Pocas ideas se han arraigado tanto en Venezuela como la maldición del petróleo, durante décadas se ha repetido en las aulas, en los cafés y en las columnas de opinión, casi como una explicación definitiva de cada fracaso para gobernar de forma eficiente un país con diversas riquezas naturales.
Es una idea cómoda, porque convierte en destino geológico lo que fueron decisiones humanas; así, señalando que la culpa está en el subsuelo, los gobiernos en la superficie no tienen que rendir cuentas de sus pésimas gestiones. Además, es una idea peligrosa, porque un pueblo que cree que su riqueza lo condena, no exige reglas para administrar y termina normalizando la corrupción y la ineficiencia.
En 1936, Arturo Uslar Pietri publicó su célebre llamado a «sembrar el petróleo»: usar la riqueza pasajera del crudo para construir una economía productiva y duradera. Décadas después, Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno de los fundadores de la OPEP, llamó al petróleo «el excremento del diablo» y tituló así uno de sus libros.
De esas frases nació buena parte de nuestro fatalismo, pero conviene leerlas con cuidado, ya que ninguno de los dos culpaba al recurso en sí. Uslar advertía contra vivir de la renta sin producir; Pérez Alfonzo, contra el despilfarro, la corrupción y el endeudamiento que veía crecer en la Venezuela saudita de los años setenta. Sus advertencias eran sobre la conducta de los gobernantes, no sobre la geología. Pero con el paso del tiempo, estas críticas políticas pasaron de advertencia a superstición.
Para desmontar el mito, podemos mirar inicialmente hacia Noruega, que encontró petróleo en el Mar del Norte en 1969, para entonces ya era una democracia consolidada, con Estado de derecho, una burocracia profesional y altos niveles de confianza social. A diferencia de Venezuela, el petróleo llegó a instituciones maduras; no las fabricó, renombró o amplió.
Sobre esa base, el país tomó decisiones ampliamente deliberadas (no sólo la cúpula de turno); y en 1971 el Parlamento aprobó los llamados «diez mandamientos del petróleo», y el Estado separó tres funciones que en Venezuela siempre se confundieron: la política petrolera, la regulación técnica y la actividad comercial de su empresa estatal (que además competía con privadas). Uno de los arquitectos de ese modelo fue Farouk al-Kasim, un geólogo iraquí que había visto cómo la administración del petróleo deformaba a su propio país.
La pieza más conocida llegó después: un fondo que invierte la renta en el extranjero y una regla fiscal que solo permite gastar, a lo largo del ciclo, lo equivalente al rendimiento real esperado, hoy estimado en 3 %. A mediados de 2026 el fondo valía unos 2,3 billones de dólares, y su propio director admitió que, además de buenas decisiones, hubo mucha suerte. Pero la ley lo deja claro: el fondo existe para que la riqueza petrolera beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras, y no es usado como un instrumento político, porque le pertenece a toda la nación.
En Venezuela la secuencia fue exactamente la contraria, ya que el pozo Zumaque I comenzó a producir en 1914, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez; por lo tanto, el petróleo llegó antes que la democracia y moldeó al Estado a su imagen (centralista, distribuidor y dispensado de cobrarle impuestos a sus ciudadanos). Como explicaron Terry Lynn Karl y Fernando Coronil, donde ambos autores por caminos distintos llegan a la misma conclusión: un Estado que no necesita cobrar impuestos a sus ciudadanos tampoco necesita rendir cuentas.
Sin embargo, no nos faltaron ideas como en 1974, cuando se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela, y en 1998 un fondo de estabilización macroeconómica, ambos con propósitos parecidos a los noruegos. La diferencia es que nunca estuvieron blindados frente al poder político, ya que los gobiernos de turno los usaron, los reformaron o los vaciaron según sus urgencias.
Ahora el ejemplo de un país pobre, Botsuana, que se independizó en 1966 como una de las naciones más pobres del mundo y descubrió diamantes poco después, en lugar de hundirse, logró uno de los crecimientos más sostenidos del siglo XX. Acemoglu, Johnson y Robinson atribuyen ese resultado a instituciones relativamente inclusivas que limitaron el saqueo. El recurso, en suma, no decide nada por sí mismo, pero sí funciona como un amplificador que hace más fuertes a las instituciones sólidas y más voraces a las instituciones capturadas.
No es el petróleo el que nos ha empobrecido, sino la opacidad con que se ha manejado durante un siglo; en consecuencia, la discusión sobre el futuro no debería ser si el petróleo es bueno o malo, sino qué reglas impedirán que vuelva a ser saqueado (pero que aún no existen): un fondo de ahorro protegido por ley, que ningún gobierno pueda vaciar por decreto; una regla fiscal que limite cuánto de la renta se gasta cada año; la separación entre quien fija la política petrolera, quien la regula y quien la explota; la publicación de cada contrato, cada venta y cada ingreso, para que cualquier ciudadano pueda verificarlos.
Finalmente, desde Unidad Visión Venezuela les invitamos a dejar de culpar al subsuelo, la maldición venezolana nunca estuvo bajo tierra, sino en la superficie, en manos de quienes decidieron sin rendir cuentas. Y lo que es una decisión humana puede corregirse con otras decisiones humanas.