El Panel de Expertos Independientes denuncia que la represión estatal se ha intensificado entre 2014 y 2025, con más de 18.000 detenciones arbitrarias y 16.800 ejecuciones extrajudiciales registradas.
Publicado en la Asamblea de Estados Parte de la CPI en La Haya, el reporte “Voces Silenciadas” alerta: “La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad”.
El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, advirtió de que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron la situación en Venezuela y lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad… requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, advirtió Sadofschi.
En una respuesta inmediata, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de “politizar” de “forma altisonante” la conferencia para atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del Ejecutivo venezolano.
Además, tildó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y denunció que Buenos Aires ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, incluida una adoptada el pasado 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles, lo que, aseguró, contradice compromisos regionales y la sitúa como “un falso defensor de derechos humanos”.
El choque entre ambos países marcó una de las intervenciones más tensas de la sesión, en el primer día de una semana de conferencia en la que la CPI examina tanto el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los países miembros con el tribunal, entre otras cosas, en materia de ejecución de órdenes de arresto.
The EL News/EFE