En las últimas semanas, la opinión pública ha sido sacudida por la difusión de crudos casos de secuestro que apuntan a una modalidad delictiva cada vez más violenta y organizada en la Región Metropolitana, encendiendo las alarmas sobre la seguridad de los ciudadanos extranjeros en el país.
Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en la comuna de Santiago Centro, donde un ciudadano venezolano fue interceptado y mantenido en cautiverio durante una semana. Sus captores, en un despliegue de crueldad extrema, utilizaron una sierra eléctrica para amenazar a la víctima mientras grababan videos que luego enviaban a sus familiares en Venezuela.
El reporte más reciente involucra a un comerciante venezolano de 34 años, quien fue abordado el pasado 11 de marzo afuera de su domicilio en la comuna de Estación Central.
La Bipe Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura de una banda de cuatro sujetos, también de nacionalidad venezolana, implicados en este secuestro extorsivo.
El subprefecto Hassel Barrientos detalló que la víctima, quien resultó ser un ex-efectivo policial en Venezuela, fue trasladada bajo amenazas a una vivienda en Lo Espejo.
Allí, los delincuentes exigieron 60 millones de pesos a su pareja a cambio de no atentar contra su vida.
Gracias a la colaboración de la víctima y la rápida acción policial, los captores fueron detenidos y se les incautaron municiones y cascos de motocicleta utilizados para ocultar sus identidades.
A pesar de los éxitos puntuales de la PDI, el sentimiento de desamparo crece. Decenas de emprendedores y pequeños empresarios venezolanos denuncian haber recibido llamadas extorsivas de sujetos que aseguran pertenecer a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua.
“El miedo es constante. Muchos emprendedores prefieren cerrar sus negocios antes que pagar vacunas o arriesgarse a ser llevados a una casa de tortura”, señalan miembros de la comunidad bajo anonimato.
La situación se agrava ante las quejas de las víctimas sobre el trato displicente que reciben en algunas instancias policiales al momento de consignar las denuncias.
La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades del Gobierno de Chile y a la alta dirección de Carabineros y la PDI para que se implementen mecanismos de protección más efectivos y se erradiquen estas bandas que no solo amenazan la vida, sino la estabilidad económica y social de la región.
En desarrollo…