La Unión Europea renovará 12 meses las sanciones que pesan contra el Gobierno de Nicolás Maduro ante la falta de avances en la transición democrática en Venezuela.
La Unión Europea ha decidido extender por un año más el régimen de sanciones contra más de 60 funcionarios vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.
La UE decidió imponer esas sanciones a la luz de las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho” en el país latinoamericano, así como de «las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, también en relación con el desarrollo y acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Entre los sancionados se encuentran dirigentes chavistas como Delcy Rodriguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia.
Las sanciones —que incluyen congelación de activos, restricciones financieras y prohibición de viaje— seguirán aplicándose a 69 altos funcionarios chavistas, entre ellos la presidenta del Tribunal Supremo del régimen, Caryslia Rodríguez, incorporada en la última revisión.
Bruselas sostiene que estas medidas responden a: La represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Las acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho. La situación posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024, cuyos resultados siguen sin ser reconocidos por el régimen.
Además, la UE mantiene desde 2017 un embargo de armas y de equipos de represión interna, destinado a impedir el uso de estos recursos contra la población.
El bloque europeo reiteró su exigencia: Liberación inmediata de todos los presos políticos, Respeto al derecho internacional, y una transición política pacífica e inclusiva en Venezuela.
Esta medida, que será formalizada por los ministros de Exteriores en un Consejo en Bruselas, responde a la falta de avances democráticos y de derechos humanos en Venezuela. Las sanciones buscan presionar al gobierno para que implemente reformas significativas y se restablezca el orden constitucional.