RUBA ARIAGNA FAKHER ALDIN FAKHR EL DEIN, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 26.572.445, en mi condición de legítima propietaria afectada del inmueble comercial ubicado en la ciudad de Guanare, me dirijo a la opinión pública, medios de comunicación y portales digitales para REBATIR Y CATEGÓRICAMENTE DESMENTIR el comunicado difundido por la ciudadana MARÍA VIRGINIA MENDOZA TONA, titular de la cédula de identidad N° 21.161.656.
Ante los alegatos falaces e irresponsables presentados por la mencionada ciudadana, sostengo y hago constar de manera contundente los siguientes puntos de hecho y de derecho:
1.- Inexistencia de Incumplimiento Contractual Imputable a mi persona como propietaria.
Es enteramente FALSO que esta parte haya pretendido desconocer acuerdos previos o perpetrar «estafa» alguna. La ciudadana María Virginia Mendoza Tona ocupó el inmueble de mi propiedad bajo promesas y acuerdos de perfeccionamiento contractual que posterior y sistemáticamente evadió durante un lapso de cinco (5) meses. Durante dicho periodo, la referida ciudadana hizo uso y aprovechamiento de la propiedad sin ostentar un título arrendaticio válidamente firmado ni cumplir con las obligaciones financieras correspondientes. La falta de firma del instrumento formal obedeció a la constante negativa de la ocupante de someterse a los términos legales estándar y a la manifestación formal de la propiedad.
2.- Manipulación Semántica y Amparo e Instrumentalización de la Fe.
En relación con su afirmación de que «no es líder de ninguna iglesia ni organización religiosa», resulta indispensable precisar que dicha aclaratoria constituye un pretexto semántico para evadir el fondo del asunto. Durante las negociaciones y el tiempo de ocupación, la ciudadana hizo uso reiterado, constante y público de postulados de fe, discurso moral y principios religiosos como medio de persuasión e inducción al error, valiéndose de la buena fe de esta parte para dilatar la firma del contrato y el pago correspondiente. La calificación otorgada por la comunidad y los medios responde estrictamente al patrón de conducta desplegado por la propia ocupante en su trato cotidiano y comercial.
3.- Sobre la Destrucción y Desvalijamiento del Inmueble (Mallamado «Retiro de Inversión»).
La ciudadana admitió expresamente haber procedido al desarmado y extracción masiva de elementos fijados al inmueble, lo que constituye un delito calificado como apropiación indebida, dado a que ella recibió el local techado con su estructura, y lo dejó sin techo ni los tubos de soporte. Adicionalmente dijo haber gastado un mil quinientos dólares (USD 1.500$) en reparaciones al local sin soportar dicho gasto con factura que así lo demuestren, cuando además en el ámbito del derecho civil y de arrendamientos comerciales, la regla general establece efectivamente que toda mejora, modificación o reparación realizada en un inmueble arrendado queda en beneficio de la propiedad (del local), salvo que las partes hayan pactado explícitamente algo distinto en el contrato. Sin embargo, categorizar dicho acto como una «ejecución a petición de partes» resulta insostenible:
- Daño patrimonial grave: La ciudadana no se limitó a retirar bienes muebles de su propiedad; alteró, desmanteló y generó daños estructurales severos a la propiedad, dejando el local en condiciones inhabitables e inoperativas, configurando una conducta que excede con creces cualquier concepto de «restitución de mejoras».
- Ausencia de autorización judicial o formal: Ninguna reunión informal o discusión legal faculta a un arrendatario u ocupante a ejecutar la destrucción o desmantelamiento de un bien inmueble por mano propia, incurriendo en presuntas vías de hecho (justicia por mano propia).
4.- Transparencia, Medios Digitales y Legítimo Derecho a la Denuncia.
Es FALSO que la denuncia pública constituya una «campaña de difamación» o el uso irresponsable de comunicadores. Ejercer la libertad de expresión para alertar a la colectividad sobre actuaciones que perjudican el patrimonio privado y el tráfico mercantil es un derecho legítimo. Las imágenes, pruebas documentales y actas que demuestran el estado real en que fue dejado el inmueble —desvalijado y con destrozos considerables— han sido debidamente recabadas y están a la disposición de la colectividad y de las autoridades competentes.
PETITORIO Y ADVERTENCIA LEGAL:
-Rechazo Absoluto: Rechazo en todas sus partes la versión contada por la ciudadana María Virginia Mendoza Tona, por carecer de veracidad y pretender victimizar a quien generó el perjuicio económico y patrimonial.
-Reserva de Acciones Legalmente Pertinentes: Se hace saber a la opinión pública y a la ciudadana querellada que este caso no ha sido descartado ni desestimado en el ámbito jurídico. Esta representación mantiene firmes e iniciará de ser necesario las acciones civiles para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, así como las acciones penales correspondientes ante los organismos de investigación por la presunta comisión de delitos contra la propiedad y vías de hecho.