YA BASTA que los principales promotores de la persecución y la criminalización se postulen y sean parte de «comisiones de Paz», «defensorías del pueblo» e instancias de «convivencia» y «reconciliación».
La recomposición cínica en marcha es una burla al pueblo venezolano. En el contexto de la persecución y criminalización en Venezuela, se han documentado numerosos casos de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones.
Según el informe del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), desde 2021 hasta marzo de 2024, se han registrado 2.098 casos de persecución y criminalización, incluyendo violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia.
La ONG ha señalado que estos actos son parte de un sistema represivo sofisticado que ha evolucionado con el tiempo, reflejando una visión clara de la situación en el país.
Además, se ha documentado un aumento en las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, lo que ha llevado a un llamado a los organismos internacionales para fortalecer su monitoreo sobre los abusos cometidos por el Estado venezolano.
Por su parte, en el informe de la Misión de la ONU, se destaca que el Estado venezolano, ha profundizado una política de persecución, intimidación y criminalización, utilizando mecanismos represivos sofisticados.
El informe de la Misión de la ONU revela una intensificación de la represión estatal en Venezuela, con el uso sistemático de mecanismos sofisticados para perseguir, intimidar y criminalizar a opositores.
A pesar de cambios políticos recientes, como la detención del expresidente Nicolás Maduro, la maquinaria represiva sigue activa.
La Misión continúa su trabajo para documentar violaciones a derechos humanos y presentará conclusiones detalladas en las próximas semanas.
Sorprende que quienes impulsan estas acciones se presenten como defensores de derechos humanos en instancias como comisiones de paz o defensorías del pueblo, lo que sugiere un uso instrumental de instituciones para legitimar el control y silenciar críticas.
Esta contradicción evidencia una estrategia de deslegitimación de la oposición bajo el discurso de la paz y la protección ciudadana.