El libro El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina revela cómo este grupo criminal venezolano impuso sus códigos en prisiones peruanas y multiplicó los casos de extorsión en el país.

En 2022, las cárceles del Perú reabrieron sus puertas a las visitas tras dos años de pandemia. En Lurigancho, el penal más hacinado del país, el académico y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, detectó una tensión creciente entre presos peruanos y venezolanos. La convivencia estaba marcada por un rígido código de conducta que los reclusos extranjeros traían consigo: la “rutina”.

Ese conjunto de reglas, originado en la cárcel de Tocorón (Venezuela), prohibía a los internos realizar tareas de limpieza, relacionarse con personas homosexuales o comportarse de manera considerada “femenina”. Desobedecer estas normas equivalía a una condena de muerte. En un penal construido para 2.500 personas y que hoy alberga más de 10.000, la aplicación de este modelo exacerbó conflictos y choques culturales.

La investigación de Pérez Guadalupe, junto a Lucía Nuñovero y Guillermo Coronado, quedó plasmada en el libro El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina (Universidad del Pacífico). El estudio se basó en 36 entrevistas a reos y autoridades penitenciarias y detalla cómo el modelo criminal venezolano logró expandirse a la región, con consecuencias directas en la seguridad ciudadana.

El Tren de Aragua, encabezado por Héctor “Niño” Guerrero, no solo operó desde Tocorón, sino que inspiró a otras cárceles venezolanas como Tocuyito, Puente Ayala y El Rodeo. Desde allí profesionalizó su principal actividad: la extorsión. En Perú, país que concentra la segunda mayor comunidad de migrantes venezolanos en Sudamérica, las denuncias por este delito se multiplicaron casi siete veces en seis años: de 3.220 en 2018 a 21.831 en 2024, según cifras oficiales. Durante ese mismo periodo, la población de internos venezolanos creció de 48 a más de 4.000.

El libro identifica cuatro factores que facilitaron la expansión: el ingreso de delincuentes camuflados entre migrantes, la permisividad del Estado venezolano, la violencia de criminales sin nada que perder y la debilidad de los sistemas de crimen organizado en países receptores como Chile y Perú. El resultado fue el desplazamiento de mafias locales en actividades como la trata de personas y la prostitución.

Aunque en Lurigancho los presos venezolanos terminaron integrándose y aceptando labores antes prohibidas, también se observa una mimetización que da origen a bandas binacionales. Para Pérez Guadalupe, el desafío no es contra migrantes que buscan sobrevivir, sino contra “ejércitos de mercenarios” con experiencia criminal.

La magnitud del problema contrasta con la crisis penitenciaria peruana: más de 100.000 internos frente a una capacidad para 41.000. Ante ello, el Gobierno de Dina Boluarte ha planteado la reapertura de El Frontón, un penal en desuso desde los años ochenta. Sin embargo, informes del propio INPE advierten que la medida es inviable y costosa, con capacidad para apenas 108 reclusos.

En penales como Lurigancho, internos venezolanos aplican «la rutina», un código de conducta importado desde Tocorón que incluye extorsiones y normas machistas, según investigadores.

El hacinamiento de más de 10.000 reclusos en un recinto diseñado para 2.500 agrava la violencia y los choques internos.

Expertos alertan que el Tren ha tejido alianzas con delincuentes locales y desplazado mafias en delitos como trata y prostitución, mientras el Estado peruano carece de una política penitenciaria efectiva frente a su expansión.

Para Pérez Guadalupe, el reto no solo consiste en enfrentar a estructuras criminales con alto grado de violencia y experiencia, sino también en garantizar oportunidades reales de reinserción. Sin una reforma de fondo, alertan los expertos, el Estado peruano seguirá respondiendo con medidas aisladas, como la eventual reapertura de la cárcel de El Frontón.

Aumento de extorsiones provoca protestas en Lima

La capital peruana vivió el pasado sábado 27 de septiembre una nueva jornada de protestas encabezadas por transportistas y colectivos juveniles que denunciaron el incremento de las extorsiones y la falta de respuesta del gobierno de Dina Boluarte.

Las marchas derivaron en choques con la policía cerca del Congreso, donde los manifestantes —incluida la “Generación Z”— fueron dispersados con gases lacrimógenos. Más temprano, choferes de buses bloquearon vías para exigir protección, tras el asesinato de más de una decena de conductores este año.

Entre enero y agosto se contabilizaron 18.385 denuncias de extorsión en el país, un aumento del 29,3% respecto a 2024, junto con 1.508 homicidios (12,6% más). En medio de esta crisis de seguridad, Boluarte enfrenta mínimos históricos de popularidad

Tocorón fue la prisión donde nació el Tren de Aragua, con el chantaje a internos como primer negocio, que luego diseñó una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario, que se repitió en el exterior.

La crisis migratoria venezolana fue la herramienta utilizada por la citada organización criminal para extenderse por diversos países de Suramérica, en los que creó redes y se apropió de pasos fronterizos no habilitados mediante la coacción, el chantaje y de la corrupción.

Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física.

Presuntos integrantes del Tren de Aragua detenidos durante protestas en Ecuador

El Tren de Aragua fue catalogado como una de las organizaciones extranjeras «terroristas» por el presidente de Ecuador

Dos ciudadanos venezolanos, señalados como presuntos integrantes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, se encuentran entre las más de cincuenta personas arrestadas este lunes en Ecuador durante las manifestaciones convocadas por el movimiento indígena contra el aumento del precio del diésel, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según Reimberg, los extranjeros fueron detenidos junto a otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador, tras incidentes en los que aproximadamente mil manifestantes atacaron un cuartel policial, dejando dos agentes heridos y causando daños materiales significativos, según el último reporte de la Policía.