Denuncia dirigida a los Colegios de Abogados, profesionales del Derecho en el libre ejercicio, defensores de Derechos Humanos y al Periodismo libre.
A mis 76 años de edad, me veo en la sensible necesidad de visibilizar la grave situación de persecución, indefensión y desamparo de la cual he sido víctima. Esta situación se originó por denunciar irregularidades ante las cuales decidí no guardar silencio.
Hago un llamado urgente a sumarse a esta causa en defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA), así como de la familia como célula fundamental de la sociedad. Asimismo, insto firmemente a las víctimas a denunciar estas atrocidades y a no dejarse coaccionar por Defensores Públicos o Fiscales del Ministerio Público para admitir delitos no cometidos ya que aceptar esta coacción les conducirá inevitablemente a un Tribunal de Ejecución que les impondrá una pena y quedarán con Antecedentes Penales definitivos.
Mi caso no es aislado. Somos numerosas las víctimas de este esquema de corrupción sobre el cual impera un sorprendente silencio mediático, a pesar de la extrema gravedad y la alarma social que reviste el Tráfico de Niños. ¡Justicia para las familias y cese al Terrorismo Judicial!
El origen de la persecución se inició hace 9 años cuando
comencé a denunciar públicamente situaciones profundamente irregulares dentro de las Instituciones del Sistema de Proteccion de NNA del Estado Carabobo. A partir de ese momento, pasé a ser objeto de coacción, maltrato psicológico, humillaciones y amenazas de privación de libertad en represalia por mis acciones. Vistas estás actuaciones, hace 8 años comencé a exponer públicamente a funcionarios corruptos integrantes del Órgano Rector del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del Estado Carabobo.
Denuncié que estos ciudadanos incurren de forma sistemática en la negociación, el despojo y la separación arbitraria de menores de edad destruyendo de manera irreversible la Esfera Vital de los Niños.
Intenté canalizar estas acusaciones formalmente ante las vías institucionales pero la respuesta fue la inoperancia absoluta, la denegación de justicia y la negativa rotunda a recibir mis denuncias.
Hace 5 años fui víctima de persecucion mediante un acto de Terrorismo Judicial y fui detenida arbitrariamente con el único propósito de desalojarme a la fuerza del apartamento donde residía. Esto provocó la pérdida total de mis bienes materiales y me dejó en una vulnerable situación de calle.
Luego de mi aprehensión, fui llevada al Palacio de Justicia de Carabobo para una Audiencia de Presentación en el Tribunal 9⁰ de Control y dicha Audiencia se celebró sin la presencia física de la Fiscal que me imputó, Abogada Yusmar Casas y además, fui puesta en libertad física de manera totalmente irregular, sin que se emitiera ni se ejecutara la debida Boleta de Excarcelación. A pesar de la ausencia en la sala de la Fiscal, en el expediente penal figura su rúbrica junto con mi firma y mi huella parcial.
Pasados 3 años de mi aprehensión, vuelvo a Carabobo hace 2 años con la finalidad de solicitar copia de mi expediente penal pero el acceso a éste me fue negado de forma sistemática bajo múltiples excusas y en lugar de ello, sorpresivamente y de manera inesperada, fui citada por escrito para comparecer a una Audiencia Preliminar, acto al que asistí debidamente.
El día indicado se celebró la Audiencia Preliminar bajo un procedimiento manifiestamente ilegal y fuera de toda lógica jurídica y en dicho acto, mi propio Defensor Público, de forma totalmente irregular, constituyó el Tribunal, coordinó el acto, actuó como juez y parte y bajo un escenario de indefensión, fui condenada a cumplir una pena de 10 meses de prisión (S/D).
Desconcertada logro revisar el expediente en la Sala de Archivo y me doy cuenta que la carátula del expediente señala textualmente y de forma contradictoria: «Conclusión LIBERTAD PLENA PROCEDIMIENTO ESPECIAL Finalizado». No obstante, en el cuerpo del mismo documento, la Fiscal que me imputó abogada Yusmar Casas ausente en la Audiencia de Presentación dejó expresa la orden de mantener incólume la Medida Cautelar.
Como ciudadana de la tercera edad y víctima directa de este sistema, solicito formalmente a la Comunidad Jurídica Nacional e Internacional, a los Colegios de Abogados y a los Defensores de Derechos Humanos que analicen detenidamente estas aberraciones. Cuento con las pruebas documentales e irrefutables de estos y otros graves delitos cometidos en mi causa.