El gobierno de Estados Unidos denunció que varios ciudadanos liberados de Venezuela fueron sometidos a torturas y condiciones extremas durante su detención, calificaciones que fueron rechazadas por líderes venezolanos como Diosdado Cabello, quien afirmó que los excarcelados negaron haber recibido malos tratos y que esas declaraciones están documentadas.

En el intercambio, Venezuela recibió a 252 venezolanos que permanecían presos en El Salvador desde marzo, mientras que Estados Unidos logró la liberación de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Marco Rubio atribuyó el éxito del acuerdo al liderazgo de Donald Trump y agradeció al presidente salvadoreño Nayib Bukele por su colaboración.

Tres de los 10 estadounidenses que en 2023 fueron liberados en Venezuela para el canje de prisioneros que puso en libertad a Alex Saab, presentaron una demanda ante la corte de Miami arguyendo que los mantuvo cautivos en “condiciones indescriptiblemente duras”.

En la demanda también acusan al Gobierno venezolano de haberlos utilizado como “fichas de cambio” por Saab, quien estaba privado de libertad en Estados Unidos, reseña El Nuevo Herald.

La demanda fue presentada por Jerrel Kenemore, Edgar José Marval y Jason Saad quienes estuvieron detenidos durante casi dos años y formaron parte de un grupo de diez estadounidenses liberados por el régimen de Maduro en diciembre de 2023.

“Maduro mantuvo cautivos a los sres. Kenemore, Marval y Saad en condiciones indescriptiblemente duras durante casi dos años, tiempo durante el cual Maduro fue responsable de su tortura a manos de su policía secreta”, se indica en el documento de la demanda al que tuvo acceso el Nuevo Herald.

Los estadounidenses también demandaron a la empresa estatal PDVSA y a varios funcionarios del gobierno como Diosdado Cabello, ministro del Interior; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Tarek William Saab, fiscal general y a Alex Saab, quien ahora es el ministro de Industria.

Los demandantes acusan a Maduro de liderar el “Cártel de los Soles”, que fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense.

Los demandantes aseguran haber sido golpeados, incluso, uno de ellos denuncia tener una fractura en la espalda producto de torturas. La esposa de uno de los expresos políticos recibió amenazas y extorsión durante el tiempo de detención de su cónyuge.

Según la demanda, la dirección reporta a Maduro, quien presuntamente autorizó e instruyó directamente a ese organismo que secuestrara y abusara de estadounidenses.

En el documento judicial se afirma que el estadounidense sufrió abuso psicológico conocido como “tortura blanca”, estuvo aislado, recibía a menudo comida en mal estado, pasaba días sin agua potable, fue privado de luz, lo obligaban a inhalar intensos vapores de gasolina y pintura.

Tras su liberación, Kenemore aún experimenta frecuentes ataques de pánico, ansiedad severa, pesadillas persistentes e insomnio crónico.

Además, tiene daños en los nervios y ligamentos de las manos y las muñecas causados ​​por estar esposado de manera prolongada y excesiva, úlceras estomacales y otras dolencias físicas persistentes relacionadas con el estrés.

Edgar Marval, otro de los excarcelados en 2023, estuvo cautivo 123 días y sufrió una fractura en su espalda.

“Durante su cautiverio, el sr. Marval estuvo a merced de uno de los secuaces más sádicos de Maduro, un oficial de la Dgcim que lo golpeó brutal y repetidamente, rompiéndole la espalda”, se indicó en la demanda.

Marval también fue torturado con descargas eléctricas, incluso en los genitales, fue sometido a tortura psicológica con constantes amenazas de la Dgcim de que si se quejaba o hacía pública su situación, le quitarían a sus hijos y no los volvería a ver.

El estadounidense fue acusado de ser un “terrorista” y, según la demanda, para respaldar el cargo la Dgcim colocó dos granadas y municiones en su casa en Venezuela.

Cuando lo detuvieron, le confiscaron el celular y lo torturaron hasta que reveló sus contraseñas y se utilizó el teléfono para retirar los ahorros de toda su vida de sus cuentas bancarias en Estados Unidos, de acuerdo con el documento judicial.

Mientras Marval estuvo detenido, agentes de la Dgcim llamaron a su esposa para extorsionarla y le contaron “algunas de las cosas que le estaban haciendo”, pidiéndole dinero para evitar que lo mataran.

Por último, Jason Saad, el tercer demandante, se mudó a Colombia en 2017, donde trabajaba tallando esmeraldas y realizando otras labores relacionadas con la creación de joyas. Tras ser víctima de la delincuencia en ese país decidió trasladarse a Venezuela.

Allí aceptó diversos trabajos, incluso en la construcción. En 2022, cuando se encontraba en un pequeño mercado donde ayudaba a limpiar, cinco agentes armados de la Dgcim, sin previo aviso, lo rodearon, gritando “¡terrorista, terrorista, terrorista!”.

Los agentes lo esposaron, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y lo ataron. Lo trasladaron a una oficina de la Dgcim en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, donde lo mantuvieron incomunicado durante ocho días, durante los cuales permaneció en un colchón, la mayor parte del tiempo atado.

La Dgcim interrogó a Saad, acusándolo de terrorista y de conspirar para ejecutar un magnicidio.

“Esas acusaciones eran falsas. De hecho, el Sr. Saad nunca había visto los artículos de periódico, las fotos, a las personas en las fotos, la embarcación ni las armas”, se asevera en la demanda.

Durante su encarcelamiento, desarrolló una erupción cutánea debido a “las duras e insalubres condiciones” en las que estuvo recluido, pero tampoco recibió tratamiento adecuado. Debido a la falta de higiene, se le infectaron dos dientes, que tuvieron que ser extraídos durante su estancia en prisión. Los demandantes exigen un juicio con jurado.

Por otro lado, Diosdado Cabello aclaró que ninguno de los liberados venezolanos tiene vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal, aunque siete enfrentan cargos por delitos graves.

Finalmente, se enfatizó que la mayoría de los excarcelados ya están reunidos con sus familias y que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia deberán responder por ellas.