Los herederos del fallecido empresario Oswaldo Cisneros denunciaron que el gobierno venezolano confiscó de manera injusta derechos de perforación petrolera vinculados a DP Delta Finance BV y posteriormente transfirió esos activos a una compañía estadounidense.
El caso Cisneros revela la reasignación de campos petroleros venezolanos a socios respaldados por Washington tras el despojo de Petrodelta, filial del grupo Cisneros.
Con una deuda superior a 1.000 millones de dólares, la familia fue apartada de seis proyectos clave, marcando un giro estratégico en el sector energético. Este movimiento refleja tensiones geopolíticas y la influencia externa en la gestión de recursos naturales, especialmente durante intentos de reconstrucción económica.
La expropiación de activos vinculados a figuras económicas influyentes genera debates sobre justicia, soberanía y transparencia en contratos internacionales.
La reconfiguración del mapa petrolero en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro a comienzos de 2026 ha abierto una etapa de redistribución de activos energéticos que desata severas alarmas sobre la seguridad jurídica y la discrecionalidad estatal.
La forma en que la administración interina apartó a una petrolera vinculada al empresariado local para beneficiar a nuevos operadores foráneos se erige como el testimonio más ilustrativo del desplazamiento de actores tradicionales en favor de grupos financieros respaldados por intermediarios y lobistas con línea directa en Washington.
A través de un procedimiento administrativo sumario ejecutado en pocas semanas, el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos revocó la participación de los herederos del magnate Oswaldo Cisneros en la empresa mixta Petrodelta donde retenían el cuarenta por ciento del capital mediante la firma neerlandesa DP Delta Finance para transferir la gestión de seis campos estratégicos en la Faja del Orinoco a Pacific Coast Energy Company (PCEC), una modesta firma californiana controlada por el multimillonario belga-pakistaní Alshair Fiyaz.
Reportes coincidentes de la prensa internacional exponen que la adjudicación a favor de PCEC contó con la intermediación del empresario venezolano Alejandro Betancourt y gestiones de Mauricio Claver-Carone, antiguo enviado informal de la Casa Blanca.
Mientras la representación jurídica de DP Delta Finance denuncia un daño patrimonial consolidado superior a los dos mil millones de dólares tras años de aportes de capital y acumulación de crudo extraído sin percibir dividendos desde 2010 por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el despacho ministerial aplicó causales de incumplimiento selectivo para extinguir derechos formalmente vigentes hasta 2042 y reasignar los bloques bajo el modelo de Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos.
La cronología del despojo: de las visitas en campo a la firma exprés con PCEC

El traspaso de las áreas operativas se consumó mediante una secuencia administrativa que eludió los plazos regulares de auditoría y las garantías procesales de la defensa legal.
En abril de 2026, comisiones encabezadas por el consejero delegado de PCEC, Klaus Hasbo, recorrieron las instalaciones de Petrodelta en los estados Monagas y Delta Amacuro.
Pese a que los representantes de la familia Cisneros enviaron advertencias formales notificando que los yacimientos contaban con un titular legítimo, las advertencias fueron desestimadas por los emisarios y por la estatal petrolera.
La arremetida formal comenzó el 21 de mayo de 2026, momento en que el Ministerio de Hidrocarburos notificó a DP Delta Finance la apertura de un expediente administrativo sancionatorio por un supuesto incumplimiento de los planes de inversión y desarrollo operativo.
Apenas cinco días más tarde, el 26 de mayo, y sin haber evaluado ni respondido los descargos probatorios de la concesionaria, el Ejecutivo interino firmó seis contratos con PCEC para otorgarle la operación de doce campos petroleros, incluyendo los seis pertenecientes a Petrodelta.
La revocación definitiva de los derechos se consumó a finales de junio, notificándose formalmente el primero de julio la entrada en vigor inmediata del nuevo esquema para la firma estadounidense.
Este desenlace causa perplejidad técnica en el gremio energético, ya que PCEC es un operador enfocado exclusivamente en campos maduros marginales de California que extrae cerca de 13.700 barriles diarios en 208 pozos.
Analistas independientes califican su estructura como insuficiente para acometer de forma autónoma el levantamiento de campos con más de mil millones de barriles en reservas probadas.
Suelopetrol y el cerco a las acreencias de China

El desplazamiento forzoso en Petrodelta no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón estructural de reasignación patrimonial que afecta a empresas privadas nacionales y a corporaciones estatales no alineadas con la agenda de los Estados Unidos.
La firma venezolana Suelopetrol denunció un esquema idéntico mediante el cual sus derechos de explotación válidos hasta 2039 sobre cuatro campos de la empresa mixta Petrocabimas, en el estado Zulia, además de su participación accionaria en Petroindependencia, fueron despojados de forma unilateral para engrosar los bloques asignados a consorcios multinacionales liderados por Chevron.
De manera simultánea, la nueva arquitectura contractual impuesta desde Caracas con el beneplácito de Washington cercena los intereses de socios asiáticos.
Aunque corporaciones públicas de China han demandado que se respeten sus tenencias históricas en los bloques de la Faja del Orinoco, los lineamientos fijados por el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, establecen que los ingresos generados por los campos licitados bajo los nuevos contratos no podrán destinarse a amortizar la deuda acumulada con Pekín.
Este veto redefine los flujos de exportación hacia el mercado norteamericano y excluye del cobro a los antiguos acreedores bilaterales, mientras consolida el alivio financiero selectivo para corporaciones occidentales como Repsol y Eni.
Silvestre Tovar Leopardi, director general de DP Delta Finance, denunció que simplemente les quitaron los activos y desaparecieron: ya sucedía con el chavismo de la forma que sabemos que sucedía y está sucediendo igual o peor en esta nueva etapa.
Que el Estado use el argumento de incumplimiento cuando fue PDVSA la que dejó de pagar los dividendos y paralizó la logística demuestra que enfrentamos una arbitrariedad absoluta para transferir la riqueza a terceros.
Seguridad jurídica frente a la doctrina del acceso

La anulación de los contratos de Petrodelta contradice la retórica oficial que acompañó la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por el Parlamento a comienzos de año.
El discurso gubernamental prometía que el fin del monopolio estatal y la flexibilización hacia los Contratos de Participación Productiva garantizarían una protección intachable a las inversiones privadas.
No obstante, economistas petroleros del Instituto Baker de la Universidad de Rice recuerdan que ningún operador minoritario en Venezuela pudo mantener sus curvas de bombeo al día debido al default crónico de PDVSA, la falta de diluyentes y el colapso de la infraestructura nacional, por lo que castigar de manera selectiva a los socios locales califica como una expropiación indirecta y discriminatoria.
La industria de hidrocarburos observa con preocupación cómo la seguridad jurídica ha sido subordinada a una lógica de acceso transaccional donde los contratos no se dirimen mediante licitaciones públicas transparentes ni auditorías de competencia técnica, sino a través de intermediarios con influencia política simultánea en Miraflores y en las agencias gubernamentales de Washington.
Esta práctica evoca los esquemas de privatizaciones discrecionales que desarticularon los patrimonios estatales de la Europa del Este en la década de 1990.
Las acciones de arbitraje internacional que los representantes de la familia Cisneros preparan en tribunales extranjeros contra el Estado venezolano pondrán a prueba la validez de los contratos recién firmados.
Si los litigios prosperan y los inversionistas institucionales constatan que los títulos carecen de solidez judicial, el pretendido renacimiento de la industria petrolera venezolana quedará atrapado en un complejo laberinto de embargos judiciales, entorpeciendo la llegada de capitales de gran envergadura para la reconstrucción económica del país.
