Luis Alexander Bandres Figueroa, junto con otros militares conocidos como los ‘sargentos de Cotiza’, se encuentra en huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Su protesta responde a condiciones de reclusión y retrasos judiciales denunciados por su defensa y el OVP. Familiares y abogados han presentado reclamaciones ante el Tribunal Tercero de Juicio, exigiendo transparencia y garantías procesales. La situación ha generado preocupación internacional sobre el tratamiento de los detenidos y el cumplimiento de derechos humanos en el sistema penal militar.
Familiares de 21 sargentos de la Guardia Nacional exigen su liberación inmediata tras cumplir 7 años y 9 meses en prisión, sobrepasando el tiempo estipulado en su condena.
Los sargentos de la Guardia Nacional, incluyendo a Luis Alexander Bandres Figueroa, han estado en huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, exigiendo su liberación inmediata tras haber cumplido 7 años y 9 meses de prisión.
Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de respuesta de las autoridades judiciales y penitenciarias, y han expresado su preocupación por la prolongación arbitraria de la privación de libertad de los militares.
La situación ha llevado a un aumento en las protestas y a la exigencia de una respuesta justa y rápida por parte de las autoridades.
Veintiún sargentos de la Guardia Nacional, detenidos por el caso Cotiza de 2019, iniciaron una huelga de hambre indefinida en el Centro de Detención Ramo Verde.
Este movimiento responde a condiciones de detención y exigencias por su situación legal, considerada por algunos como persecución política.
La protesta ha generado preocupación internacional y llamados a garantizar sus derechos humanos.
El caso Cotiza se relaciona con un supuesto intento de golpe de Estado que, según investigaciones, involucró a varios oficiales.
La huelga evidencia tensiones entre el sistema penitenciario y los presos, así como la necesidad de revisar procesos judiciales en contextos de conflicto político.