El gobierno de Estados Unidos confirmó que el tratado de extradición firmado con Venezuela en 1922 sigue vigente y que constituye la base legal para cualquier solicitud de entrega de fugitivos entre ambos países, según declaraciones de fuentes oficiales del Departamento de Estado.
Este acuerdo bilateral se considera el principal marco legal para las solicitudes de entrega de personas entre ambos países.
Aunque Venezuela no reconoce el tratado por razones internas, EE.UU. lo mantiene como válido y aplicable en casos específicos, destacando su valor jurídico internacional.
Esta postura refleja una divergencia en la interpretación del derecho internacional y los compromisos bilaterales.
Este acuerdo, que firmado en Caracas y ratificado permite la extradición de individuos por delitos graves como asesinato, secuestro, robo, fraude, malversación y falsificación.
Sin embargo, su aplicación se ve afectada por la Constitución venezolana, que prohíbe la extradición.
El tratado excluye delitos políticos y establece un principio de especialidad, garantizando que el extraditado sea juzgado únicamente por los cargos específicos que motivaron su entrega.
Además, ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios ciudadanos, lo que genera un área de debate sobre la aplicación del tratado en casos de doble nacionalidad o individuos que buscan refugio bajo la protección constitucional de su país de origen.
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