La crisis eléctrica nacional se atribuye a decisiones políticas y gestiones deficientes durante periodos clave. Rubén Morales señala que acuerdos entre figuras como Henry Ramos Allup y Hugo Chávez contribuyeron al colapso del sistema, evidenciando una responsabilidad compartida en la gestión energética. Aunque Chávez impulsó políticas centralizadas, la influencia de Ramos Allup en el diseño de políticas energéticas durante su periodo ha sido cuestionada. La falta de inversión, mantenimiento y planificación estratégica durante estos años profundizó la dependencia del sistema y fragilizó su estructura. Estas decisiones acumulativas han generado una crisis sistémica que afecta aún hoy a la población venezolana.
Hoy lamentablemente, los venezolanos sufrimos los rigores de una severa crisis eléctrica de ahí: los prolongados y severos racionamientos, recuerdo que la misma comenzó a mostrar deficiencias leves por los años 1986, en época del gobierno de Jaime Lusinchi, y su barragana Blanca Ibáñez, producto de que la generación hidroeléctrica aportada por el Gurí, ya mostraba signos de preocupación producto del fenómeno del Niño y la devastadora acción criminal desde el punto de vista ambiental provocada por los Garimpeiros llegados del Brasil, a explotar la minería en forma ilegal e irracional aprovechándose de la debilidad institucional del Ministerio del Ambiente, de ese momento provocando la desforestación devastadora de las cuencas, que protegían las afluentes de los ríos, que alimentaban al Caroní, y este era el que aportaba el gran potencial hidroeléctrico, que vertía sus aguas en la presa del Gurí.
Una vez que toma posesión CAP en febrero de 1989, Miguel Rodríguez ministro de Planificación y jefe del área económica, le lleva un punto de cuenta a consideración del presidente, donde le hace saber, que el Sistema Eléctrico Nacional(SEN), sólo estaba recibiendo, para su distribución un 60%, aportado por el Gurí y se hacia imperante suplir ese 40% de déficit con la instalación de 23 plantas, que generaran energía termoeléctrica alimentada con diésel o gas en regiones ya estudiadas como: 2 en Macagua; 3 en el Zulia, 1 en el centro; otra en Punto Fijo; en Lara, El Vigía; en la zona del Complejo Hidroeléctrico Uribante – Caparo, ubicado en Táchira; en Margarita y el resto en otros espacios de la geografía nacional.
A tal efecto, en vista de que Lusinchi dejó al país quebrado debido a la gran corrupción imperante, y por cierto HRA, se aprovechó de la misma debido a su gran cercanía con la barragana Ibáñez y lleno de jugosas contrataciones al margen de la Ley de Licitaciones, para el Clan D’Agostino (su suegro y cuñado), y por ende no existían divisas para adquirir esas plantas y logró por su amistad con el presidente del Banco Mundial, para ese entonces, Barber Conable, que autorizó la aprobación de un crédito puente de 800 millones de $, sin necesidad de reunirse el directorio, para su autorización.
Pero, se hacia obligante que éste endeudamiento fuera discutida y aprobado por la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, presidido por el dirigente de Copei, Luis Enrique Oberto, amparado en el Pacto de Punto Fijo, y CAP, autoriza al ministro Rodríguez, que se dirija al Congreso, y canalice el mismo a través de HRA, que para ese entonces ocupaba el cargo de jefe de la poderosa fracción parlamentaria de AD, en el Congreso.
En efecto, una vez presentándose ante HRA, este lo conduce a la oficina del Pdte. de la Cámara de Diputados, L.E. Oberto, y le hace entrega de la solicitud de endeudamiento firmada por CAP, y cuando HRA, observa la misma, se percata que una de las plantas a instalar era la Termoeléctrica Uribante Caparo, a un costo de 80 millones de $, del total de 800 millones solicitados para su aprobación, y HRA brillándole los ojos salta y le dice al Ministro Rodríguez, que esa obra se la otorgara a la Constructora D’Agostino, propiedad de su suegro, Franco D’Agostino; y Oberto le plantea que le asignen obras civiles a su hermano contratista Ignacio Oberto, por no trabajar con nada, que se parezca a eléctrico: en este caso sugirió asignarle las mismas del presupuesto de infraestructura del Centro Simón Bolívar, y el ministro Rodríguez le manifestó, que el no podía complacerlos, porque el Banco Mundial exigía, que los recursos aportados por esta institución, para apoyos a planes de inversión en este caso, se debería montar un proceso de licitación pública internacional, según lo contemplaba la Ley de Licitaciones vigentes para ese entonces.
Hoy reformada bajo el nombre de Ley de Contrataciones Publicas, para que concurriesen a participar las mejores empresas del ramo como [GE, Siemens, Hitachi, Westinghouse, etc. etc. [ y se le otorgase la buena pro a la empresa, que presentara la mejor oferta y calidad posible; entonces HRA, le respondió: sino hay contratos aquí que dejar entonces, no hay aprobación y lamentablemente CAP, no pudo hacer nada por cuanto HRA, era protegido de Luis Alfaro Ucero secretario general nacional de AD, que le había quitado el apoyo al presidente CAP, cuando éste se negó a designar ministros del gabinete a militantes de AD postulados por el partido, y tomó la sabia decisión de integrar el gabinete ministerial con jóvenes profesionales egresados de las mejores Universidades del Mundó como: Harvard, Yale, Columbia, Sorbona etc. etc. que fueron financiados sus estudios con el famoso plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho».
Como (Miguel Rodríguez, Moisés Naím, Ricardo Hausman, Martínez Mottola, Jonhantan Cole etc. etc.), luego la venganza contra CAP, se fraguó, y HRA &Luis Alfaro Ucero utilizaron al Fiscal General, montado por esta perversa dupla en alianza con Rafael Caldera, máximo líder de Copei, y entre estos partidos AD&Copei, se repartían la precaria institucionalidad, que ya dejaba malestar entre los venezolanos, y eligieron con la mayoría calificada de los parlamentarios a Ramon Escobar Salón, enemigo de CAP, como Fiscal General Nacional.
Este fiscal, fue el artífice de imputar al presidente CAP, solicitando previamente ante la Corte Suprema de Justicia, el antejuicio de merito por los delitos de peculado doloso y malversación genérica agravada de 250 millones de Bs, provenientes de la partida secreta, que finalizó en sentencia condenatoria de 2 años y 4 meses de arresto domiciliario, y ya previamente separado del cargo de su investidura presidencial.
La situación de alarma del sector eléctrico no fue atendida durante el gobierno del Chiripero, por cuanto no le prestaron la mas mínima atención producto entre otras cosas a la enorme brecha fiscal existente y a la floreciente corrupción del gobierno tricolor y la merma de los bajos ingresos petroleros; y sólo fue cuando la dictadura de Chávez, que los mismos repuntaron llegando el barril petrolero a superar los 100 $, y este decreta la emergencia eléctrica en el 2006, a solicitud en privado de HRA, con quien Chávez tenía una inmensa gratitud por cuanto él, y su alfil, para los negociados no en beneficio del país, que lo vio nacer, sino para usos particulares, me refiero al diputado Edgar Zambrano, electo junto a HRA, el 30 de julio del 2000, y pactaron con el régimen, que sólo contaba con 99 diputados a la AN, y necesitaba controlar mínimo 2/3 de los mismos, para así tener los 112 parlamentarios, a fin de vestir de rojo rojito al TSJ, Fiscalía, Contraloría, Defensoría y el CNE, este ‘último lo logro’ convertir de rojo, rojito en el 2003, y así Chávez comenzó con el deslizamiento del Sistema Democrático al autocrático, y todo esta conducta asumida por el binomio perverso HRA &Zambrano, que se prestaron para que el Chavismo asumiera esta conducta, que secuestró hasta la fecha la institucionalidad venezolana, y uno de esos negociados permitió que Chávez, le concediera a los bolichicos de Derwick Asocciates [Alejandro Bethancourt, Trebau López, Francisco Convit, Francisco D’Agostino [la contratación de las 23 plantas termoeléctricas, y ordenó a Rafael Ramírez, Pdte. de Pdvsa, que autorizara a la filial Bariven, le otorgara la contratación en alianza con CORPOELEC, de 12 contratos, para instalar 23 plantas termoeléctricas, que posteriormente fueron adquiridas en Nueva Zelanda, y traídas a Venezuela.
Una vez en territorio venezolano, estos bolichicos subcontrataron empresas contratistas nacionales como en el caso de la termoeléctrica Argimiro Gabaldon, donde suscribieron una subcontración con la Empresa Constructora Jamtesa, propiedad del banquero y editor de medios; hoy prófugo y ciudadano americano, Nelson Mezerhane, la misma fue instalada en los Naranjillos, parroquia José Gregorio Bastidas, municipio Palavecino/Lara, a un costo de 430 millones de $ inaugurada un 8 de marzo de 2008, que generaría 120 Megavatios, para atender y apoyar la demanda de la población en los estados [Lara, Yaracuy y Portuguesa], en este pomposo acto o corte de cinta inaugural se conto con la presencia del ministro de Energía Eléctrica Ali Rodríguez, el gobernador el ilegítimo, tanto de origen cómo de desempeño Reyes Reyes, la Alcaldesa de Palavecino, Aura Contreras e incluso Henry Falcón, Alcalde de Iribarren estuvo presente en el corte de la cinta hoy este «CLEPTOCRATA», no se recuerda y la confunde con la Planta Josefa Camejo, instalada en Punto Fijo/Falcón.
Lamentablemente, la planta no llegó a generar ni siquiera 1 MW, para prender un bombillo, ya que la misma era pura pintura roja rojita y era obsoleta y repotenciada, no tuvo dolientes; presumo por ser Derwick Associates, una empresa propiedad de familiares de HRA (Francisco D’Agostino y Alejandro Bethancourt (primo presunto de LOLO ), y financistas de la falsaria oposición en las elecciones 2008; Parlamentarias 2010 y 2015, e incluso se vieron muy activos apoyando el interinato de Guaidó, e incluso Marco Rubio, a raíz de los escándalos recientes con la empresa NABEP, que le otorgaron la explotación de 19 campos petroleros sin licitación y experiencia alguna propiedad del corrupto termoeléctrico Alejandro Bethancourt, señaló que el conoció a este individuo, porque se lo presentó Guaidó, el presidente interino en el 2019.
Hoy vemos con asombro y estupor como en Barquisimeto, el pueblo sufriendo los embates de severos racionamientos eléctricos salen exdiputados (GP), exalcaldes (HF &AR) exgobernador(HF ), a darse golpes de pecho y organizar marchitas frente a la Defensoría, y de la oficina comercial de Corpoelec en Barquisimeto, y que protestando, exigiendo respuestas y solución a esta crisis eléctrica, que padecemos los venezolanos, pero no tuvieron los pantalones y el guáramo, para salir a controlar el presupuesto inyectado en esta obra y menos sin cojones alguno, denunciar cómo parlamentarios, que eran el monumental guiso termoeléctrico; claro tenían que permanecer calladitos gracias a que estos bolichicos fueron los financistas de las franquicias políticas, que representaban [AD, PJ, VP, UNT, COPEI, CAUSA R].
Este personaje Ramos Allup hoy representando a la «Bazofia» de la política venezolana es importante recordar cuando acuñaba para justificar su entrega y negociados con el régimen a una de sus frases mas vergonzosas «A veces hay que doblarse para no partirse» y seguimos viendo a HRA junto a sus adláteres [E. Zambrano, Piero Maroun] doblado y aun peor arrodillados por mas de 25 años al oprobioso y corrupto régimen sometiéndose a las formas mas impúdicas con estos esbirros conducta criminal que ahora y que resistentes me imagino que será a los cambios y que ahora pretenden cambiar luego del estruendoso fracaso obtenidos con la aventura presidencialista del Chavista Madurista, Carlos Prosperi y luego de estar reacios a la solución por vías de injerencia externa cómo el uso de la fuerza para recuperar nuestra Democracia que algunos avances se muestran luego de la exitosa extracción del dictador Maduro, el pasado 3 de enero y vemos cómo luego de prestarse para avalar la agresión física de nuestra líder MCM, ocurrida un 30 de abril del 2013, en la plenaria de la AN, cuando DC presidente de la misma uso a una diputada Chavista, Nancy Ascensio, para esta vil patraña, y que posteriormente culminó con la destitución y separación del cargo de diputada AN electa con amplia legitimada en diciembre 2010;: un 24 de marzo del 2014, y posteriormente inhabilitada por la Contraloría General y la AD de HRA y Zambrano guardaron silenciosa complicidad.
Hoy MCM y su calificada organización amiga «VENTE VENEZUELA «tienen que observar con mucho tino y sigilo que hoy HRA y su pandilla, que se hacen llamar y que resistentes, (será a los cambios), los guiños que le lanzan a Cori, para su pronto regreso, y así apoyarla en sus legítimas aspiraciones de seguir impulsando las tareas que nos conduzcan a la recuperación de nuestros espacios democráticos e instalarse en Miraflores como presidenta electa para impulsar los mismos.
Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera. https://share.google/a8Ms3TPTMUpu3rFgl
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Derwick Associates y sus derivados siguen medrando del Estado venezolano, aunque ya no con sus protagonistas como hace una década sino a través de rostros y nombres aún poco conocidos. Los llamados bolichicos, que hicieron millones con la crisis energética nacional instaurada desde 2009, siguen teniendo acceso privilegiado a negociaciones con la industria petrolera.
Más de 11,9 millones de documentos confidenciales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compartidos con más de 150 medios de comunicación en 117 países, incluyendo Armando.info, y que dieron origen a los Pandora Papers, muestran nuevas conexiones de una red de contactos, empresas de maletín y servicios financieros asociadas a Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, todos fundadores y directivos de Derwick, los conocidos bolichicos.
En particular, hay tres nombres que danzan de papel en papel conectando operaciones nacionales e internacionales con los bolichicos: los venezolanos Orlando José Alvarado Moreno, hombre clave de las iniciativas petroleras de Betancourt en Petrozamora y la canadiense Pacific, y los abogados César Alfonzo-Larrain junto a la argentina Alejandra Astrid Hidalgo, residente en Caracas. Todos han sido empleados de Derwick.
Los tres operan en al menos cuatro empresas amparadas por las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que incluye a sus directores Fernando Antonio Gil y Eloy Edgardo Díaz alternándose en roles administrativos. No son las únicas compañías vinculadas con los bolichicos manejadas por el bufete panameño. Para 2015, de acuerdo con un reporte interno que forma parte de los documentos de la filtración, Alcogal manejaba 14 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y seis fundaciones en Panamá, propiedad de Betancourt y Convit a través de Derwick.
Alvarado, Alfonzo-Larrain e Hidalgo aparecen en documentos que los conectan con los fundadores de Derwick pero también los relacionan entre ellos, compartiendo en directorios de empresas y recibiendo poderes conjuntos. En muchos de los folios presentan como dirección laboral la Torre Kyra de Campo Alegre, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, donde están las oficinas de Derwick que fueron allanadas en diciembre de 2017 luego de que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, la señaló por corrupción en contrataciones de la petrolera estatal Pdvsa entre 2010 y 2016.
Orlando José Alvarado Moreno, cuyo padre es uno de los “nuevos amos de Los Roques”, fue vicepresidente de finanzas de Derwick Associates. Aparece como socio de Betancourt en firmas internacionales como O’Hara Administration Co SA, de la que Alejandro Betancourt también es socio; y formó parte de Rock Energy SA y Rolawood Investments SA, todas registradas en Panamá.
En el registro mercantil panameño, Rock Energy SA mostraba a Alvarado como Director Presidente, con César Alfonzo-Larrain como Director Secretario y Alejandra Hidalgo como Director Tesorero, además de señalar en 2017 que su beneficiario final era Francisco Convit Guruceaga. Alcogal sirvió como agente residente hasta julio 2018, cuando Matthias Krull fue detenido y Francisco Convit declarado fugitivo en Estados Unidos por haber participado de un desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, destapado por la operación encubierta Money Flight de la oficina en Miami de Homeland Security Investigations (HSI).
Rolawood Investments le pertenece a partes iguales a Orlando Alvarado y a su esposa, Joanna Margarita Porte García, y para su documentación en Alcogal se tomaron en cuenta referencias profesionales emitidas por César Alfonzo-Larrain y por Alejandra Hidalgo (que las envió desde su correo corporativo de Derwick).
En 2015, Alfonzo-Larrain e Hidalgo recibieron un poder de Rolawood Investments para adquirir un penthouse de más de 407 metros cuadrados con una amplísima terraza en un edificio en Los Palos Grandes, barrio de clase media-alta también en el municipio Chacao de Caracas, que luego fue presentado como la dirección en Venezuela de DOCG International Holdings Limited, dirigida por Alvarado.
La abogada argentina además firmó en julio de 2017 otra referencia personal declarando conocer a Pedro Trebbau, y calificándolo como un “profesional honesto, dedicado, que disfruta de una prístina reputación en su campo de trabajo”. Ese papel se acompañaba de unas certificaciones de autenticidad de pasaportes que firmó a favor de Trebbau y de Alejandro Betancourt. Para este trabajo se contactó a Alejandra Hidalgo por correo electrónico, llamadas telefónicas a su número celular así como mensajes por Whatsapp, pero no respondió a las solicitudes enviadas.
Orlando Alvarado también es propietario de Stanton Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes en 2014 mediante Alcogal, como queda evidenciado en papeles en poder de este bufete y que fueron enviados a César Alfonzo-Larrain a la Torre Kyra, cuando pidió copias en 2017. Ambos hombres vuelven a encontrarse en los documentos de la empresa Arazen Investments, propiedad del primero e inscrita en el registro mercantil de Islas Vírgenes un día después de aquella.
Al igual que con Stanton Trading Limited, Arazen dejó establecido en su documentación que contaba con una dirección en Caracas que la ubicaba en una quinta de Valle Arriba ahora inexistente. En el lugar ubicado en el este de la capital venezolana solo queda la pared con el nombre y una estructura esquelética de metal.
Por su parte, César Alfonzo-Larrain aparece registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones públicas como director suplente de Centro Tecnológico de Turbinas CTT y de CTT Corp, donde también participa Alejandra Hidalgo. Esas son las caras -nacional e internacional- del centro de operaciones de Derwick en Venezuela que Alejandro Betancourt aseguraba se convertiría en “un gran proveedor de tecnología para Iberoamérica”.
Pero hasta ahora CTT ha tenido como cliente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a GPB Neftegaz Services, la operadora de los campos de crudo asignados a la empresa mixta Petrozamora, la primera aventura petrolera relacionada con Derwick, que nació en 2012 en el estado Zulia por convenio con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
El abogado aparece de nuevo junto a Alejandra Hidalgo, que encabeza sociedades en Panamá y en Chipre, como apoderados de la empresa Calborn Internacional Limited desde 2014, y como directores de la empresa Astronite SA, inscrita en 2018 en el Registro Mercantil de Panamá, donde también figuran como directores de Calandra Business SA, presidida por Alejandro Betancourt.
Toda la madeja de relaciones corporativas que agrupan a los bolichicos con estos tres operadores pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque sus negocios con el Estado venezolano han seguido ocurriendo, incluso con consecuencias políticas y humanas de gran calado y seguiría bajo secreto de no haberse dado la masiva filtración de los Pandora Papers. En esta, se despeja una vieja incógnita sobre la empresa Arazen de Islas Vírgenes Británicas, de cuya existencia se conocía pero no de sus directores y beneficial owners, a quienes cabe atribuir algo de la chispa que detonó la ola de protestas que en 2017 asoló por meses a varias ciudades venezolanas.
Detrás del estallido
La sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de marzo de 2017 no solo fue pilar para que se desataran las protestas que marcaron con sangre ese año en Venezuela. El bullicio político y la “ruptura de hilo constitucional”, que denunció la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, eran parte de lo que finalmente sustentaba los primeros pilares de la arquitectura jurídica que permitiría a los bolichicos comenzar su segunda aventura petrolera en Venezuela.
Aquella ponencia conjunta se recuerda por sus efectos, pero no por sus motivaciones. Apenas un día antes, el 28 de marzo de 2017, cuatro abogados de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitaron a los magistrados cercenar a la Asamblea Nacional -entonces dominada por la oposición al régimen chavista- la potestad de revisar contratos de interés público, incluyendo los acuerdos pactados por Pdvsa, que entonces presidía Eulogio del Pino.
Tal diligencia era necesaria para poder ejecutar lo que el 22 de marzo de 2017 había acordado la Junta Directiva de Pdvsa: constituir una empresa mixta para la explotación del campo Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal reservorio de crudos pesados y extrapesados del mundo, en el centro-oriente de Venezuela.
Contando con el visto bueno judicial, Nicolás Maduro aprobó el 26 de mayo de 2017 el punto de cuenta presentado por su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, hoy ministro de Petróleo y miembro de la Junta Directiva de Pdvsa, y su ministro de Petróleo, Nelson Martínez, quien poco después fue arrestado bajo acusaciones de irregularidades administrativas y moriría en cautiverio en diciembre de 2018. El TSJ avaló finalmente el negocio el 10 de julio de 2017.
Así Pdvsa se alió con una desconocida Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi), domiciliada en Países Bajos y sin experiencia en el área, por un lapso de 25 años. Con ese aroma supuestamente holandés nació finalmente Petrosur.
El Registro Mercantil holandés muestra que Saipi era conducida por Arazen Investments, la compañía fundada por Orlando Alvarado, socio de Alejandro Betancourt, y registrada en Islas Vírgenes para servir como holding y ubicada, según ese documento, en el Edificio Yamraj, Market Square, PO Box 3175, Road Town, Tortola, en Islas Vírgenes Británicas. Esa dirección postal ha sido utilizada por Alcogal en al menos una veintena de empresas.
Desde la fundación el 25 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de abril de 2017, quien fungió como director fue el panameño Andrés M. Sánchez, también director y presidente de Alcogal (Europe). Entonces fue sucedido por el propio Alvarado nueve días antes de que apareciera Saipi en el registro holandés y a poco más de un mes del visto bueno presidencial para la creación de Petrosur.
Ya Alvarado había participado de esquemas financieros en el negocio del crudo. Como parte de O’Hara Administration Co SA estuvo en la puja por hacerse del control en 2015 de la petrolera canadiense Pacific, cuyas operaciones sobre el terreno en Colombia, a manos de cinco ejecutivos venezolanos, fueron el próspero ejemplo de éxito de la reforma minera del gobierno de Álvaro Uribe antes de que se hundiera en un pantano de mala administración y pleitos judiciales. En un Informe de Alerta Temprana suscrito por Alejandro Betancourt en 2015, el venezolano detalla la estructura financiera con la que controlaba casi 20% del paquete accionario de esa empresa, incluyendo a Orlando Alvarado, O’ Hara Administration Co SA y Calborn International Limited, entre otras.
En aquel momento se supo que O’Hara había fichado a ocho exejecutivos de Repsol, incluyendo a Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, a la postre retratados en Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El hermano de Alfonso, Alberto Cortina, es socio de Betancourt y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, con el cual han adquirido varios bancos en África.
Alvarado fue consultado para este trabajo sobre su relación con Betancourt, Saipi y Petrosur, pero declinó hacer comentarios.
Documentos “en regla”
En la documentación que recibió el TSJ se incluyó un “Acuerdo de Estudio Conjunto” suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por José Ramón Blanco en nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El español figuraba en el Registro Mercantil ibérico como “apoderado” de Inversiones Petroleras Iberoamericanas SA (Ipisa), creada en 2013, presidida por Alfonso Cortina, con el hijo de su hermano Alberto, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, como vicepresidente.
Pero esa no es la misma Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) incorporada al registro mercantil de Países Bajos el 19 de abril de 2017 bajo el número 68585209, casi un mes después desde que la junta directiva de Pdvsa acordara hacer negocios con ella. Comparten nombre, y no será la única vez que ocurra.
Al momento de la firma, Orlando Chacín ya había sido señalado por el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por corrupción, y Blanco Balín, que fue vicepresidente de la petrolera española Repsol cuando la presidió Alfonso Cortina, era considerado el “cerebro financiero” de la trama Gürtel, una red de corrupción investigada desde una década atrás por la Fiscalía Anticorrupción ibérica y denunciada formalmente en 2009 ante la Fiscalía de ese país, en la que el bufete panameño Alcogal aparecía involucrado. Blanco Balín fue imputado por presuntamente haber blanqueado unos 275.000 euros.
Por si fuera poco, como se supo entonces, la dirección física de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) en el Registro Mercantil de Países Bajos, el número 2 de la vía Nassaulaan, corresponde al mismo edificio que albergó hasta 2015 a la Embajada de Venezuela en esa nación. Saipi nació en 2017 cuando el inmueble seguía mostrando una placa en la pared exterior que lo identificaba como sede diplomática, como ocurrió al menos hasta su venta en 2020. La aprobación en Miraflores de la creación de Petrosur, ocurrió mientras Haifa El Aissami, hermana del entonces vicepresidente, era la embajadora en Países Bajos.
Se envió una solicitud de comentario sobre tal coincidencia al actual embajador, Wilhen Nehomar Diaz Lara, pero no se obtuvo respuesta. Una fuente consultada para este trabajo con conocimiento de las actividades de Saipi respondió que “es bastante común pagar por usar una dirección de correspondencia para el registro. No tienes que ser el dueño de la casa, solo tienes que tener un contrato que te permita usar la dirección. No sé por qué se usó esa, pero Venezuela no tenía nada que ver”.
Ninguna de estas cuestiones impidió el convenio entre Pdvsa y Saipi. El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como “procurador especial” nombrado por la Asamblea Nacional entre febrero de 2019 y junio de 2020, califica la operación como un disparate. “Pdvsa está obligada por ley venezolana a hacer el compliance. Allí están las leyes de hidrocarburos, contra la corrupción, de la Contraloría General, de contrataciones públicas. Todo ese bloque normativo obliga a Pdvsa a hacer un due diligence para contratar a terceros”, dijo a Armando.info. Pero al final se contrató con una empresa sin experiencia en el negocio petrolero, algo que el parlamento denunció también en voz del diputado Elías Matta desde 2017, aunque en 2021 admite que no se adelantaron más investigaciones por parte de los diputados.
En noviembre de 2017, Eulogio del Pino y Nelson Martínez fueron arrestados en Caracas. Se les acusó de participar en una trama que involucraba a al menos 65 gerentes de la industria, según informó entonces el recién estrenado fiscal general designado por la írrita Asamblea Conmstituyente de 2017-20, Tarek William Saab.
Aquellos señalamientos referían a presuntas prácticas irregulares en Petrozamora, una empresa mixta que controla en Zulia seis pozos petroleros, por un acuerdo conjunto entre Pdvsa y la rusa Gazprom Latin América Ventures BV, y en cuya estructura corporativa participó Orlando Alvarado, quien, sin embargo, no fue afectado por las medidas judiciales.
Entonces Francisco Convit figuraba como director de la firma rusa, que había recibido un préstamo inicial para su operación por parte de Derwick Gas & Oil, la cara internacional de la empresa venezolana. El cargo lo dejó en 2016 y lo heredó Alvarado.
Igual pasó en 2018 cuando, luego de ser acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, Convit dejó a Alvarado el cargo de director de Stichting Administratiekantoor DOG, creada en Países Bajos y propietaria de Latin American Ventures. Esta última empresa tiene el mismo nombre que Latin American Ventures SARL, registrada en Luxemburgo con Betancourt como beneficial owner o propietario último, que recibió transferencias bancarias desde Petrozamora; y similar a LAV Latin America Ventures Cyprus LTD, activa en Chipre y también dirigida por Alvarado.
No solo “disparate”, también improductivo
En 2018, ya sofocados a sangre y fuego los disturbios en la calle, el camino jurídico también quedó libre para la constitución de la empresa mixta Petrosur, que se concretó el 24 de agosto de 2018, como dejó asentado la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.398 que la adscribe al Ministerio de Petróleo, entonces encabezado por Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese documento ya no se menciona a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericana, sino que el socio de Pdvsa pasó a ser Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD (IPI).
El gobierno de Venezuela nunca explicó tal cambio. Una fuente conocedora de las actividades de Saipi afirma que “varios inversionistas extranjeros internacionales exploraron invertir en campos petroleros. Entre ellos estaban tanto Alejandro Betancourt, como Alberto Cortina. Pero la primera estructura no llegó a nada. Todos se retiraron en grupo y ninguno se quedó en ninguna capacidad”. El informante especifica que el primer “carapacho corporativo que murió”, donde estaban Betancourt y Alvarado, no fue el que finalmente se hizo con el negocio.
Sin embargo, cuando se publicó la Gaceta Oficial, Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, registrada en Chipre el 12 de julio de 2017, tenía como única accionista a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, que a su vez dependía de Arazen Investments, la empresa en Islas Vírgenes Británicas de Alvarado y Alfonzo-Larrain.
Esa relación terminó el 16 de octubre de 2018. Cuando Saipi fue disuelta dejó sus libros contables en manos de IPI, cuyas acciones transfirió a Rasgos Holding LTD, registrada en Barbados desde 2013 y dedicada a servir como holding de empresas de telecomunicaciones y bienes raíces, según documentos de la filtración de los Panama Papers. Arazen Investments desde entonces no tiene actividad.
En IPI figuraron como directores Evdokia Georgiou y Marinos Mperos, quienes también aparecen junto a Orlando Alvarado en la dirección de LAV Latin America Ventures Cyprus LTD en el registro de ese país. Todo seguía entre allegados.
Pero más allá de madejas administrativas, otra novedad figuró en el acuerdo: el pago inicial de 400 millones de dólares que IPI debía hacer a Pdvsa no se haría en efectivo sino con papeles de deuda -bonos soberanos y de la misma estatal. Ha sido la primera y única vez que tal modelo fue dispuesto.
Manuel Quevedo acudió en 2019 al TSJ, asumiendo el “desacato” declarado para la fecha de la Asamblea Nacional, para solicitar autorización al endeudamiento por esos 400 millones de dólares durante los siguientes cuatro años y del cambio de accionistas de Petrosur. En seis días recibió respuesta afirmativa.
Inversiones Petroleras Iber… by ArmandoInfo
Con la sentencia 384 del 25 de noviembre de la Sala Constitucional, el máximo juzgado asumió nuevamente competencias parlamentarias, dando el visto bueno al negocio con Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, a pesar de su falta de experiencia en el campo petrolero. El escrito del TSJ enumera los objetos para los cuales fue constituida la empresa registrada en Chipre: todos relacionados con servicios financieros y ninguno con hidrocarburos.
Cuando Quevedo hizo la solicitud al máximo tribunal, y cuando se emitió la decisión judicial, ya la abogada chipriota Evdokia Georgiou había renunciado a la directiva de IPI. Aún así fueron sus credenciales las evaluadas por las autoridades venezolanas y no las de Askin Gungor, quien asumió tal rol.
Casi dos años más tarde, Petrosur no produce crudo. Un reporte interno de Pdvsa fechado el reciente 25 de septiembre de 2021, al que el reportero tuvo acceso para este trabajo, lista la producción del bloque Junín de la Faja del Orinoco con todos sus números marcando descensos y quedando 40% por debajo de la meta de producción. Pero Petrosur no aparece. Solo son incluidas Petrocedeño (ahora en propiedad absoluta de Pdvsa), y las empresas mixtas Petro San Félix, Petromiranda, Petrojunín, Petroindovenezolana.
El juego de caretas detrás de la constitución de Petrosur incluyó nombres repetidos, confusos cambios administrativos y un baile de empresas de cascarón. Y aunque el campo Junín 10 pareciera seguir inactivo, está en manos de quienes lograron evadir controles legales para hacerse con “una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja”, como la calificó el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el hombre que estaba al frente de la industria cuando los bolichicos entraron por primera vez al negocio del crudo con Petrozamora.
Henry Ramos Allup, el «zorro viejo» que estafó a los venezolanos – El Faro del Morro
Henry Ramos Allup, el «zorro viejo» que estafó a los venezolanos
Henry Ramos Allup, conocido como «el zorro viejo», ha sido un personaje clave en la política venezolana desde el año 2000. Su influencia en Acción Democrática ha sido notable, pero también ha sido objeto de críticas por su papel en la estafa a la población. A lo largo de su carrera, Ramos Allup ha enfrentado acusaciones de manipulación política y ha sido visto como un obstáculo para el cambio democrático en el país. Su legado sigue siendo objeto de debate y análisis en la sociedad venezolana.
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Por: Por Orlando Avendaño
Fuente: PANAMPOST
Sobre todos cayó su embrujo; pero la realidad se impuso y nos presenta otra oportunidad para marginar a los cómplices de siempre. (Wikimedia)
Se hace difícil reseñar algún episodio de la historia democrática venezolana sin mencionar, primero, la grandeza de Acción Democrática. El partido de Rómulo —a quien se le atribuye la fundación del período democrático— se convirtió en la primera y más poderosa fuerza política del país con rapidez. «Hasta debajo de las piedras» había militantes adecos en la década de los cuarenta.
La hegemonía de la principal fuerza política del país se mantuvo hasta que su propia degradación derivó en la destrucción del sistema democrático venezolano. Pero no fue solo el decaimiento de un partido histórico; toda una sociedad se fue sometiendo a una estruendosa bajeza. La misma que aplaudió golpistas y luego los llevó al Gobierno.
Se pensaba que de los adecos, así como de los copeyanos, solo quedaba el cadáver en descomposición que en cualquier momento debía ser incinerado. Pero junto con Chávez, llegó otro personaje para garantizar la subsistencia de un partido ya sin vida: Henry Ramos Allup, el «zorro viejo» que asumió la secretaría general de Acción Democrática en el año 2000 y que aún es incapaz de soltarla.
Ramos Allup es un «zorro viejo» porque aparentemente «se las sabe todas». Su control sobre Acción Democrática permitió a los venezolanos enterarse de que en los obituarios leyeron el nombre equivocado. Aquella fuerza política, legado del gran Rómulo Betancourt, seguía viva. Impetuosa y enérgica; pero dispuesta a colaborar con el desmebramiento de la República.
Se necesitaron años para comprender que la principal maquinaria —en cuanto a estructura— política del país jamás estuvo, en esto 18 años de chavismo, a disposición de los principios republicanos de toda una sociedad. Todo lo contrario. El gran partido «opositor», realmente no era tal. La ciudadanía debía enfrentarse desamparada al régimen más criminal que se ha impuesto sobre el país; pero, demás, con un «zorro viejo» que entorpeciera aquella empresa.
En enero de 2016, cuando Henry Ramos Allup asumió la presidencia del novel y democrático Parlamento, dejó embelesado a los venezolanos. Gladiador teatral en el coliseo, que entró al escenario político carajeando y manoteando al oficialismo. Fueron pocos los que no se dejaron cautivar. El «zorro viejo» lucía más que adecuado para un cargo cuya responsabilidad es primaria. De repente, expedía soplos de esperanza para una Venezuela desesperada en un verdadero cambio político —sobre todo cuando prometió que en seis meses esta oprimida sociedad se iba a librar del dictador.
A aquella promesa se faltó y el delirio en torno al político de moda se fue difuminando. El Parlamento empezó a dilatar debates, a discutir nimiedades y a aferrarse a procesos a los que los sensatos no les apostaban. El tipo de los discursos y las frases fantásticas había resultado ser una estafa. El «zorro viejo», que se las sabía todas, resultaba incapaz de morder al adversario. Se veía timorato cuando hablaba con franqueza, pero al mismo tiempo hacía honor a una de las más vergonzosas frases que se ha empuñado desde la política nacional: «A veces hay que doblarse para no partirse».
Ramos Allup se dobló; pero ahora se le ve arrodillado. Sometido de la forma más impúdica a un régimen con el que ha decidido cohabitar. Una coyuntura criminal que el secretario de Acción Democrática no pretende cambiar; en cambio, busca la manera de escalar hasta el poder.
Sus comportamiento y declaraciones más recientes nos brindan a los venezolanos el momento ideal para comprender que el adeco siempre fue un estafador. Personaje que simuló la contienda cuando realmente dinamitaba los esfuerzos por el rescate de la libertad.
Fue él quien, luego de la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente —aquel dantesco fraude con el que se aniquiló la República—, informó a los venezolanos que había tomado la decisión —de forma unilateral— de que su partido se inscribiera en las elecciones regionales. Luego lo acompañó el resto de la coalición opositora.
También fue su fuerza política la que forzó a una dirigencia a someterse al más humillante proceso para, luego, ser incapaz de demostrar el fraude. Acción Democrática reconoció los resultados y, además, su vicepresidente sugirió que los gobernadores electos de la oposición —la mayoría adecos— podían sin problema subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente.
Henry Ramos Allup cuestionó al más grande amigo de la democracia venezolana, el secretario de la OEA, Luis Almagro, cuando este hizo declaraciones incómodas para la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Le dijo al diplomático que era «muy fácil criticar desde las oficinas en Washington». Sus inadmisibles palabras fueron acompañadas por el vicepresidente de Acción Democrática, Antonio Ecarri, quien aseguró que «no se puede creer todo lo que diga Almagro».
Luego de la torpeza, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática difundió un comunicadoentre sus militantes en el que exige a todos los miembros de la fuerza política no ofrecer declaraciones a los medios. «El compañero Henry Ramos Allup, en su carácter de secretario general de Acción Democrática, es el único dirigente nacional que ha sido autorizado, por este organismo, para abordar estos temas por su dinámica y complejidad en las actuales circunstancias políticas», se lee en el texto que se filtró.
En octubre, poco antes de las elecciones regionales, el secretario de Acción Democrática pidió a la sociedad «marcar» a los opositores que no votaran por ser «infiltrados». En julio de este año Ramos Allup consideró «peligroso» invocar la «hora cero» que pretendía darle la última estocada al régimen de Nicolás Maduro —una serie de fuertes protestas simultáneas que al final no se llevaron a cabo—. En marzo aseguró que la salida del régimen de Nicolás Maduro debía darse en 2018, y solo a través de una «mega elección». Antes, había sido él quien estrechara la mano del régimen en cualquiera de los desagradables encuentros por el diálogo.
Pero la infamia no es reciente. La complicidad de Henry Ramos Allup en la destrucción de la República lo ha acompañado durante el transcurso de su vida política. Dejando a un lado las traiciones a altos dirigentes de su partido como el expresidente Carlos Andrés Pérez —cuya expulsión de Acción Democrática avaló— y su relación familiar con contratistas del Estado, fue desde inicio del chavismo cuando empezó a exhibir la indignidad.
El secretario adeco fue quien en noviembre de 2005 forzó a toda la dirigencia opositora a abandonar las elecciones parlamentarias de ese año —en ese momento responsable de la abstención, como hoy, cómplice del fraude—. Luego, un año después, por nimiedades internas, volvió a promover el abstencionismo al retirar el apoyo y la maquinaria de Acción Democrática a Manuel Rosales, el candidato que se enfrentó a Hugo Chávez en las presidenciales de 2006 y perdió. Ahora es el principal responsable de la insistencia opositora en la ruta electoral, que es la de la dictadura.
Erigido sobre su envidiable maquinaria política, Henry Ramos Allup pretende someter a toda una sociedad hastiada y degenerada. Con bravuconerías y amenazas ha logrado que gran parte de una dirigencia dócil ceda a sus perversos intereses, que nada tienen que ver con las necesidades libertarias de una ciudadanía.
Sobre todos cayó su embrujo cuando nos brindó momentos de placer al disminuir y suprimir frente a sí a personajes tan poderosos como el diputado Diosdado Cabello o el mismo Nicolás Maduro. Pero aquello fue una ilusión, empeñada en esconder la realidad que siempre se impone y hoy, con esta nueva coyuntura, nos asoma otra oportunidad para marginar a los cómplices de siempre: Henry Ramos Allup, aquel «zorro viejo» que se las sabe todas, ha sido un estafador de los venezolanos, cuyo único y gran interés —preeminente sobre la vida de una sociedad— es alcanzar el poder de la forma más despreciable.
Etiquetas: corrupción, Derwick Associates Corp, Diosdado Cabello, Henry Ramos Allup, lavado de dinero
Tomado de Henry Ramos Allup, el «zorro viejo» que estafó a los venezolanos
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