La ONG Foro Penal instó a las autoridades a eliminar la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, las cuales están dentro de la actuación represiva en el país.
La ONG Foro Penal, junto con múltiples organizaciones de derechos humanos, insta a las autoridades a derogar la Ley contra el Odio (2017) y la Ley Simón Bolívar debido a su impacto negativo en las libertades de expresión y asociación, dijo el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.
Por ejemplo, la reciente Ley de Amnistía ha contribuido a levantar restricciones judiciales contra miles de personas en Venezuela, aunque aseguró que su efecto sobre la liberación de presos políticos ha sido “parcial” y todavía insuficiente.
Romero explicó que de los más de 760 presos políticos excarcelados que la organización ha documentado desde el 8 de enero, solo 180 casos habrían sido resueltos directamente mediante la aplicación de esa normativa, mientras que el resto obtuvo medidas a través de otros mecanismos legales o decisiones judiciales.
Romero sostuvo que la amnistía no puede evaluarse como un fracaso absoluto ni como la única vía para recuperar libertades. “La amnistía no ha sido ni el todo ni el nada”, señaló al referirse al alcance real del instrumento legal.
El abogado insistió en que la libertad no debe limitarse únicamente a salir de prisión, sino que debe incluir el pleno ejercicio de derechos fundamentales, como la libre expresión, la participación política y la posibilidad de transitar sin temor.
Además, pidió la derogación de leyes como la Ley contra el Odio y la llamada Ley Simón Bolívar, al considerar que ambas continúan siendo utilizadas para restringir derechos civiles y políticos en el país.
Romero también señaló que la nueva Defensoría del Pueblo podría desempeñar un papel determinante si asume la revisión de casos pendientes y garantiza el respeto al debido proceso para quienes aún permanecen detenidos.
En semanas recientes, Foro Penal ha advertido que la aplicación de la ley no ha acelerado todas las liberaciones y que aún persisten centenares de detenidos por razones políticas en el país.
Estas leyes, consideradas restrictivas, podrían ser utilizadas para silenciar críticas y perseguir activistas.
Su eliminación se presenta como un paso clave para la reconciliación nacional y la protección efectiva de los derechos fundamentales.