Carta de 1992 de los militares golpistas pidiendo anulación de su causa por no haber independencia judicial. Familiares de los presos militares piden que se les otorguen los mismos beneficios.
Así empieza la carta
“Al pueblo de Venezuela. A la conciencia jurídica del mundo civilizado y democrático. A la juventud militar que hemos precedido en la lucha por la defensa de nuestra integridad territorial y de la dignidad nacional para Restablecer la supremacía de la Constitución. A nuestros compañeros de armas de los gloriosos ejércitos latinoamericanos. Al excelentísimo Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Juan Pablo II y a los excelentísimos representantes del cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela. A las comunidades que integran las facultades de derecho del país. A los colegios de abogados”, es dirigida la misiva de los militares del 4F.
“Los suscritos, Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela, soldados del Ejército Bolivariano que el 4 de Febrero del presente año cumplimos con el deber que nos imponen los artículos 51 y 250 de la Constitución Nacional, violada y puesta fuera de vigencia por el actual Gobierno, el más corrupto de nuestra historia republicana, hoy en las celdas de la dignidad, recluidos en la Cárcel de Yare, estado Miranda, en el Cuartel San Carlos y el Fuerte Tiuna de la ciudad de Caracas declaramos:
Finalmente dicen hablar desde “las celdas que dignifican cuartel San Carlos de Caracas sede del batallón lino de Clemente de fortuna y cárcel de San Francisco de yare en el estado Miranda a los 15 días del mes de mayo de 1992”.
Así firman Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Ronald Blanco La Cruz, Luis Valderrama Rosales, José Ángel Calatayud, José Gregorio Vielma Mora, Paúl Lugo Salas, Diosdado Cabello Rondón, Florencio Porras, Gerardo Márquez, Noel Martínez, Antonio Rojas Suárez, entre otros.
No tenían ni cuatro meses presos cuando un grupo de veinte militares, encabezados por Hugo Chávez, hicieron un fuerte reclamo por el traslado de un grupo de oficiales presos, de la intentona de Golpe de Estado del 4 de Febrero, para la Cárcel de Yare. Varios de esos militares hoy siguen en el poder, desde que Chávez conquistó la presidencia en 1999.
Observamos la abismal diferencia en cómo fueron tratados ellos y cómo tratan a los que señalan de actos subversivos contra el gobierno de turno. Y no es sólo por los privilegios que con el tiempo se han conocido que recibieron por parte de las autoridades de entonces, sino por el respeto a sus derechos humanos. Incluso, en su programa de televisión Cabello llegó a reconocer que en el cumpleaños de uno de sus hijos, su esposa ingresó una piñata al recinto carcelario y que en ella introdujo unas granadas.
Además, se les permitía escribir, leer, reunirse, discutir, recibir visitas familiares con amplias ventajas de espacio para compartir, además de las conyugales y las de amistades y periodistas. Porque también se les permitieron en esa época ser entrevistados e incluso fotografiados.
Hoy a los detenidos por causa de rebelión no solo los secuestran, por lo menos durante 30 a 45 días con el llamado “periodo de acostumbramiento”, sino que no les permiten reuniones con sus abogados antes de llevarlos al tribunal, en muchos casos les imponen defensores públicos militares que no los defienden.
Hoy también los torturan física y psicológicamente, les allanan las viviendas donde a muchos les siembran pruebas y a todos les roban dinero, joyas, computadoras, teléfonos, incluso ropa, vehículos y hasta se apropian de sus apartamentos y casas.
Pero una de las praxis más aberrantes que ha impuesto el gobierno particularmente de Nicolás Maduro es detener y amenazar a los familiares de los sospechosos de estar conspirando. Siembran el terror entre los hijos sean adolescentes, jóvenes o niños. Amenazan y atropellan a los ancianos.
En ese escenario, simultáneamente, amenazan y apresan periodistas para imponer la cesura y el miedo. Los castigos van desde prohibirles arbitrariamente las visitas, impedirles el acceso de medicamentos necesarios, incluso de comida y agua potable. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se aplican discrecionalmente medidas que van desde impedirles las visitas conyugales, suspenderles las visitas sin razón alguna durante meses, imponer medidas en la forma de vestir o en los implementos que los visitantes deben llevar al momento de ir al recinto carcelario.
Algunos jueces no dan despacho, no dan curso a las diligencias e incluso no responden a las solicitudes de los defensores. Se niegan a dejar constancia de los signos de torturas evidentes con las cuales han llegado al tribunal algunos de los imputados por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión.
Es impensable que el Ministro de la Defensa hoy en día tenga la gentileza, como ocurrió en esos episodios del 4F, de recibir a las esposas, las madres o los hijos de los detenidos por razones políticas. Mucho menos acceso a la prensa.
Juzguen ustedes si varios de lo que parecían víctimas ayer, hoy se han convertido en victimarios.
En desarrollo…