El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó este jueves a la fiscal general Pam Bondi, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y su desempeño al frente del Departamento de Justicia.
Según versiones cercanas a la Casa Blanca, la decisión estuvo motivada por la insatisfacción del mandatario con el liderazgo de Bondi, especialmente por lo que considera una falta de contundencia en acciones judiciales contra figuras que percibe como adversarias, así como por su manejo de los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.
La salida de Bondi se produce apenas semanas después del cese de Kristi Noem, quien se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional, evidenciando una reconfiguración en el equipo de gobierno.
No hay evidencia de que Donald Trump haya destituido a la fiscal general Pamela Bondi por las acusaciones contra Nicolás Maduro.
Las imputaciones, presentadas en enero de 2026 por el Departamento de Justicia bajo su liderazgo, fueron públicamente confirmadas por Bondi, quien acusó a Maduro y su círculo íntimo de narcoterrorismo.
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidosreactivó una de las causas judiciales más graves iniciadas contra un jefe de Estado en ejercicio. La acusación, tramitada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue ratificada públicamente por Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, quien detalló los cargos que pesan sobre el mandatario venezolano.
Según explicó Bondi en sus redes sociales, el expediente judicial incluye una extensa nómina de delitos federales vinculados al narcotráfico internacional, el narcoterrorismo y el uso de armas de guerra.
De acuerdo al documento oficial, Maduro es señalado como uno de los principales líderes del llamado “Cartel de los Soles”, una presunta organización criminal integrada por altos funcionarios del Estado venezolano que habría operado durante años con el objetivo de introducir grandes cargamentos de cocaína en territorio estadounidense.
Trump ya no era presidente en ese momento (su mandato finalizó en 2025), por lo que no tuvo autoridad para destituirla.
La acción fue parte de una estrategia legal posterior al cambio de gobierno.