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El Pueblo sparring. Por Alfredo Álvarez

Alfredo Álvarez.

Ocurre que las personas concretas pierden el derecho de desmentir a la abstracción. Es cuando insurge la figura del pueblo sparring. El pueblo así construido funciona como un sparring de la historia.

De la soberanía declamada a la ciudadanía desposeída.

El pueblo como coartada. Hay un pueblo que nunca pasa hambre, aunque no coma. Nunca envejece, aunque sus ancianos carezcan de protección. Nunca es derrotado, aunque pierda sus ahorros, sus servicios públicos y la posibilidad de decidir su destino. Es el pueblo del discurso oficial; heroico, resistente, inagotable. Una criatura retórica a la que siempre se le exige un sacrificio adicional y a la que nunca se le reconoce el derecho de declarar que ya ha sacrificado demasiado. Es el heroico pueblo sparring

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Estas apresuradas conclusiones las motiva un acto fortuito. Observaba con desgano y no poca repulsión en las redes sociales, las declaraciones del inefable Pedro Carreño. Soberbio y patán como le resulta habitual, soportado en su elegancia fingida y desprovista de todo ángel. Hablaba exultante al término de una sesión de la AN, en la cual se aprobó una ley que nos pondrá a pagar las tarifas del servicio eléctrico en Euros. Lo incongruentemente disfuncional, es que hablaba del beneficio “al pueblo”, que ellos, los iluminados representan con monopólico estilo. Nos estaba garantizando larga vida a un pueblo mitológico, romantizado, de cuya resiliencia se abusa para mentir con ligereza, como si de un deporte olímpico se tratara.

El otro pueblo, en el que yo sobrevivo, no habita las consignas. Habita los hospitales inermes, las escuelas deterioradas, las viviendas sin agua y las noches interrumpidas por los apagones. En Venezuela, ese pueblo incluye a quienes reciben una pensión ordinaria de 130 bolívares mensuales, aproximadamente catorce centavos de dólar al tipo de cambio reportado para el 19 de noviembre de 2026. No es necesariamente todo su ingreso; sí es el monto de una prestación que debería proteger la vejez y que, considerada por sí sola, ha perdido prácticamente toda capacidad de hacerlo.

Entre ambos pueblos -el que protagoniza la propaganda y el que administra la escasez- se instala una de las operaciones más perversas de la dominación política: Convertir una comunidad de ciudadanos en una abstracción que permite gobernar prescindiendo de ellos.

El problema no es la palabra pueblo. Sin pueblo no hay soberanía democrática. El problema comienza cuando alguien se declara su propietario. Cas Mudde identifica en el populismo una división moral entre el «pueblo puro» y la «élite corrupta». Jan-Werner Müller sitúa el peligro en la pretensión de representación exclusiva. El dirigente no afirma solamente que representa a una mayoría; sostiene, explícita o implícitamente, que únicamente él representa al pueblo verdadero. Quienes lo contradicen dejan de ser adversarios legítimos y pasan a ser cuerpos extraños dentro de la comunidad nacional.

Allí se produce la confiscación. El gobernante deja de responder ante los ciudadanos porque presume hablar desde una identidad superior a ellos. Su permanencia se presenta como condición de existencia de la patria. Su derrota sería la derrota del pueblo. Su responsabilidad se disuelve en la grandeza de una causa que nunca termina de realizarse. Llamo fetiche a esa inversión, puesto que se sacraliza una representación colectiva, mientras se desatienden las condiciones de vida de quienes deberían darle contenido.

La comparación entre populismo, fascismo y comunismo nos exige rigor. No son categorías intercambiables. El fascismo posee una especificidad doctrinaria que Roger Griffin sitúa en el mito del renacimiento nacional y el ultranacionalismo; el populismo puede combinarse con ideologías diferentes. Es un mutante descardo. Confundirlos impide comprenderlos. Pero distinguirlos no obliga a ignorar una pregunta común: ¿Qué ocurre cuando una organización pretende que la nación, la clase o el pueblo solo pueden expresarse por su intermedio?

Ocurre que las personas concretas pierden el derecho de desmentir a la abstracción. Es cuando insurge la figura del pueblo sparring. El pueblo así construido funciona como un sparring de la historia. Recibe los golpes para que otro conserve el protagonismo. Si disminuye su capacidad de compra, debe resistir. Si colapsan los servicios, debe comprender. Si protesta, no ha comprendido suficientemente. Si emigra, su partida encuentra acomodo en alguna explicación que exonera al poder. Nunca llega el momento en que el sacrificio acumulado autorice una rendición de cuentas.

La circularidad es perfecta. El gobierno representa al pueblo; quien cuestiona al gobierno agrede al pueblo; quien agrede al pueblo pierde legitimidad para cuestionarlo. La conclusión está protegida contra cualquier experiencia que pudiera refutarla. Ernesto Laclau explicó cómo demandas diversas pueden articularse alrededor de un significante común. «El pueblo» no tiene que designar una realidad homogénea previamente existente, puede ser una construcción política que reúne aspiraciones distintas. Esa observación ayuda a comprender la eficacia del lenguaje populista. No justifica que quien articula esas demandas adquiera el derecho perpetuo de interpretarlas.

La construcción de una identidad colectiva puede abrir un espacio de participación. Su monopolización puede clausurarlo. Por eso sería un error describir al pueblo real como una masa sin conciencia. La dominación no necesita vaciar todas las conciencias. Le basta, muchas veces, con elevar el costo de expresarlas. Más de mil presos políticos son una buena excusa, así como un hostil y violento clima represivo, que es capaz de vulnerar toda noción de DDHH y libertades civicas.

La dominación no necesita vaciar todas las conciencias. Le basta, muchas veces, con elevar el costo de expresarlas. En Venezuela, ese costo tiene una contabilidad: al 16 de noviembre de 2026, Foro Penal registraba 319 presos políticos, 170 de ellos sin condena, y más de 11.470 personas sometidas a medidas que la organización denuncia como restricciones arbitrarias de su libertad. El mismo registro contabilizaba 19.258 detenciones políticas desde 2014. No son cifras intercambiables: unas describen el encarcelamiento presente; otras, la extensión de la vigilancia judicial y la experiencia acumulada de la persecución. Juntas permiten entender por qué el silencio no puede leerse automáticamente como consentimiento.

La amenaza, además, no se limita a la cárcel. La misión de Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 25 muertes durante las protestas del 29 y 30 de julio de 2024 y encontró participación de cuerpos de seguridad estatales en al menos 12 de esos casos. También informó de la detención de 220 menores de entre 13 y 17 años en el contexto represivo investigado, con denuncias documentadas de incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Estos datos corresponden a aquel período, no al número de adolescentes actualmente encarcelados. Su importancia radica en mostrar hasta dónde pudo extenderse el castigo.

Ese es el mecanismo político del miedo: no hace falta encarcelar a todos para que muchos incorporen la cárcel a sus cálculos. La sanción aplicada a uno puede convertirse en advertencia para su familia, sus compañeros de trabajo y su comunidad. Entonces, antes de hablar, el ciudadano no se pregunta únicamente si tiene razón; se pregunta qué puede perder por decirla. La autocensura comienza donde el ejercicio de un derecho se transforma en una apuesta sobre la propia seguridad.

Por eso, la ausencia de protesta no certifica satisfacción, como la exhibición pública de lealtad no demuestra por sí sola una convicción íntima. Entre el apoyo y el rechazo existe un territorio que la propaganda prefiere borrar: el de quienes dependen, temen, callan o esperan. Confundir esa conducta con adhesión permite al poder presentar como legitimidad lo que también puede ser un efecto de la intimidación.

Una sociedad no alcanza una calidad de vida aceptable porque sus autoridades anuncien que es feliz. Tampoco porque mejore una variable económica mientras se deterioran las condiciones que permiten aprovecharla. Amartya Sen propone evaluar el desarrollo por las libertades reales de las personas. Qué pueden hacer, qué pueden elegir, qué posibilidades tienen de conducir sus vidas. Martha Nussbaum incluye entre las capacidades centrales la salud, la integridad corporal, el pensamiento, la participación, los vínculos y la recreación. La vida digna exige más que subsistir.

Exige agua que llegue, electricidad que permanezca, atención médica que no dependa de una colecta y educación que abra posibilidades. Exige seguridad frente al delincuente y frente al funcionario arbitrario. Exige información para juzgar y libertad para discrepar. Exige un ingreso que no convierta cada compra en una renuncia y una protección social que no humille al beneficiario.

También exige tiempo propio. El ocio creador no es una frivolidad de sociedades satisfechas. Es la posibilidad de leer sin urgencia, conversar sin miedo, aprender algo que no produzca un ingreso inmediato, acompañar a los hijos, contemplar, descansar. Una vida absorbida enteramente por resolver la próxima necesidad puede prolongarse, pero dispone de poco espacio para ser elegida.

El contraste venezolano es suficientemente severo sin necesidad de exagerarlo. La ENCOVI 2025 situó la pobreza monetaria en 68,5% de los hogares y la pobreza extrema en 31,7%. También registró una reducción de la pobreza respecto del año anterior. Reconocer esa mejoría es una obligación intelectual; advertir que más de dos tercios de los hogares seguían siendo pobres es una obligación política.

En los servicios, la distancia entre infraestructura y bienestar resulta elocuente: solo 10% de los hogares declaró no experimentar interrupciones eléctricas y 39% reportó cortes diarios de varias horas. Tener una conexión no equivale a disponer de un servicio. El cable no ilumina por decreto, como la tubería no satisface la sed por figurar en una estadística de cobertura. La pregunta no es si el poder conserva palabras para describir el bienestar. La pregunta es si la sociedad conserva condiciones para experimentarlo.

La aritmética de la desprotección

Una publicación que atribuye sus cifras a Cedice situó en 990,90 dólares la canasta básica mensual de un hogar de tres personas en octubre de 2026. Conviene precisar el alcance. Se trata de una referencia familiar, no de una canasta individual, y el dato requiere cotejo con el boletín original para confirmar íntegramente su metodología.

Aceptando esa referencia, y utilizando el cambio reportado para el 19 de noviembre -917,77 bolívares por dólar-, harían falta aproximadamente 6.996 salarios mínimos de 130 bolívares para alcanzar ese costo. Para una canasta de 1.000 dólares serían unos 7.060. La estimación de 6.763 y 6.825 salarios, respectivamente, corresponde a un tipo de cambio menor, cercano a 887,30 bolívares por dólar. La fecha de conversión cambia el resultado, no la naturaleza de la desproporción.

Esta comparación no autoriza a afirmar que todos los hogares viven exclusivamente del salario mínimo legal. Existen otros ingresos, bonos, remesas y apoyos familiares. Tampoco permite equiparar sin advertencia una pensión individual y el consumo de tres personas. Pero esas precisiones no rescatan la suficiencia de la prestación. Impiden exagerar el diagnóstico y, precisamente por ello, lo hacen más resistente.

¿Puede llamarse feliz a ese pueblo? La felicidad subjetiva requeriría una medición propia. Las personas pueden encontrar afectos, sentido y alegría incluso bajo condiciones profundamente adversas. Lo inadmisible es apropiarse de esa capacidad humana de sobreponerse para absolver a quienes deben garantizar derechos. La resiliencia del ciudadano no es un certificado de buena gestión.

Los símbolos que administran la distancia. ¿Cómo conviven una realidad tan precaria y una representación tan triunfal?

No solo mediante afirmaciones. También mediante imágenes, rituales y dependencias. Los ojos de Chávez, reproducidos en muros y viviendas públicas, vincularon visualmente la presencia del Estado con la permanencia del líder. El Carnet de la Patria y los CLAP han sido examinados como mecanismos en los que la asistencia puede entrelazarse con relaciones de dependencia y control político. No toda ayuda es clientelismo; el problema aparece cuando el acceso a un derecho queda expuesto a la discrecionalidad de intermediarios políticos.

La misión de Naciones Unidas sobre Venezuela ha documentado, además, cómo el control local de servicios y programas sociales por colectivos puede servir para premiar lealtades y castigar críticas. La frontera entre protección y subordinación deja entonces de ser una hipótesis abstracta. El mensaje resultante es devastador: aquello que debería recibirse por derecho puede experimentarse como una concesión que conviene no poner en riesgo.

El pueblo mitológico recibe homenajes. El ciudadano real aprende a calcular consecuenciasy la obediencia no es consentimiento. Preguntarse por qué ese relato conserva seguidores es necesario. Responder que sus seguidores son ignorantes sería intelectualmente pobre y políticamente contraproducente. Hay adhesión auténtica, memoria afectiva, intereses materiales y convicciones. Pero también hay dependencia, temor, resignación y desconfianza hacia las alternativas. Ddebo decirlo no son fenómenos equivalentes.

Timur Kuran estudió la falsificación de preferencias: la distancia entre lo que las personas creen privadamente y lo que expresan bajo presión. Lisa Wedeen mostró cómo los rituales autoritarios pueden funcionar incluso cuando se participa en ellos «como si» se creyera. La exhibición de lealtad no necesita probar convicción; puede probar que el poder conserva capacidad para exigirla. De allí una cautela indispensable: ni toda adhesión es fingida ni toda obediencia es adhesión.

La pobreza tampoco produce automáticamente rebeldía. Puede aumentar la importancia de una ayuda insuficiente y, con ella, el temor a perderla. Quien organiza su supervivencia alrededor de recursos escasos no toma decisiones en las mismas condiciones que quien puede prescindir de ellos. Una política democrática que aspire a reconstruir ciudadanía debe comprender esa vulnerabilidad, no humillarla.

Lo urgente es salir del mito sin fabricar otro. Las experiencias de Chile y Polonia ofrecen lecciones, no recetas. En Chile, la articulación opositora convirtió una diversidad de fuerzas en una mayoría verificable: el «No» obtuvo aproximadamente 54,7% en el plebiscito de 1988 y abrió el camino a la transición. En Polonia, la organización social de Solidaridad y la negociación de 1989 permitieron transformar una fuerza opositora en un actor decisivo de la apertura institucional. Ninguno de esos procesos demuestra que baste con votar o negociar. Ambos muestran la importancia de organizar, coordinar y construir mecanismos que sobrevivan al entusiasmo.

Venezuela necesita esa distinción entre cambio de personas y transformación de estructuras. La misión de Naciones Unidas reconoció aperturas parciales durante 2026, incluidas liberaciones y una reducción de las detenciones prolongadas por motivos políticos, pero advirtió que el aparato represivo permanecía esencialmente intacto. Una apertura sin reformas puede ser reversible. La tarea democrática no consiste, por tanto, en encontrar a otro intérprete infalible del pueblo. Consiste en hacer innecesaria la infalibilidad.

Supone asociaciones autónomas, partidos que admitan diferencias, justicia independiente, estadísticas públicas, protección social sin discriminación y servicios evaluados por sus resultados. Supone medir cuántas horas llega el agua, cuánto tarda una consulta, qué aprende un estudiante y cuánto protege una pensión. Supone que una denuncia no sea una traición y que una elección pueda producir una alternancia.

Sobre todo, supone reconocer que el pueblo no pierde su dignidad cuando discrepa. La ejerce.

La democracia comienza a recuperarse cuando la palabra pueblo deja de servir para cancelar la voz de las personas. Cuando nadie tiene que agradecer la devolución parcial de un derecho. Cuando la resistencia deja de ser una obligación administrada desde arriba y vuelve a existir la posibilidad de una vida que no necesite llamarse heroica para resultar soportable.

Porque la responsabilidad de un gobierno no es conservar eternamente un pueblo dispuesto al sacrificio. Es construir las condiciones para que ese sacrificio deje de ser necesario.

Alfredo Álvarez /CNP 5289


Por The El News EL NEWS DE VENEZUELA

El News de Venezuela: Periodismo independiente - afiliado a la Sociedad Interamericana de Prensa Dirigido por el Licenciado Enrique López: “Hacer periodismo profesional e independiente tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más” Lcdo. Enrique López Ceo - Director y Editor El News de Venezuela enriquelopezalfo@gmail.com

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