Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ha solicitado a un juez federal en Nueva York que desestime su caso por supuesto bloqueo de fondos que afectaría su defensa.
Alega que las restricciones financieras constituyen una interferencia ilegal con sus derechos legales, siguiendo la estrategia jurídica de su esposo.
Ambos enfrentan cargos federales en EE.UU. tras su captura en un operativo, lo que marca un hito en las acciones internacionales contra figuras del gobierno venezolano.
En documentos presentados ante la corte este martes, los abogados de Flores argumentan que las acciones del Gobierno estadounidense han interferido con su capacidad de defenderse en el caso, el mismo argumento que presentó Maduro en una moción similar la semana pasada.
En enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), había emitido una licencia que permitía a los abogados de la ex primera dama ilegitima de Venezuela recibir pagos del régimen venezolano para cubrir honorarios legales.
Pero el 28 de febrero, OFAC modificó la licencia y retiró la autorización que permitía esos pagos, según los abogados.
La defensa sostiene que esa decisión dejó a Flores sin forma de pagar su equipo legal.
En una declaración presentada ante la corte, Flores afirmó que no tiene recursos personales para pagar a sus abogados y que hasta ahora había confiado en que el Gobierno de Venezuela continuaría cubriendo esos gastos.
También señaló que, si el tribunal lo solicita, presentará una declaración financiera para demostrar que no puede costear su representación legal por cuenta propia.
Según la defensa, esta situación viola su derecho constitucional a elegir a su propio abogado y a presentar una defensa adecuada, por lo que piden que el tribunal desestime la acusación en su contra.
Como alternativa, si el juez decide no desestimar los cargos, el abogado de Flores, Mark Donnelly, solicitó permiso para retirarse del caso, abriendo la puerta a que el tribunal designe un abogado financiado por el Gobierno estadounidense.
Flores y Maduro enfrentan cargos federales en Nueva York relacionados con conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, entre otros delitos vinculados al tráfico de drogas.
Ambos se declararon inocentes durante su comparecencia inicial ante la corte. La estrategia legal de Maduro La petición de Cilia Flores sigue una moción similar presentada el 26 de febrero por los abogados de Maduro, quienes también pidieron al juez que desestime el caso alegando interferencia del Gobierno de Estados Unidos.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentó que OFAC primero aprobó una licencia para permitir que el Gobierno venezolano financiara su defensa, pero que esa autorización fue revocada poco después, lo que, según la defensa, le impide pagar a sus abogados.
En su propia declaración ante la corte, Maduro afirmó que no tiene recursos personales para pagar su defensa y que, según las leyes y prácticas de Venezuela, el Gobierno venezolano debería cubrir esos costos.
También señaló que Pollack es el abogado de su elección y que desea continuar siendo representado por él. Pollack advierte que, si el tribunal no desestima la acusación y las restricciones financieras continúan, podría verse obligado a retirarse de la defensa.
El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, deberá decidir si permite que Flores se una a la moción de su esposo y si procede o no la solicitud para desestimar los cargos.
Maduro y su esposa tienen previsto volver a comparecer ante el tribunal el 17 de marzo para la próxima audiencia del caso.
Esta movida resalta el uso de argumentos de derecho procesal para cuestionar la validez de los procedimientos judiciales.