Caracas. 08 de noviembre de 2026
El dirigente Daniel García fijó posición y puso en el tapete parte del cuestionable historial político del ex parlamentario Luis Loaiza.
Ante la memoria histórica y la necesidad de mantener alerta a la opinión pública nacional frente a los quiebres éticos en la política venezolana, el dirigente político Daniel García Arellano, ha fijado una posición categórica y documentada.
García expone con crudeza los hechos públicos y notorios que rodearon la actuación del ex diputado Luis Loaiza, electo originalmente por el estado Mérida, bajo la plataforma de la oposición, cuya conducta marcó uno de los episodios más bochornosos y cuestionados de la descomposición parlamentaria a raíz de los sucesos de enero de 2020.
Para el liderazgo democrático representado por voces críticas como la de Daniel García, es imperativo que los ciudadanos recuerden o conozcan sin filtros quién es documentadamente Luis Loaiza y cómo su actuación constituyó una burla y traición flagrante a la confianza del electorado merideño y nacional.
La fractura de la Unidad y el estigma de la «traición».
Los acontecimientos del 5 de enero de 2020 representaron un punto de quiebre en la Asamblea Nacional. En medio de una maniobra orientada a imponer una directiva paralela con el respaldo táctico del oficialismo, la figura de Luis Loaiza pasó del anonimato legislativo al centro del escarnio público.
Condena de sus propias bases y copartidarios: Dirigentes de peso en la región andina, como el entonces diputado Williams Dávila, denunciaron públicamente que Loaiza había «vendido su alma al diablo», entregando el mandato democrático conferido por los ciudadanos a cambio de prebendas y beneficios funcionales al régimen.
Expulsión fulminante: Ante la gravedad de su actuación, la organización política en la que militaba decretó su expulsión inmediata, tipificando su conducta como una traición abierta a los valores democráticos y un acto de complicidad en el asalto institucional al Parlamento.
El epicentro de la «Operación Alacrán» y las prebendas.
El nombre de Luis Loaiza quedó indisolublemente ligado a la trama de corrupción y compra de conciencias conocida internacional y nacionalmente como la «Operación Alacrán».
Investigaciones periodísticas y reportajes de investigación revelaron cómo operadores afines al poder central articularon una red de coacciones e incentivos indebidos para fracturar la mayoría calificada de la oposición, torpedear la reelección de Juan Guaidó y garantizar ausencias funcionales que favorecieran los intereses del Palacio de Miraflores.
El cambio de postura de Loaiza y su posterior incorporación a directivas complacientes no respondieron a convicciones ideológicas, sino —según múltiples denuncias documentadas— a negociaciones oscuras que pisotearon el mandato popular.
3. El repudio categórico desde el estado Mérida.
El impacto de esta conducta tuvo un epicentro de profundo rechazo en el estado Mérida, tierra donde Loaiza hizo su carrera académica y política antes de consumar su viraje.
Gremios locales, asociaciones civiles y, de manera muy significativa, la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA) ,gremio que el propio Loaiza presidió en el pasado, emitieron comunicados lapidarios condenando su actuación.
Los pronunciamientos locales coincidieron en calificar su respaldo al oficialismo como una felonía y una burla directa a los merideños que acudieron masivamente a las urnas buscando un cambio político real y el rescate del hilo constitucional.
La postura de Daniel García: Memoria y rendición de cuentas
Al fijar posición sobre este extenso y famoso expediente, el dirigente Daniel García subraya que la sociedad venezolana no puede padecer de amnesia colectiva frente a quienes instrumentalizaron la confianza popular en beneficio propio.
»La historia política del país y de Mérida exige claridad y verticalidad moral. Casos documentados como el de Luis Loaiza demuestran cómo la ambición personal y la capitulación ante esquemas de corrupción, como los de la ‘Operación Alacrán’, intentaron doblegar la voluntad de cambio de todo un pueblo.
Hoy la opinión pública nacional sabe exactamente quién es quién, y el rechazo histórico a estas prácticas es irreversible», enfatizó García.
La denuncia formulada deja un precedente claro ante la opinión pública: la traición a los principios democráticos no solo descalifica políticamente a quienes la ejecutan, sino que activa el escrutinio permanente de una ciudadanía dispuesta a blindar su dignidad frente a cualquier intento de manipulación o cooptación.