Transparencia Venezuela exige la derogación de nueve leyes aprobadas entre 2014 y 2024 que, según el informe, han sido utilizadas para restringir derechos humanos y perseguir a la disidencia. Estas normas, criticadas por carecer de contenido proteccionista efectivo, se superponen con otros marcos legales ya existentes. Su eliminación sería un paso clave para fortalecer la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales en el país.
La ONG Transparencia Venezuela publicó un informe en el que exige la derogación de nueve leyes aprobadas entre 2014 y 2024 que «han permitido la consolidación de mecanismos represivos, reducen el espacio cívico, limitan el trabajo humanitario, restringen libertades fundamentales, concentran poder en el Ejecutivo, legalizan la opacidad en la gestión pública, debilitan el Estado de derecho, dificultan la recuperación económica y mantienen un alto riesgo de corrupción con gran impacto negativo en la vida de la gente».
El documento, titulado «Necesidad de derogar marco normativo restrictivo en Venezuela», sostiene que estas leyes carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales y son incompatibles con una democracia plural. El informe advierte que el uso de conceptos vagos como «odio», «seguridad nacional», «bloqueo» o «fascismo» facilita la penalización de la disidencia y la labor de la sociedad civil.
La Ley Bolívar, que castiga con hasta 30 años de cárcel e inhabilitación de hasta 60 años para cargos públicos a quienes promuevan, apoyen o participen en la adopción de sanciones contra el régimen venezolano. También permite la extinción de dominio de los bienes de los señalados.
La Ley Antibloqueo, que autoriza al Ejecutivo a clasificar como reservada información sobre contratos y operaciones económicas, permite celebrar acuerdos con empresas sin divulgar sus condiciones y elimina el control parlamentario y fiscal. También fue aprobada por la ANC.
El Régimen de Control Cambiario, vigente desde 2003, que ha generado distorsiones económicas, impedido el libre acceso a divisas y facilitado esquemas de corrupción que han ocasionado daños patrimoniales multimillonarios.
El informe argumenta que la derogación de estas normas es jurídicamente viable, no crea vacíos legales y es indispensable para restaurar la separación de poderes, garantizar libertades individuales y cívicas, reabrir el espacio democrático, fortalecer el Estado de derecho, incentivar la inversión y armonizar la legislación venezolana con los estándares democráticos internacionales. Varias de estas leyes contradicen recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la ONU, la OCDE, el GAFI y la Convención de Palermo.
Transparencia Venezuela concluye que «la derogación de estas normas es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible e íntegra de Venezuela» y que debe ser una Asamblea Nacional elegida en un proceso libre con plenas garantías la que se ocupe de crear y reformar las leyes que el país necesita.