privan arbitrariamente de libertad, utilizan seres humanos para negociar, impiden al pueblo elegir auténticamente a sus gobernantes y se apropian de las instituciones y riquezas nacionales.
PRIMERO LA LIBERTAD; DESPUÉS EL PETRÓLEO
Venezuela posee inmensas reservas petroleras. Estados Unidos tiene intereses legítimos de seguridad energética, y nuestro país necesita inversión, tecnología, financiamiento y mercados confiables.
La cooperación energética debe reconstruirse. Pero tendrá que hacerse mediante autoridades legítimas, instituciones democráticas, contratos transparentes, control constitucional, seguridad jurídica y participación de los trabajadores.
EL PETRÓLEO NO PUEDE CONVERTIRSE EN EL PRECIO QUE DEBA PAGAR UN PUEBLO SECUESTRADO PARA RECUPERAR SU LIBERTAD.
No se puede llegar a la casa buscando primero el botín. No se puede negociar con el secuestrador sobre el valor de los bienes mientras las víctimas siguen amordazadas.
Primero debe restablecerse la libertad. Primero deben abrirse las cárceles políticas. Primero hay que devolverles las instituciones y el país a sus verdaderos propietarios.
Después, una Venezuela libre podrá negociar soberanamente con Estados Unidos y con el mundo.
DENUNCIAMOS UNA CACERÍA HUMANA EN DORAL Y EL SUR DE FLORIDA
Mientras se estudian acuerdos relacionados con el petróleo venezolano, en Doral y otras ciudades del sur de Florida se multiplican las denuncias sobre detenciones de venezolanos sin antecedentes criminales, con permisos de trabajo, solicitudes de asilo o procedimientos migratorios pendientes.
Lo decimos con responsabilidad, pero también con enorme gravedad:
LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN DORAL PRESENTA CADA DÍA MÁS, A JUICIO DE LOS FIRMANTES, LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA CACERÍA HUMANA CONTRA LA COMUNIDAD VENEZOLANA.
Las personas sienten miedo de conducir, acudir al trabajo, presentarse en un aeropuerto o asistir a una cita con las propias autoridades migratorias. Familias que huyeron del terror en Venezuela vuelven a sentirlo en las calles de Estados Unidos.
La prensa documentó el caso de Humberto Castro, venezolano de 59 años y residente de Doral desde hacía ocho años, detenido cuando se dirigía a trabajar. Según su familia, no tiene antecedentes criminales, posee autorización de empleo hasta 2030 y mantiene pendiente su solicitud de asilo. [11]
Un informe elaborado por organizaciones venezolanas y entregado al Congreso de los Estados Unidos documentó otros casos de personas detenidas entre julio y agosto de 2026 pese a tener autorización de empleo y solicitudes de asilo pendientes. Las organizaciones solicitaron que el DHS y el ICE informen cuántos venezolanos detenidos tienen antecedentes criminales y cuántos conservan procedimientos migratorios abiertos. [11]
Doral no es cualquier ciudad. El Censo informa que 70,3 % de su población nació fuera de Estados Unidos y 85,5 % es hispana o latina; reportes periodísticos estiman que más de un tercio de sus residentes es de origen venezolano. [8][9] El Concejo Municipal autorizó una asociación con ICE bajo el programa 287(g), que permite delegar determinadas funciones migratorias a agencias locales bajo supervisión federal. [9][10] Esa combinación exige especial vigilancia para impedir perfiles basados en nacionalidad, apariencia o idioma.
Es verdad que los operativos migratorios también han afectado a personas de otras nacionalidades. Pero eso no elimina la alarma específica dentro de la comunidad venezolana ni responde por qué se están deteniendo personas sin antecedentes que comparecen ante las instituciones y mantienen casos pendientes.
Precisamente por eso preguntamos:
¿EXISTE UNA ORDEN, INSTRUCCIÓN, CUOTA, LISTA O PERFIL OPERACIONAL DIRIGIDO ESPECIALMENTE CONTRA LOS VENEZOLANOS?
Si no existe, el DHS y el ICE deben demostrarlo mediante estadísticas completas y verificables. Si existe alguna directriz basada en raza, nacionalidad o credo, y no en conductas individuales, debe ser suspendida inmediatamente, investigada por el Congreso y sometida al control de los tribunales.
EL SILENCIO OFICIAL SOLO FORTALECE LA SOSPECHA.
ASILO PENDIENTE, PERMISO DE TRABAJO Y DEBIDO PROCESO
Debe hacerse una precisión jurídica: una solicitud de asilo pendiente y una autorización de empleo no son necesariamente equivalentes a un estatus migratorio permanente ni impiden, por sí solas, cualquier actuación de las autoridades.
Pero tampoco son papeles sin valor dentro del marco del derecho.
Una autorización de empleo vigente es un documento expedido por el Estado. Una solicitud de asilo representa un procedimiento legal iniciado ante sus instituciones. Una cita pendiente significa que la propia administración todavía no ha decidido definitivamente el caso. EL CASO ESTÁ PENDIENTE. [12]
Cada persona puede tener una situación distinta. Por eso resulta indispensable revisar individualmente si posee TPS vigente, asilo concedido o pendiente, libertad condicional, visa, residencia, autorización laboral, recurso judicial o una orden definitiva de expulsión.
LO CONTRARIO SERÍA DETENER PRIMERO Y AVERIGUAR DESPUÉS.
Una investigación de Reuters determinó que más de 400 jueces federales habían emitido al menos 4.421 decisiones concluyendo que determinadas detenciones migratorias eran ilegales. [13]
Según datos citados por organizaciones venezolanas y publicados por la prensa, el 11 de julio de 2026 había 65.765 personas bajo custodia del ICE y más del 70 % no tenía condenas criminales. [11]
Esas cifras no demuestran por sí solas que cada detención sea ilegal. Pero destruyen el argumento de que todos los detenidos son peligrosos delincuentes y obligan a una revisión urgente de las políticas aplicadas.
NO SE PUEDE ENCARCELAR A LA VÍCTIMA Y NEGOCIAR CON EL SECUESTRADOR
Estados Unidos y cualquier otro país tienen derecho a proteger sus fronteras, combatir el crimen y deportar, conforme a la ley, a quienes no tengan derecho a permanecer en su territorio.
Los residentes de Doral y de los Estados Unidos NO SOLICITAMOS IMPUNIDAD PARA CRIMINALES, TERRORISTAS NI INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES VIOLENTAS.
Exigimos que no se confunda al trabajador con el delincuente, al refugiado con el terrorista ni al perseguido con su perseguidor.
Resultaría moralmente inadmisible que una persona acusada de terrorismo tenga acceso a un abogado y a un juez, mientras un trabajador venezolano sin antecedentes es esposado, incomunicado y trasladado antes de poder defenderse.
La Quinta Enmienda dispone que ninguna persona sea privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. El debido proceso no es un regalo presidencial: es un límite constitucional al poder del Estado. [14]
NUESTRA EXIGENCIA
Desde la diáspora venezolana y el exilio forzoso de venezolanos en los Estados Unidos, respetuosamente solicitamos a las autoridades de este país y a la comunidad internacional:
- La revisión individual e inmediata de los venezolanos detenidos que no tengan antecedentes criminales y mantengan trámites migratorios abiertos.
- La liberación, bajo mecanismos legales de supervisión, de quienes no representen peligro comprobado ni riesgo de fuga.
- El respeto a permisos, autorizaciones y decisiones vigentes mientras no sean revocados mediante el procedimiento legal correspondiente.
- La publicación de las órdenes operacionales, criterios, cuotas y estadísticas utilizadas en Doral y el sur de Florida.
- Una investigación del Congreso y de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental sobre la posible utilización de perfiles nacionales en las detenciones.
- La identificación pública de cuántos venezolanos detenidos tienen condenas, acusaciones pendientes, autorizaciones de trabajo, solicitudes de asilo u otros procedimientos abiertos.
- Que la libertad de todos los presos políticos y la restauración democrática de Venezuela tengan prioridad sobre cualquier negociación petrolera.
- Que los futuros acuerdos energéticos sean celebrados por instituciones legítimas, bajo control constitucional y con participación de los trabajadores.
¿QUIÉNES SON LOS ENEMIGOS?
Los terroristas son quienes planifican, financian y ejecutan el terror.
Los secuestradores son quienes mantienen a un pueblo sin libertad, convierten a los presos políticos en fichas de negociación y se apoderan de las instituciones y riquezas de una nación.
Los enemigos de Washington son quienes atacan a Estados Unidos, protegen redes terroristas, dirigen organizaciones criminales o amenazan su seguridad y sus valores democráticos.
LOS ENEMIGOS NO SON LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS DE DORAL.
Los venezolanos que escaparon de la represión no son enemigos: son sobrevivientes. No llegaron para destruir a Estados Unidos. Llegaron para trabajar, proteger a sus familias y vivir bajo las leyes de una democracia.
UN LLAMADO A WASHINGTON Y A LA REFLEXIÓN NACIONAL
No pedimos que se viole la ley. QUIEN VIOLE LA LEY DEBE SER INVESTIGADO Y SANCIONADO CONFORME AL DEBIDO PROCESO. Pedimos que no se les violen la ley ni los derechos a quienes han cumplido sus obligaciones y mantienen procedimientos legalmente abiertos en el país.
Exhortamos al Gobierno federal, a las autoridades de Washington, al Congreso y a las autoridades de Florida a reflexionar y corregir toda conducta de persecución indiscriminada. Esa conducta perjudica a los venezolanos, debilita la confianza entre las comunidades y las instituciones, afecta la cooperación con las autoridades y daña los intereses generales de los Estados Unidos.
Los firmantes consideran, además, que una política percibida como persecución contra venezolanos que cumplen la ley puede deteriorar la confianza cívica y electoral de una comunidad que durante años ha respaldado a dirigentes republicanos y al presidente Donald Trump. Esta consideración se formula como una advertencia política de los suscriptores, no como una predicción electoral demostrada.
La relación histórica entre venezolanos y estadounidenses no debe ser destruida por generalizaciones, perfiles colectivos ni procedimientos que traten como enemigos a quienes llegaron buscando la protección de la democracia.
NO SE HONRA LA MEMORIA DEL 11-S FABRICANDO TERRORISTAS ENTRE LOS INOCENTES.
NO SE LIBERA UNA CASA ENCARCELANDO A QUIENES LOGRARON ESCAPAR DE ELLA.
NO SE RESCATA A UN PUEBLO NEGOCIANDO PRIMERO CON SUS SECUESTRADORES SOBRE EL PETRÓLEO GUARDADO DENTRO DE LA CASA.
WASHINGTON DEBE DEJAR DE ESPOSAR AL SOBREVIVIENTE MIENTRAS NEGOCIA CON EL SECUESTRADOR.
NO CLAMAMOS INDULGENCIA, PEDIMOS Y EXIGIMOS JUSTICIA.
Nota de rigor: las expresiones “cacería humana”, “casa secuestrada” y las apreciaciones sobre consecuencias políticas reflejan la denuncia y la posición de los firmantes. No se presentan como conclusiones judiciales ni como prueba de una orden oficial dirigida específicamente contra venezolanos. Los hechos de cada caso migratorio deben verificarse individualmente.
ADHESIONES INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES
Este manifiesto queda abierto a la adhesión de organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias, gremios, sindicatos, iglesias, académicos, juristas, trabajadores, empresarios, dirigentes e individualidades.
| Nombre o institución | Representante | Ciudad y estado | Firma y fecha |
Contacto para adhesiones: ______________________________________________